La actual campaña de la fresa podría ser la peor de los últimos años en lo que se refiere a precios en origen y rentabilidad para los agricultores, según denuncia la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en un comunicado. Los freseros están cobrando unos 0,30 céntimos de euro por kilogramo, cuando los costes de producción ascienden a 0,90; tal y como detallan los agricultores, quienes prevén unas pérdidas de entre 9.000 y 15.000 euros por hectárea si la tendencia a la baja de los precios no cambia.

La situación descrita no es ni insólita ni exclusiva de las fresas. Hace años que los agricultores y los ganaderos, que forman el eslabón más débil de la cadena alimentaria, denuncian unas prácticas comerciales abusivas por parte de la gran distribución que, en la mayoría de ocasiones, les impone unos precios demasiados bajos.

El sector agroalimentario representa el 8,7% del Producto Interior Bruto (PIB) español, si se suman la producción, la industrialización, la distribución y el transporte. Y la industria agroalimentaria supone el 18,1% de las ventas industriales en España. Es un sector importante en la economía sobre todo por su contribución a las exportaciones.

Los productores tienen poca capacidad para fijar las condiciones contractuales

España exporta una cuarta parte de su producción agroalimentaria, lo que supuso en 2013 un total de 38.000 millones de euros, un 3,9% más que el año anterior, con un saldo positivo de 7.841 millones de euros, un 36,2% superior al de 2012.

El sector se caracteriza por una atomización por el lado de la oferta y una concentración en la distribución, lo que convierte la cadena alimentaria en un embudo compuesto por un millón de productores, unas 30.000 industrias y sólo cinco grandes empresas distribuidoras.

La asimetría actual en los procesos de negociación ha sido consecuencia de la enorme transformación de la distribución en las últimas décadas. El predominio de los supermercados e hipermercados y el importante incremento del peso de las marcas blancas dejan poca capacidad de maniobra a los productores de los alimentos para fijar las condiciones contractuales. El distribuidor controla el lineal y sus marcas blancas disfrutan de la mejor ubicación en los establecimientos.

Con el objetivo de intentar equilibrar la balanza entre productores y gran distribución, el Gobierno elaboró el pasado año la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 3 de enero de 2014. La normativa también se extiende a las transacciones de animales vivos, pienso y materias primas destinadas a la alimentación animal.

La regulación recoge ideas del Libro Verde de la Comisión Europea sobre prácticas comerciales desleales publicado en 2003 y es pionera, con lo que podría convertirse en un referente legislativo. Busca el equilibrio y vertebración de la cadena alimentaria, la transparencia en la formación de precios, el respeto a la libre competencia del mercado y evitar prácticas abusivas y desleales como el delisting, o retirada del lineal de productos de marca por parte de los distribuidores, y la copia de los artículos innovadores.

Los mecanismos de la norma

Incluye dos aspectos especialmente novedosos: la autorregulación voluntaria, que se centra en el establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, y contempla sanciones que van desde los 3.000 hasta el millón de euros.

Además, impone los contratos escritos entre los suministradores y los compradores si se realizan transacciones comerciales, continuadas o periódicas, de más de 2.500 euros o si una de las partes es productor primario. Si el pago se realiza al contado, no es necesario formalizar un contrato, si bien las dos partes deben identificarse como operadores y documentar dichas relaciones comerciales mediante la correspondiente factura.

En los contratos debe constar el precio y los posibles descuentos aplicables. “La obligación de formalizar contratos dota de transparencia y seguridad a las transacciones comerciales y evita las ventas sin precio, una práctica abusiva, perniciosa y causante de los bajos precios en origen”, explican desde la asociación Cooperativas Agroalimentarias.

El Gobierno persigue la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria

Cuatro meses después de la puesta en marcha de la ley, el Observatorio de la Cadena Alimentaria, un organismo encargado del seguimiento del precio de los alimentos que, además, fomenta las buenas prácticas y actúa como mediador en los conflictos comerciales entre los diferentes actores de la cadena alimentaria, ya está operativo.

Se ha constituido también la Agencia de Información y Control Alimentarios, que modifica a la Agencia para el Aceite de Oliva, cuya principal función es hacer cumplir la ley mediante controles basados sobre todo en las denuncias de los propios agentes del sector. La normativa ha satisfecho a priori las demandas de agricultores, ganaderos e industria, pero ahora debe demostrar si los mecanismos que plantea son suficientes y eficaces.

Otra novedad legislativa que cabe destacar en el sector agroalimentario español es la Ley de fomento de la integración cooperativa y otras entidades asociativas agroalimentarias, con la que se pretende fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena agroalimentaria mediante la fusión e integración de entidades asociativas.

“Ambas normas supondrán un impulso de calado para el sector, al reforzar su competitividad, mejorar el equilibrio en las relaciones comerciales y fomentar un modelo cooperativo empresarial con dimensión relevante para producir y comercializar a escala global”, auguró en la presentación de las leyes el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.