Deuda, migraciones y sostenibilidad, ¿otra tríada imposible?

Hoy día, las economías y las sociedades de todo el mundo se enfrentan a tres graves problemas cuya solución precisa de visiones compartidas dado el riesgo de que la falta de coherencia derive en el agravamiento de cualquiera de ellos. Así:

• Crecen las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda externa de las economías más débiles.

• Aumentan los flujos migratorios y con ellos la importancia de las remesas de los migrantes en la financiación de las economías en desarrollo.

• Hay dudas sobre la capacidad de las economías en desarrollo para financiar las políticas relacionadas con la sostenibilidad y el cambio climático.

Algunos datos:

• Según el FMI, aunque los países de bajos ingresos mantienen unos niveles de deuda externa inferiores a otros grupos de países (entre el 75 % y el 85 % de su PIB), han visto casi triplicar la proporción de los pagos por servicio de la deuda externa respecto de sus ingresos tributarios desde el 6 % hasta el 14 % y, en algunos casos, desde el 9 % hasta el 25 %.

• Las migraciones internacionales afectan ya a 280 millones de personas (más de 300 millones si se suman los desplazados), de los que el 43 % residen en economías en desarrollo y emergentes. Las remesas se han convertido en una importante fuente de financiación exterior para las economías en desarrollo, llegando a significar lo mismo que la inversión extranjera directa y mucho más que los flujos de ayuda oficial al desarrollo.

• Las naciones se comprometieron a cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible aprobada por la ONU y los Acuerdos de París de 2015 para mantener el calentamiento global “muy por debajo” de 2 °C sobre los niveles preindustriales. Ya se habría alcanzado un incremento de 1,3 ºC.

• El FMI estima que las políticas de neutralidad de carbono pueden afectar negativamente al crecimiento global, que podría desacelerarse entre el 0,15 % y el 0,25 % entre 2022 y 2030.

• Las economías industrializadas se niegan a reconocer la deuda climática. Esto es, el valor de las externalidades (los daños) generadas por sus emisiones de dióxido de carbono, cuyos costes se imponen al planeta sin compensación alguna.

Un falso trilema

Nos encontramos así ante un posible nuevo trilema para muchos países, imposibilitados para atender simultáneamente la sostenibilidad de su deuda, la caída de la población y su capacidad de financiar políticas para la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático.

Se crean así tres posibles escenarios:

1. Los esfuerzos para la devolución de la deuda pueden precisar de políticas abiertas sobre las migraciones y remesas internacionales. ¿Sería posible atender las urgencias planteadas por el cambio climático, que a su vez acelera los movimientos migratorios?

2. Se puede optar por priorizar los problemas ambientales y controlar las migraciones, pero ¿se podrán cumplir los compromisos respecto de la deuda?

3. También se podría ampliar el endeudamiento por motivos ambientales, pero habría que favorecer –liberalizar– las migraciones internacionales para convertir las remesas en un auténtico instrumento de financiación externa.

Al igual que en la solución de otros trilemas, como el de Mundell-Fleming y Rodrik, la cooperación internacional debe imponerse para compatibilizar los objetivos, sobre todo en los ámbitos tecnológico y financiero.

Mercados verdes

En este campo ya se han puesto en marcha algunas iniciativas innovadoras. Por ejemplo, las emisiones de bonos verdes iniciadas en 2007 por el Banco Mundial o la iniciativa de bonos climáticos (CBI, por sus siglas en inglés) impulsada en 2010. También la admisión de títulos relacionados con la sostenibilidad en los mercados de capitales.

Así, se ha logrado que, a comienzos de 2024, el valor de las emisiones de bonos verdes acumuladas asciendan a 2,9 mil millones de dólares. Adicionalmente hay que incluir la creación, en 2010, del Fondo Verde para el Clima por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el objetivo de lograr 100 000 millones de dólares de recursos en 2022 o la creación, en la última COP 28 (Dubái, diciembre de 2023), de un fondo de pérdidas y daños de los países vulnerables climáticamente hablando. Sin embargo, se acumulan los retrasos en las contribuciones, lo que genera dudas sobre su eficacia.

Aunque los datos anteriores muestran la creciente preocupación tanto de los gobiernos como de los mercados financieros por los riesgos ambientales, están lejos de cubrir las necesidades a corto plazo.

En este contexto, las necesidades anuales de refinanciación de la deuda externa de las economías más débiles –estimadas por el FMI en 60 mil millones de dólares cada año, el triple que en 2020– puede ser una ocasión para el desarrollo de nuevas iniciativas, que incluso cuentan con referentes no muy lejanos en la historia. Como los bonos Brady, apoyados por el FMI en la década de los ochenta para facilitar el problema del endeudamiento internacional. La creación de unos bonos Brady verdes deberían modificar radicalmente su condicionalidad hacia el cumplimento de compromisos de la agenda ambiental.

La cuestión de la deuda

Además, la ampliación de la capacidad financiera del Banco Mundial mediante avales (anunciada en julio de 2023) puede servir para evaluar la ambición de los socios. Podría incluso plantearse la creación de una agencia especializada dentro del grupo Banco Mundial, dedicada a la conversión de la deuda externa de las economías más débiles en deuda verde.

Se facilitaría así el control de la deuda externa, se financiaría la transición hacia la sostenibilidad y se debilitarían los efectos de la pobreza y el cambio climático sobre los movimientos migratorios.

Además, se resarciría de algún modo la deuda climática que los ciudadanos de las economías más industrializadas tienen con el resto del mundo.