El importe que reconoce el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital figura en una orden ministerial publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 29 de diciembre en la que se revisan los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y las retribuciones de las actividades reguladas para 2017.
La reacción del PSOE ha llegado de la mano del senador de Huelva Amaro Huelva, quien ha señalado que tanto la Junta de Andalucía como el PSOE actuarán para que este proyecto de Gas Natural "no se lleve a cabo" y ha criticado también la publicación de la orden durante las Navidades "una forma de que nadie se entere de sus barrabasadas" por lo que es una orden que se ha hecho "con nocturnidad y alevosía" y por tanto "tratar de que nadie se entere" por lo que "sí se hacen este tipo de cosas hay que hacerlas a las claras y dando las explicaciones oportunas".
Por su parte, desde la organización conservacionista WWF afirman que es "una inmoralidad y una irresponsabilidad" que "se pague con el dinero de los ciudadanos la destrucción de Doñana". El portavoz de WWF en Andalucía, Juan José Carmona, ha explicado que seguirán pidiendo y trabajando para que se impida este proyecto. La Junta "irá dentro de poco a Europa" y recuerda que su organización ha presentado una queja, puesto que "ya que el Gobierno central no quiere escuchar, a ver si en Europa se dan cuenta de esta verdadera barbaridad, que es pagar por destruir un espacio natural", concluye.
El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, ha negado que "sean una subvención" y ha explicado que se trata "del cumplimiento de una retribución ordinaria del Estado por almacenamiento de gas en las marismas que fue establecida por el Gobierno anterior", por lo que pide "coherencia y responsabilidad, y menos confrontación y demagogia".
Sanz ha recordado que el almacén "fue planificado por el Gobierno anterior en el 2008, cuando gobernaban los que exigen responsabilidades por esta materia", con lo que considera "muy extraño que no lo sepan los que están pidiendo explicaciones".
14 millones más de lo previsto
En la orden ministerial también consta como el Gobierno ha congelado la parte regulada del recibo del gas en 2017, de modo que el precio sólo variará en función de la evolución del coste de la materia prima y los costes de comercialización.
Según consta en la orden ministerial elaborada por el departamento que dirige Álvaro Nadal, para la revisión de enero "se ha tomado la decisión de continuar en 2017 la aplicación de los peajes y cánones".
Energía asegura que los peajes serán suficientes para cubrir los costes del sistema y considera que incluso podría generarse de forma adicional un superávit cuyo importe serviría para cubrir los déficit hasta 2014 y un déficit de 27 millones correspondiente a 2015.
La orden ministerial detrae además a Enagás los importes que esta empresa había recibido ente 2011 y 2016 por el proyecto del gasoducto de conexión con el almacenamiento subterráneo de Castor. El importe total de la detracción asciende a 7,1 millones de euros.
Energía adopta esta decisión para aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015 en la que se ratifica lo dispuesto dos años antes, en 2013, por la Audiencia Nacional. En aquel momento, la Audiencia invalidó una decisión del Gobierno de 2009 en la que se eximía al proyecto de informe sobre impacto ambiental.
Al margen de este proyecto de conexión, los bancos que disponen del derecho de cobro por el almacenamiento de Castor recibirán en 2017 un importe de 80,6 millones, en cumplimiento de las anualidades ya establecidas.
Además, el Gobierno reconoce un déficit de tarifa acumulado hasta 2014 de 1.025 millones de euros, que deberá pagarse anualmente hasta 2031 en anualidades de cerca de 80 millones. Esta deuda se financiará al 1,12%.Los costes total del sistema gasista ascenderán a 2.940 millones, apenas 14 millones más de lo previsto, mientras que los ingresos aumentarán gracias a un incremento del 5,1% de la demanda de gas, que pasará de 309 megavatios hora (MWh) a 325 MWh. En total, el sistema facturará 2.947 millones, unos 200 millones más que lo anteriormente previsto.
El Gobierno reconoce una retribución por valor de 590 millones para los activos de transporte y de 1.334 millones para la distribución. La actividad de regasificación recibirá 399 millones.
También se pagarán otros 32 millones para cumplir el laudo arbitral de la Corte Internacional de Arbitraje de París acerca de los costes del gas importado desde Argelia. En total, la tarifa debe asumir 163 millones en cinco años por este concepto.