El Censo del Lobo Ibérico y el Observatorio de Sostenibilidad estiman que entre 500 y 650 lobos murieron en España en 2017 por causas no naturales, entre las que se incluyen la caza furtiva, los cupos de la propia administración, los atropellos, envenenamientos u otras técnicas.
Esta es una de las conclusiones del informe Por la convivencia del hombre y los grandes depredadores: estado de conservación del lobo en España. Aproximación a la mortalidad no natural 2017, documento a escala nacional en el que se realiza una primera aproximación al estado de conservación y gestión de la especie y que supone una primera estimación de la mortalidad no natural del lobo durante el año pasado.
El documento revela que este número de bajas anuales es probablemente muy cercano a la tasa de reclutamiento de la especie, es decir, al número de individuos que se incorporarían anualmente a la población. Por lo tanto, concluye que el lobo ibérico no se hallaría "en expansión", sino que "se vería imposibilitado para recolonizar sus territorios históricos meridionales y levantinos a través del Sistema Ibérico, de donde fue extinguido por el hombre en un pasado reciente o muy reciente, como es el caso de Andalucía o Extremadura".
Existe además, según el análisis, una "falta de transparencia acusada en la gestión de la especie". Así, indica que "es muy probable que la especie siga desapareciendo de amplios territorios donde hasta hace muy poco era común, como ha sucedido desde principios de siglo", con ejemplos en Salamanca, Ávila, Guadalajara, Soria o La Rioja, donde la constante presión humana, no permite al lobo ibérico asentarse y desarrollar poblaciones maduras que son las menos conflictivas con los intereses humanos.
Contribución a la extinción del lobo ibérico
El análisis atribuye este "margen de incertidumbre" en la mortalidad del lobo a la ausencia de gestión científica, el desconocimiento de la especie y el secretismo por parte de administraciones y técnicos: presencia en territorio, tamaño de manadas, constatación de reproducción, cupos y/o controles por parte de las administraciones, inventario de lobos muertos y causa de las muertes. No obstante, el informe destaca que en años sucesivos esta evaluación mejorará en cuanto a fuentes y fiabilidad por lo que los posibles errores se verán minimizados.
Actualmente, los controles de poblaciones de lobo se realizan de una forma aleatoria e irracional, sin tener en cuenta la jerarquía de los diferentes individuos en la manada ni su sexo o edad, lo que determina una desestructuración de las manadas que implica mayor conflictividad. "De esta forma se está contribuyendo de una forma decisiva, continua y sistemática, a la extinción del lobo ibérico en España", advierte el informe.
Por ello, pide incrementar el estudio y la gestión científica del lobo ibérico, para poder determinar con exactitud el estado poblacional de la especie y más concretamente la tasa de mortalidad. "Las estimaciones actuales apuntan a que son tan elevadas estas de mortalidad que se debe proteger estrictamente al lobo ibérico en toda España", alerta. De esta manera, se favorecerían los procesos de recolonización en territorios donde ha sido recientemente extinguido, garantizando la supervivencia futura de la especie.
Asimismo, ve necesario aumentar la vigilancia y control de la especie por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, de las administraciones públicas, de los cotos de caza y asociaciones de cazadores. En concreto, apunta que en el Sur del Duero debería extremarse la protección de la especie porque ni las poblaciones ni sus hábitats están en buen estado favorable de conservación.
Según el informe, hay comunidades autónomas como Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía, donde existe una "mayoría social que demanda la presencia del lobo en los ecosistemas ibéricos", por lo que ve "muy necesario" que las administraciones públicas acaten la normativa europea y permitan que el lobo recolonice sus territorios históricos.
Del mismo modo, aboga por implementar iniciativas que permitan garantizar el flujo de especies a través de los llamados corredores biológicos seguros, como el proyecto Pan European Green Corridor (Corredor Verde Pan-Europeo), que permite interconectar desde Rumanía todos los países de la Europa Meridional hasta la zona más noroccidental de Galicia. En el mismo sentido, reclama minimizar el impacto que causan las infraestructuras lineales que fragmentan el territorio, desarrollando pasos de fauna adecuados para cada especie y entorno.