La caza tiene un "profundo y negativo impacto" en el equilibrio natural, la biodiversidad, el bienestar animal y el desarrollo rural. Así lo denuncia la organización Ecologistas en Acción en su reciente informe El impacto de la caza en España en el que, a través de una revisión de 80 publicaciones científicas, técnicas y divulgativas, tira por tierra los mitos sobre los beneficios de la actividad cinegética. 

La caza es practicada en España por aproximadamente 800.000 aficionados y afecta al 80% del territorio. Hay dos modelos de gestión: uno de perfil más popular, de cotos de carácter social, y otro de carácter comercial, destinado a la explotación turística nacional e internacional. Ambos modelos, aunque más acusadamente el segundo, tienden cada día más a ser más intensivos y a transformar la caza en un mero aprovechamiento ganadero basado en la suelta de animales criados en granjas, en la aportación artificial de alimento y en la implantación de infraestructuras.

Se calcula que no menos de 25 millones de animales, pertenecientes tanto a especies cinegéticas como no cinegéticas, mueren cada año como consecuencia de dicha actividad, además de sufrir prácticas crueles: 50.000 galgos son abandonados en España cuando a sus propietarios ya no les sirven para cazar y 450.000 palomas y codornices mueren anualmente en tiro al pichón, entre otras. En esta cifra no se considera la pérdida de biodiversidad derivada de los efectos indirectos de la caza por alteraciones en los hábitats, como la fragmentación de los mismos, de las especies silvestres, incluidas las amenazadas.

En cuanto al cumplimiento de la legislación, el mundo de la caza se mantiene en "permanente rebeldía" con las directivas europeas y las leyes nacionales y autonómicas. Los ecologistas han listado más de una veintena de modalidades de caza contrarias a la normativa: el parany, el silvestrismo, las tiradas de pichón, de codorniz, de faisán o de acuáticas, el uso de plomo, la caza de especies exóticas e invasoras, el control de predadores, la caza de perdiz con reclamo, la media veda de la tórtola, la caza en los parques nacionales o en otros espacios protegidos, la caza del lobo o la caza fuera de temporada.

"En cuanto a la gestión y a esa imagen que el lobby cinegético quiere proyectar de favorecer el equilibrio ecológico, queda patente que, lejos de contribuir a ello, lo que hace la caza es exactamente a lo contrario. Con el agravante, además, de que en muchos casos los cazadores se ofrecen a solucionar, con nulo éxito, los problemas que ellos mismos crean", sentencian desde la organización ecologista. 

Así, por ejemplo, "están fomentando el incremento de las poblaciones de jabalí y de ciervo a través de sueltas y la instalación de comederos". Y añaden: "Han sido los causantes de la entrada de especies invasoras que son ajenas a nuestros ecosistemas, como el arruí o el muflón. Mediante sueltas descontroladas han contribuido y contribuyen a la contaminación genética de especies como la perdiz roja. O generan fuertes desequilibrios, favoreciendo el incremento de depredadores oportunistas, mediante las sueltas masivas de especies de caza menor".

Derechos de los no cazadores

Cuando se pone a la caza al servicio del llamado control de poblaciones, sea en la circunstancia que sea, fracasa estrepitosamente. Así ha ocurrido y ocurre con el jabalí en toda la península, con el ciervo en los parques nacionales y otros espacios naturales, con el arruí en las zonas donde está introducido y con el conejo en los lugares donde produce daño en los cultivos.

"Está en la naturaleza de las cosas que la caza y la pesca, lejos de servir a los fines de erradicación de las especies catalogadas [como exóticas e invasoras], más bien determinan su mantenimiento indefinido, cuando no la agravación, del status quo actual, dificultando, si no haciendo imposible, su erradicación, que es un objetivo inequívoco de la LPNB", señala la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en la sentencia 637/2016 que da la razón a las organizaciones ecologistas en su recurso frente al Real Decreto 630/2013 sobre Especies Exóticas Invasoras.

En cuanto a la contribución económica, el informe destaca que la caza "si genera actividad es, sobre todo, a través del dinero negro". Algo que ha reconocido el propio sector, que ha llegado a cifrar en dos tercios, sobre un total de unos 9.000 millones de euros, el volumen de negocio que escapa al control legal.

Por otra parte, el trabajo denuncia que la práctica cinegética limita los derechos de la mayoría de ciudadanos. "Molesta y pone en peligro a las personas y genera obstáculos legales o físicos para limitar su desarrollo", afirman. "Llegados a este punto, entra en juego la defensa de los derechos de los no cazadores, pues en modo alguno se entiende, ni justifica, que una minoría de la población que no supera en el mejor de los casos el 2 % del censo estatal, interfiera directamente en el derecho al disfrute del medio natural, en condiciones de sostenibilidad y seguridad (no olvidemos que la caza se practica con el uso de armas de fuego) de al menos el 35 % de la población española, que entre sus aficiones principales gusta de practicar un conjunto creciente de actividades que tienen lugar en la naturaleza".