La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores, un documento que incluye un diagnóstico y establece unos objetivos concretados en seis líneas de actuación, y materializados en 37 medidas, para avanzar en la recuperación de estas especies, encargadas de la polinización del 78% de las flores silvestres y del 84% de los cultivos de la Unión Europea.
Estas poblaciones prestan un servicio ecosistémico esencial valorado, en el caso del sector agrícola español, en unos 2.400 millones de euros anuales, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por otro lado, en la reunión, presidida por la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, se ha acordado el reparto territorial de más de 20,7 millones de euros para programas vinculados con la protección del medio ambiente.
En concreto, los fondos se dirigirán a actuaciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a la gestión de residuos; la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano; la protección de especies en situación crítica; y la promoción del desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de Parques Nacionales.
La conferencia ha aprobado los criterios de reparto y la distribución de fondos sobre las actuaciones del PIMA Cambio Climático, la Política de Residuos y el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Residuos, así como la distribución de la dotación correspondiente a las actuaciones del Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el reparto de fondos en Áreas de Influencia de los Parques Nacionales.
Conservación de los polinizadores
La Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores parte de un diagnóstico de este grupo biológico esencial para la conservación de la biodiversidad, la preservación de la producción primaria y la alimentación humana. Pese a su importancia, las poblaciones de estas especies "se han reducido drásticamente en los últimos años".
A partir de este análisis, que identifica las amenazas que sufren las especies que participan en la zoopolinización, la Estrategia fija objetivos en seis áreas de acción: Conservación de especies amenazadas y sus hábitats; Promoción de hábitats favorables; Mejoras en la gestión, y reducción de los riesgos derivados de plagas, patógenos y especies invasoras; Reducción del riesgo derivado del uso de productos fitosanitarios; Apoyo a la investigación; y Acceso a la información y divulgación sobre su papel en la conservación de la biodiversidad y de actividades económicas como la agricultura
Para cumplir estos objetivos, la Estrategia detalla 37 medidas que incluyen, entre otras, la identificación y conservación de las poblaciones más amenazadas; la implementación de infraestructuras verdes para conservar especies y hábitats; o la integración, en el marco de los Programas de Desarrollo Rural, de acciones específicas relacionadas con la conservación de los hábitats de los polinizadores en el contexto de la actual Política Agrícola Común (PAC).
Además, incluye la mejora de hábitats naturales y seminaturales en entornos agrícolas a través de las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente en el contexto de la actual y la futura PAC; la promoción en apicultura de la raza autóctona Apis mellifera iberiensis para la conservación de la diversidad genética; y la promoción de sistemas que minimicen la exposición de los polinizadores a los productos fitosanitarios, evitando su dispersión y afección a franjas de vegetación no objetivo del tratamiento.
Adaptación al cambio climático en el medio urbano
Otro de los puntos de la Conferencia se centró en el reparto territorial de los fondos del Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) Cambio Climático. En total, se han distribuido 9 millones de euros dirigidos a actuaciones de adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, donde reside el 80% de la población española.
Los beneficiarios de los fondos serán entidades locales y municipios con un tamaño inferior a 100.000 habitantes. En el caso de las actuaciones para el diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones, el Plan se dirige a entidades de entre 50.000 y 100.000 habitantes.
La territorialización de los fondos aprobados se ha llevado a cabo en función de proyecciones climáticas -concretamente, de las necesidades de refrigeración en cada territorio-, del número de municipios menores de 100.000 habitantes y de la población en municipios menores de 100.000 habitantes, estableciéndose un máximo de 1 millón de euros y un mínimo de 100.000 para cada administración autonómica.
La Conferencia Sectorial también ha autorizado la distribución de 5,87 millones de euros procedentes de PIMA de Residuos y de las líneas presupuestas asignadas a la Política de Residuos.
El objetivo es promover actuaciones que permitan reducir las emisiones de GEI asociadas al sector y, por otro lado, avanzar en la consecución de los objetivos nacionales y comunitarios en esta materia. Entre ellas se encuentran iniciativas de recogida separada de biorresiduos, construcción de instalaciones de compostaje y recogida separada de aceite de cocina usado para la fabricación de biocarburante.
Ayudas para especies en situación crítica
Además, se ha acordado destinar otro millón de euros para acciones de conservación de cuatro especies declaradas "En situación crítica": 453.852 euros se dedicarán a la conservación del urogallo cantábrico -y en concreto, a su nuevo centro de cría en Castilla y León-; 252.986 euros se centrarán en trabajos de conservación del visón europeo en La Rioja; 95.200 euros irán a tareas de conservación de la cerceta pardilla dentro de la Comunitat Valenciana; y 80.000 euros irán destinados a los trabajos de conservación de la Jara de Cartagena, en Murcia.
En cuanto al reparto de fondos de Áreas de Influencia de los Parques Nacionales, cuyo presupuesto total asciende a 3 millones de euros, su objetivo es promocionar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 15 Parques Nacionales que componen la Red, formada por 169 municipios en los que viven alrededor de 1,5 millones de personas.
La Xunta sobre la Ley de Cambio Climático
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha vuelto a trasladar esta tarde la postura de la Xunta sobre la Ley de Cambio Climático para expresar la "oposición" del Gobierno gallego a que la normativa estatal modifique la duración de las condiciones en dominio público marítimo-terrestre.
La Xunta asegura que introduciendo articulado sobre la duración de las condiciones en dominio público marítimo-terrestre "se está poniendo en peligro la economía de Galicia".
Si sigue la tramitación, "se mantiene la incertidumbre y pone en riesgo a más de un centenar de empresas", considera el Gobierno gallego, que asegura que supondrá "erradicar del litoral de Galicia más de 5.000 construcciones, entre las que se encuentran más de cien de la cadena mar-industria". Además, otra de las empresas que estaría afectada es Ence, un compromiso, el de sacarla de la ría de Pontevedra, que tiene el PSOE.
A través de un comunicado, la Xunta ha insistido en que lleva denunciando "desde hace más de un año esta inseguridad jurídica que genera la reforma de la normativa", primero con la modificación del reglamento de costas y ahora con el proyecto de ley.
Ángeles Vázquez lamenta la "actitud" del Gobierno central. "Cuando parecía que el Estado iba a dar marcha atrás, aceptando retirar el reglamento de costas, meses después retomó su objetivo a escondidas echando mano de la nueva Ley de cambio climático", reprocha la conselleira, que solicitó la "retirada" del artículo 18.4 del proyecto legislativo.
Fondo área de influencia de parques naturales
En la reunión, Vázquez ha sido informada de que Galicia participará en el reparto que realizará el Ministerio para la Transición Ecológica para realizar actuaciones en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional das Illas Atlánticas.
El presupuesto total asciende a 3 millones de euros y su objetivo es promocionar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 15 Parques Nacionales que componen la Red, formada por 169 municipios en los que viven alrededor de 1,5 millones de personas.
De esta cuantía ha sido informada este lunes la conselleira de Medio Ambiente en el encuentro digital sectorial en el que ha participado el secretario de Estado de Medio del ministerio, Hugo Morán y ha estado presidida por la ministra Teresa Ribera.
Se trata de promover acciones en el conjunto de ayuntamientos que integran el área de dinamización del único parque nacional presente en la Comunidad, primando el número de hectáreas, como baremo para la distribución de recursos.
Tendidos eléctricos
Por otro lado, el orden del día del encuentro ha incluido el acuerdo para el reparto de un millón de euros dedicados a la corrección de tendidos eléctricos en Castilla y León, Galicia e Islas Canarias. Además, durante el encuentro se abordaron las ayudas para la eliminación de los tendidos eléctricos aéreos, como medida para evitar los accidentes y daños de aves. La conselleira Ángeles Vázquez votó en contra de la propuesta realizada por el Ministerio y reclamó la aplicación de otro baremo distinto a la superficie de cada comunidad para los fondos.