La Comisión Europea ha reclamado este lunes 31 de julio revisar los permisos para las grandes instalaciones de combustión en la Unión Europea en un plazo de cuatro años para atajar la contaminación y garantizar que a mediados de 2021 estén en condiciones de cumplir los estándares más estrictos de emisiones en la UE.

En total, se deberán revisar los permisos ambientales de alrededor de 3.500 instalaciones en el conjunto de la Unión Europea, responsables del alrededor de un tercio de todos los contaminantes del aire de la industria.

La propuesta va dirigida a las grandes plantas de combustión como las centrales termoeléctricas o las calderas urbanas, con una potencia total térmica superior a los 50 megavatios y con independencia del tipo de combustible que utilizan.

Las grandes centrales de combustión emiten el 46% del dióxido de azufre (SO2), el 18% del óxido de nitrógeno (NOX), el 4% de las partículas PM10 y del 39% de las emisiones de mercurio.

Más de 400.000 muertes prematuras anuales en la UE

Más del 30% de los ciudadanos de la UE están expuestos a niveles de contaminación del aire por encima de los límites de la UE y más del 90% a niveles superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y más de 400.000 muertes prematuras anuales en la UE se deben a la contaminación aérea.

La Comisión Europea insiste en que reducir las emisiones de las grandes plantas de combustión es "determinante" para atajar la contaminación en la UE y necesitan formas "técnicamente viables y más eficaces desde el punto de vista del coste" para reducir las emisiones.

Para ello, el Ejecutivo comunitario ha adoptado este lunes las conclusiones sobre "la mejor técnica disponible" para las grandes plantas de combustión, es decir, técnicas de mayor rendimiento ambiental, económicamente viables y técnicamente probadas y desarrolladas, ha recordado, a través de un proceso "transparente y exhaustivo" en consultación durante varios años con los Veintiocho, la industria y las ONG ambientales.

Las autoridades competentes de los Estados miembro deberán fijar condiciones "apropiadas" para los derechos de emisión de las instalaciones afectadas y el Ejecutivo comunitario espera que se garantice una armonización progresiva de los requisitos ambientales exigidos al sector industrial en toda la UE.