El presidente de Audi, Rupert Stadler, ha sido detenido este lunes de manera provisional por su supuesta implicación en el caso de las emisiones de vehículos diésel del grupo Volkswagen.

Según confirmó un portavoz de la multinacional alemana, las autoridades del país germano deben determinar ahora si el directivo permanece retenido, así como que debe prevalecer sobre él la presunción de inocencia.

Por su parte, la fiscalía de Múnich explicó en un comunicado que ha procedido a la detención del directivo a primera hora de la mañana cuando se encontraba en su casa de Ingolstad (Alemania) con el objetivo de evitar que este "obstruya o entorpezca" la investigación. "El sospechoso ha sido visto por un juez, quien ordenó la detención preventiva", indicó.

Un portavoz de Porsche SE, el holding que controla a Volkswagen y Audi, arfirmó que el arresto de Stadler será discutido hoy durante una reunión del consejo de vigilancia.

La fiscalía alemana incluyó la semana pasada al presidente de la firma de los cuatro aros entre los sospechosos acusados de fraude y publicidad falsa por el caso de las emisiones de vehículos diésel del grupo Volkswagen.

Además, registró el apartamento de Stadler y aseguró que está investigando a 20 sospechosos, entre los cuales también se encuentra otro miembro actual de la junta directiva de Audi. Los fiscales alemanes aseguraron que todos los sospechosos están siendo investigados por presunto fraude y publicidad falsa y por su papel en ayudar a comercializar vehículos con software ilegal en el mercado europeo.

El año pasado, el responsable de Compliance del consorcio automovilístico Volkswagen en Alemania entre 2014 y marzo de 2015, Oliver Schmidt, ya declaró su implicación en el dieselgate y fue condenado a siete años de cárcel y a pagar una multa de 400.000 dólares (339.000 euros).

Multa a Volkswagen

De su lado, el grupo Volkswagen aceptó la semana pasada el pago de una multa por importe de 1.000 millones de euros por parte de la fiscalía pública de Braunschweig (Alemania) en el contexto del caso del software que alteraba las emisiones en algunos vehículos diésel.

El importe que tendrá que abonar el grupo que preside Herbert Diess contempla el pago de una multa máxima de cinco millones de euros, según lo dispuesto en la legislación del país, así como la devolución de beneficios económicos por parte de la empresa de 995 millones de euros.

Esta sanción, según la compañía, se produce después de los resultados de la investigación llevada a cabo por la fiscalía de Braunschweig, que indicaban un incumplimiento por parte del departamento de Desarrollo de Motores de Volkswagen en su deber de control de los test de los vehículos.