"España no controla sus aguas de manera efectiva, lo que compromete su capacidad para revisar las zonas vulnerables a los nitratos y evaluar la eficacia de los programas de acción, limitando así la eficacia de la legislación", afirmó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, en lo que supone el primer paso en el procedimiento de infracción, para que en el plazo de dos meses aclare la situación y ofrezca datos de las medidas que está tomando.
Si los servicios comunitarios no dieran por buenas las explicaciones de España, podrían pasar a la segunda fase del expediente, que da otros dos meses al Estado miembro para corregir el problema, periodo tras el cual la Comisión podría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).
Asimismo, la CE pidió explicaciones a las autoridades españolas por no cumplir correctamente con los requisitos de la normativa comunitaria en materia de eficiencia energética, con la que la Unión Europea quiere cumplir el objetivo de ahorrar un 20% de consumo energético en 2020 (con respecto a los niveles de 1990).
El mensaje tiene la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento sancionador, y da a España dos meses para que ofrezca información detallada sobre la situación.
Si las explicaciones no satisfacen a Bruselas, los servicios comunitarios podrían dar el paso a la segunda fase del expediente que daría otros dos meses al país para corregir el incumplimiento. Si tampoco aquí se solucionara el problema, el Ejecutivo comunitario podrá elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Más de 1.500 vertederos ilegales
Por si todo lo anterior fuera poco, la CE criticó también a las autoridades españolas por permitir que sigan abiertos más de un millar de vertederos "ilegales" en su territorio y le ha dado igualmente un plazo de dos meses para que cumpla con la normativa comunitaria en materia de gestión de residuos.
"A pesar de que la información que se ha facilitado a la Comisión está incompleta, existen pruebas generalizadas de la existencia de un gran número de vertederos ilegales, al menos 1 513, pendientes de cierre, sellado y regeneración, lo que está provocando una degradación importante del medio ambiente", ha lamentado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Por ello, y ante el incumplimiento "sistémico y prolongado" por parte de España de las obligaciones que le incumben en el marco de las reglas de la Unión Europea, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar este aviso a las autoridades.
El ultimátum tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase en un procedimiento de infracción, y supone que Bruselas da dos meses a España para que corrija el incumplimiento o, de lo contrario, los servicios comunitarios podrán elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.