La juez de Instrucción número 7 de Valdemoro ha dejado en libertad con cargos al empresario detenido ayer como presunto autor del incendio que se produjo hace un año en un vertedero ilegal de neumáticos ubicado en Seseña, un fuego que arrasó 100.000 toneladas de ruedas que se hacinaban en el lugar sin ningún tipo de control.

Durante su declaración, el detenido ha negado los hechos que se le imputan, igual que hizo ayer en el interrogatorio llevado a cabo por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). Tras su declaración, se le ha imputado un delito contra el Medio Ambiente y otro de incendio. Hay otros dos investigados más en la causa, según las mismas fuentes.

La identificación del detenido es Javier M.P. Coincidiendo con su detención y declaración, el juzgado ha levantado el secreto de las actuaciones.
Su arresto se produjo después de que otro empresario le señalara como el posible causante del incendio por los supuestos "intereses económicos" que tenía, extremo que niega rotundamente.

Tras casi un año, parece que la instructora podría haber identificado al autor del fuego que mantuvo en vilo a los residentes de esta zona de Toledo. Pero Seseña no sólo fue víctima de la inmensa nube de humo negro que se divisó hasta en la Gran Vía de Madrid, sino que también el municipio de Valdemoro, donde se localizaron los cuatro focos que dieron inicio al incendio, contempló las llamas que alcanzaron más de 20 metros de altura.

En concreto, Valdemoro albergaba alrededor del 30% de las 11 hectáreas –unos 12 campos de fútbol– que llegó a ocupar este vertedero, tras su extensión a la región madrileña en el que se acumularon hasta cinco millones de neumáticos usados desde el año 2002 y que fue declarado ilegal en el 2005.

No obstante, quienes mejor contemplaron el crecimiento de uno de los cementerios ilegales de neumáticos más grandes de Europa fueron los vecinos de El Quiñón, el residencial frente a él y levantado por el constructor Francisco Hernando, conocido como El Pocero.

25 días en emergencia

Aunque el incendio se declaró extinguido en la parte de Castilla-La Mancha el 2 de junio de 2016, 20 días después de que se iniciara, esta Comunidad Autónoma mantuvo activado su Plan Territorial de Emergencia (Platecam) –que llegó al nivel 2 para solicitar la intervención estatal– hasta el día 6 del mismo mes, cuando también se oficializó su consumación en Madrid.

Crucial fue la labor de los bomberos del Consorcio Provincial de Toledo y de la Comunidad de Madrid, que basaron su actividad inicial en delimitar la extensión del incendio con cortafuegos de hasta 60 y 80 de metros de ancho en zonas estratégicas de las 11 hectáreas que ocupaba el vertedero, debido a la ineficacia y el peligro de contaminación del suelo y los acuíferos que advirtieron al hacer pruebas con agua y espuma.

La solicitud de confinamiento a los vecinos en sus viviendas, con ventanas y puertas cerradas en pisos que olían a rueda quemada o la suspensión de clases durante varios días de todos los centros educativos de Seseña, fueron algunas de las consecuencias inmediatas para los vecinos toledanos, que acudieron a manifestarse –unos 300 de ellos– a Toledo para pedir información y soluciones ante el incendio del vertedero.

Un coste de seis millones euros

Más de un mes después de que se provocara, el 20 de junio, comenzó el proceso de limpieza y retirada de los neumáticos que no se carbonizaron –unas 12.000 toneladas– y de los restos de alambres –1.200 toneladas– y cenizas de los que sí ardieron. Una labor que duró unos 180 días, costó seis millones euros e incluyó el traslado de estos neumáticos a plantas de reciclaje de residuos de Castilla-La Mancha para utilizarlos después como combustible en edificios públicos.

La misma propuesta, con el mismo presupuesto que el mencionado proceso, que planteó cuatro días antes del incendio, el lunes 9 de mayo, la empresa pública Emgrisa y que estaba aceptada políticamente según el Gobierno de Castilla-La Mancha, que, meses después, aprobó un Plan de Gestión de Residuos que incluye la exigencia de una fianza y un canon a las empresas que manipulen residuos y que nació con la intención de impedir catástrofes como la ocurrida en Seseña.

En ese mismo período, y ante la falta de información concisa sobre la creación y evolución de este cementerio, el origen del incendio, la gestión de las administraciones y sus reproches mutuos por lo que hicieron o dejaron de hacer en este asunto, el Grupo Parlamentario de Podemos en Castilla-La Mancha solicitó la creación de una Comisión no Permanente de Investigación que preside su líder regional, José García Molina, y que actualmente sigue pendiente de retomarse.

Un asunto que "huele a podrido"

Tras las desavenencias entre los tres partidos con representación en el Parlamento autonómico –PSOE, PP y Podemos– para convocar de nuevo la Comisión después del tiempo concedido para leer y analizar los 25.000 folios que componen toda la documentación recopilada sobre el caso, la formación morada ha optado por acudir al Parlamento Europeo para emplazar "donde sea" esta comisión y poder dilucidar un asunto que "huele a podrido", según manifestaron el propio García Molina y la diputada de Podemos por Toledo en el Congreso de los Diputados, Gloria Elizo.

Entre toda esa documentación, se incluyen trabajos como el expediente urbanístico de El Quiñón por el que se autorizó la construcción de 13.000 viviendas, informes en los que se manifiesta la consideración de los neumáticos como bienes abandonados en el año 2011, o los expedientes de contratación y gestión que hicieron las empresas vinculadas al vertedero a través de convenios con el Ayuntamiento de Seseña como Disfilt, Gie Reboot Corporation y Desechos y Gestión de Ruedas Iberia.

Esta última, a pesar de un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de octubre de 2013, en el que advertía de que Desechos y Gestión de Ruedas Iberia carecía de gran parte de la documentación administrativa para realizar tal actividad y alertaba de los riesgos de un posible incendio.

Un incendio que la revista Interviú apuntó a través de un artículo, el 10 de junio de 2016, que fue provocado por unos sicarios que llegaron al cementerio en un todoterreno y se adentraron en él para distribuirse en varios puntos y originar el fuego, por una recompensa de unos 5.000 euros, que según este semanal se prendió como venganza de un gran negocio perdido en este vertedero hoy ya limpio de residuos.