La organización internacional Global Witness ha documentado el asesinato de, al menos, 207 personas defensoras de la Tierra y el medio ambiente en 2017 en 22 países diferentes, lo que supone casi cuatro personas por semana, convirtiéndolo "en el peor año del que se tiene registro".

Así se recoge en el informe ¿A qué precio? publicado este martes 24 de julio, que destaca que entre los asesinados se hallan líderes indígenas, activistas comunitarios y ecologistas, que han perdido la vida "al intentar proteger sus hogares y comunidades de la minería, la agroindustria y otros negocios destructivos".

El estudio de la ONG apunta que, "probablemente, el total global" de personas asesinadas "sea mucho mayor, considerando las graves limitaciones en cuanto a datos disponibles", y destaca que el asesinato es el ejemplo "más atroz de una serie de tácticas utilizadas para silenciar a las personas defensoras", incluyendo amenazas de muerte, arrestos, intimidación, ciberataques, agresión sexual y demandas judiciales.

Entre estas agresiones se incluye el asesinato de Hernán Bedoya en Colombia, quien recibió 14 disparos de un grupo paramilitar por manifestarse contra plantaciones de palma aceitera y de banano en tierras robadas a su comunidad; y la masacre del ejército en Filipinas a ocho aldeanos, quienes se opusieron a una plantación de café en su tierra.

También en 2017, según el estudio, se han documentado ataques violentos por parte de propietarios de terrenos en Brasil que, utilizando "machetes y rifles, dejaron gravemente heridos a 22 integrantes del pueblo indígena de Gamela, algunos con las manos cortadas".

Según el informe, "por primera vez, la agroindustria fue el sector más sangriento", con al menos 46 asesinatos vinculados con esta industria; mientras que los asesinatos relacionados con la minería aumentaron de 33 a 40, la tala forestal (23), la caza ilegal (23), y agua (4).

Asimismo, la investigación indica que "algunos gobiernos y empresas son cómplices de los homicidios", por lo que Global Witness ha hecho un llamamiento a la "acción urgente, si se quiere revertir la tendencia".

El mayor número de asesinados, en Brasil

Entre los hallazgos del estudio, destaca que Brasil registró la "mayor cantidad de asesinatos que cualquier otro país en la historia", con 57 homicidios en 2017; y que otras 48 personas fueron asesinadas en Filipinas, "el número más alto jamás documentado" en un país asiático; y un 71% más respecto al 2016.

El 60% de los asesinatos registrados tuvo lugar en América Latina. En Colombia fueron asesinadas 24 personas, y en México y Perú los homicidios aumentaron drásticamente, pasando de tres a 15 y de dos a ocho, respectivamente.

Por su parte, Nicaragua registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro asesinatos; mientras que en Honduras (5) hubo una "gran disminución" en los asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente.

La investigación asevera que "enfrentar a los cazadores ilegales se volvió aún más peligroso, con un récord de 23 personas asesinadas por plantarse en contra del comercio ilegal de vida silvestre, en su mayoría guardabosques en África".

En España, la organización documenta el caso de Xavier Ribes y David Iglesias Díez, dos agentes forestales asesinados en enero de 2017 en Lleida por los disparos de un cazador, sin la licencia de armas y con una de la que no era titular.

53 casos relacionados con las fuerzas de seguridad

En relación con quién está detrás de los asesinatos, Global Witness vinculó a las fuerzas de seguridad del gobierno con 53 de los homicidios del año pasado, y a actores no estatales como bandas criminales, con 90 asesinatos.

"Activistas locales están siendo asesinados, mientras los gobiernos y las empresas priorizan la obtención de ganancias rápidas sobre la vida humana. Muchos de los productos que surgen de este derramamiento de sangre pueden encontrarse en los estantes de los supermercados. Las valientes comunidades que se enfrentan a los funcionarios corruptos, a las industrias destructivas y a la devastación ambiental, son brutalmente silenciadas. Basta ya", ha reclamado Ben Leather, encargado de Campañas de Global Witness.

En este sentido, ha afirmado que "los gobiernos, las empresas y los inversionistas" tienen el deber y el poder" de apoyar y proteger a los defensores en situación de riesgo, y de "garantizar la rendición de cuentas" cuando se produzcan los ataques.

"Pero, lo que es más importante, pueden evitar que estas amenazas surjan en primer lugar, escuchando a las comunidades locales, respetando sus derechos y asegurando que las empresas operen de manera responsable", ha subrayado Leather, que añade que "a pesar de las adversidades que enfrenta, la comunidad global de personas defensoras del medio ambiente y de la Tierra no va a desaparecer; sólo se está fortaleciendo".