Greenpeace ha presentado este martes un informe en el que acusa al sistema integrado de gestión de Ecoembes –que se encarga de los residuos de los contenedores amarillo y azul– de "mentir" tanto en los datos de cifras de reciclaje como en la gestión de los residuos y a la que acusa de ser un "obstáculo" al reciclaje en España y, al mismo tiempo, pide al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que diseñe una ley de residuos ambiciosa en la que se apueste "hasta para las colillas" por el Sistema de Depósito y Devolución de Residuos (SDDR).
Durante la presentación del informe Ecoembes miente: Desmontando los engaños de la gestión de residuos de envases domésticos, el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha denunciado las "deficiencias" del actual sistema de gestión de envases en España, de la falta de transparencia y trazabilidad de los datos y que 20 años después de su implantación no pone fin a la "avalancha" de plásticos que invade el planeta.
Así, insta a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a elaborar una ley de residuos que apueste "sin ambages" para que la tasa de punto verde que se paga por gestionar sea gestionado por las administraciones públicas y se destine a implantar un SDDR y no a "falsas soluciones", de modo que sean las administraciones públicas las encargadas de reciclar en vez de Ecoembes, a la que acusa de ejercer un "monopolio inaceptable, formado por las principales marcas contaminantes".
Asimismo, reclama a la ministra una ambiciosa trasposición de la directiva de plásticos que fomente medidas reales, que elimine los envases de un solo uso del mercado y que los envases se puedan reciclar al cien por cien, e incluso que conviva el SDDR con sistemas como el puerta a puerta, "todos los sistemas de gestión que acaben con este monopolio".
Que se regule la exportación de plásticos
Por otro lado, reclama a las administraciones un mayor control a las empresas que incumplan la normativa y se regule la exportación de plásticos, investigue posibles fraudes y prácticas ilegales.
En cuanto a los ciudadanos, les pide que cambien de mentalidad contra el plástico que anega a los océanos y afecta a la salud, rechacen envases de usar y tirar, el exceso de envasado, apueste por productos a granel y consuma agua de grifo y evite los tetrabricks que son difíciles de reciclar. "En la ciudadanía está el motor del cambio", destaca.
"Nuestra esperanza es que la ciudadanía se motive más cuando haya un SDDR, porque los ciudadanos ven la avalancha de plásticos que nos está anegando", desea.
Por su parte, el responsable de residuos de Greenpeace, Julio Barea, ha denunciado que los datos de Ecoembes son "falsos" ya que frente a una tasa de reciclado de envases domésticos del 78,8 en 2018 (últimos datos disponibles de Ecoembes), afirma que apenas recupera y recicla el 25%.
Falta de control administrativo
"No damos por válidos los datos que da el Ministerio ni los de Eurostat. No son válidos. Las comunidades autónomas no tienen capacidad de tomar datos", ha manifestado Barea, al tiempo que considera que las administraciones deberían tener un órgano de control que audite y controle realmente las cifras.
Precisamente, opina que este es un momento "propicio", con la reconstrucción económica post-pandemia en clave de transición ecológica, para abordar una gestión de residuos del siglo XXI e insta a transponer la directiva de plásticos, a desarrollar la estrategia de economía circular y el anteproyecto de ley de residuos, de manera "ambiciosa".
Barea explica que el informe de Greenpeace lleva detrás una larga investigación en la que ha detectado "fallos del sistema" y concluye que los plásticos terminan en vertederos, en incineradoras o son exportados a países como Malasia, quemados o bien, abandonados en el medio ambiente.
"Las adjudicatarias de Ecoembes guardan plástico de forma irregular e ilegal, los entierran y/o exportan aprovechando las ambigüedades y huecos del sistema. Es inaceptable. La falta de control hace que algunos exportadores puedan llevar los residuos plásticos a terceros países donde la gestión de los residuos tiene estándares cuestionables", ha apostillado el responsable de residuos de Greenpeace, que culpa de esta situación a la "dejación de las administraciones central y autonómicas".
Asimismo, Barea acusa a Ecoembes de "bloquear alternativas a su deficiente gestión de envases" como por ejemplo el SDDR que "podría aplicarse incluso a las colillas de cigarrillos" y que ya se aplica a pilas, neumáticos o electrodomésticos. A su juicio, la gestión actual genera un sobrecoste que afecta a los ciudadanos.
342 incendios presuntamente fortuitos en plantas de residuos en 2020
Por otro lado, la ONG denuncia una falta de transparencia en los datos que "interesa al Ministerio" para evitar multas europeas por la deficiente gestión y respecto a los cuales estima que Ecoembes debería tener la "responsabilidad de controlar" lo que las empresas a las que adjudica los envases recuperados reciclan, exportan o incineran.
En este contexto, ha alertado sobre el "alarmante aumento de incendios presuntamente fortuitos" en plantas de reciclaje. En concreto, asegura que de las plantas que han sufrido incendios, 36 "son o han sido" adjudicatarias del SIG y de ellas, 26 han sufrido más de un incendio entre 2012 y 2016. En lo que va de año, asegura que se han producido 342 incendios en plantas de residuos, algo que califica de "más que sospechoso", por lo que pide a las autoridades que investiguen estos siniestros.
Ecoembes lamenta que Greenpeace difunda información "falsa"
El Sistema Integrado de Gestión de Ecoembes ha manifestado su preocupación por el "escaso rigor" del informe publicado este martes por Greenpeace que cuestiona las cifras del reciclaje en España porque "pone en entredicho" el valor del hábito medioambiental del reciclaje.
Así, asegura en un comunicado remitido a Europa Press, que el estudio de Greenpeace Ecoembes miente difunde "información falsa y muy alejada de la realidad en España" y que llega a contradecir incluso los datos oficiales y las fuentes nacionales e internacionales.
Para la entidad que se encarga del reciclaje de los residuos que van a los contenedores azul y amarillo, se trata de una "enorme irresponsabilidad" que conlleva un "claro riesgo" de desincentivación del hábito del reciclaje.
"Es importante que recordemos, una vez más, que toda la actividad de Ecoembes está completamente regulada y sometida al control y certificación de la administración pública, que a su vez tiene el poder de sancionar las malas praxis", garantiza.
En ese sentido, asegura que "en más de veinte años" que lleva "trabajando por el reciclaje" en España "esto no ha ocurrido en ninguna ocasión".
Incluso añade que "muy al contrario" Ecoembes siempre ha destacado ante las autoridades competentes la importancia de la transparencia, la trazabilidad y el máximo control como señas necesarias de identidad de un modelo cercano, inclusivo y responsable.
Asimismo, añade que en varias ocasiones Ecoembes ha ofrecido a Greenpeace que acceda a sus datos para que la ONG pudiera analizarlos y revisarlos en detalle pero hasta la fecha no han obtenido "ninguna respuesta por su parte".
En definitiva, lamenta que ni pueden ni deben quedarse callados ante lo que consideran un "torpe intento de devaluar este esfuerzo que realizan a diario millones de personas y miles de ayuntamientos" en España con la separación y el reciclaje de sus residuos.
En opinión de la entidad estas son "estrategias presión e influencia política basadas en la desconfianza, el ruido y la confusión social" que, sin embargo no les van a alejar de su "compromiso medioambiental" que ponen en práctica "a diario" mediante distintas propuestas y poniendo en marcha "soluciones inclusivas, reales y efectivas".
Por último, insiste en su comunicado de respuesta al informe de la ONG que Ecoembes tiene "muy clara" su meta medioambiental que no es otra que reducir la generación de residuos y reciclarlos "cada vez más y mejor" porque precisamente su terreno es el de las soluciones "colaborativas y modernas, cercanas a las necesidades de los hogares, barrios y municipios".
"La lucha medioambiental es demasiado ambiciosa y demasiado urgente como para entretenerse en ataques que responden más a intereses particulares que a un objetivo común", defiende.
Por último, añade que tiene claro que la solución a los desafíos que están ya sobre la mesa solo será posible desde la responsabilidad, el respeto, la cooperación entre las partes y el trabajo diario. "Nos mantendremos fieles a esta hoja de ruta", concluye.