La Comisión Europea presentó ayer miércoles el borrador de la primera ley climática de la UE, en la que establece el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050, aunque aplaza a septiembre de este año la revisión al alza del objetivo de reducción de emisiones contaminantes al final de esta década.

El reglamento, que todavía debe ser debatido y aprobado por los estados miembros y el Parlamento Europeo, traslada a la legislación europea el compromiso de conseguir que el bloque reduzca al máximo sus emisiones de CO2 a mitad de siglo y compense las restantes. Este paso, defiende Bruselas dará certidumbre a inversores y empresas y garantizará "transparencia y rendición de cuentas".

De esta forma, una vez aprobado, la meta de "cero emisiones" en 2050 se convierte en un objetivo vinculante que tanto las instituciones de la UE como los países están obligados "colectivamente" a cumplir adoptando todas las medidas necesarias. No obstante, la ley no reparte los esfuerzos entre los distintos estados miembros.

En este contexto, el Ejecutivo comunitario se compromete a revisar al alza el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, que actualmente está en el 40%, para situarlo entre el 50% y el 55%. Sin embargo, aplaza esta modificación a septiembre, tras haber completado antes un análisis de impacto.

Bruselas hace así oídos sordos a la carta que España y otros once países hicieron pública este martes y en la que pedían a las autoridades comunitarias que esta revisión tuviera lugar lo antes posible y a más tardar en junio de este año.

En cualquier caso, la modificación del objetivo para 2030 además provocará cambios en otras normativas comunitarias, como la que fija las metas de cada Estado miembro para el final de la década, la que establece el funcionamiento del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) y las correspondientes a los objetivos de eficiencia energética y peso de las energías renovables.

Recomendaciones quinquenales

Según cálculos de la Comisión Europea, el bloque sólo reduciría un 60% sus emisiones para 2050 con las políticas vigentes, por lo que es necesario aumentar los esfuerzos para cumplir el objetivo marcado para mitad de siglo y, por tanto, con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Para ello, Bruselas revisará la trayectoria cada cinco años, a partir de 2023, con la intención de analizar la "coherencia" de las medidas adoptadas tanto a nivel europeo como nacional. Es en este contexto en el que las autoridades comunitarias podrán emitir "recomendaciones" a los estados miembros que se estén quedando atrás en sus esfuerzos.

"Los estados miembros estarán obligados a tener en cuenta estas recomendaciones o explicar su razonamiento si no las siguen", ha advertido la Comisión Europea.

En términos económicos, el ejecutivo comunitario asegura que esta transición requerirá "inversiones significativas" y por eso presentó en enero su plan de inversiones verdes, con el que pretende movilizar un billón de euros durante esta década, y el Mecanismo de Transición Justa, para apoyar a las regiones más dependientes de los combustibles fósiles.

En la actualidad, la UE destina el 2% de su PIB al sistema energético y este porcentaje tendrá que aumentar hasta el 2,8%, lo que supone inversiones adicionales de entre 175.000 y 290.000 millones al año con respecto al escenario base.

Por otro lado, la CE ha lanzado este miércoles los respectivos análisis de impacto sobre la creación de un impuesto al carbono en frontera y la futura revisión de la directiva sobre impuestos energéticos, con los que Bruselas quiere impulsar la transición climática. También ha propuesto que 2021 sea el Año Europeo del Ferrocarril, para promover una movilidad sostenible