El Defensor del Pueblo ha admitido la queja de la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) contra la Junta de Castilla y León por no haber resuelto aún la solicitud que presentó este colectivo ante la Agencia de Protección Civil, en julio de 2020, para que anulara la declaración del toro enmaromado de Benavente como "espectáculo taurino tradicional".
Antigüedad mínima de 200 años
Según ha informado el colectivo, el reglamento de 1999 de festejos taurinos populares de Castilla y León establece que un festejo "popular" puede ser declarado "tradicional" si cumple ciertos requisitos tasados, entre ellos, una antigüedad mínima de 200 años documentalmente demostrada. Así, a juicio de ANPBA, "aunque el reglamento prohíbe atar, enmaromar o ensogar a un animal, lo permite en el caso de que un festejo haya sido declarado tradicional".
Toritos enmaromados del Alba
En ese sentido, un informe, fechado en noviembre de 2001, sobre la historicidad del toro enmaromado de Benavente y de los Toritos enmaromados del Alba, como festejos diferentes que son, ha llevado a ANPBA al convencimiento de que estos festejos "podrían incumplir el requisito de antigüedad". Por ello, en julio de 2020, solicitaron a la Junta de Castilla y León que determinara su posible nulidad como "festejo tradicional", sobre la base de una presunta carencia de antigüedad de este festejo taurino.
Así las cosas, ANPBA ha explicado que "la solicitud presentada ante la Junta es de suma importancia porque, si los Toritos del Alba carecieran de la antigüedad reglamentaria, no se podría enmaromar por los cuernos con pesadas sogas a los dos becerros que cada año son víctimas de un insoportable sufrimiento en este festejo benaventano".
Víctimas de un insoportable sufrimiento
Desde el colectivo han recordado que "la respuesta de la Junta es preceptiva, por lo que, ante la tardanza en resolver y notificar a la asociación, ANPBA presentó queja formal ante el Defensor del Pueblo, la cual ha sido admitida a trámite.
Además, en su misiva, la adjunta al Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer, ha comunicado a ANPBA que "considerando que la queja reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución y en la Ley Orgánica 3/1981, se ha acordado su admisión, y teniendo en cuenta que esta institución ha de velar por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones que le hayan sido formuladas, se han iniciado actuaciones" ante la Agencia de Protección Civil, adscrita a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.