España cuenta en la actualidad con 29 casos abiertos desde la Unión Europea por la "incorrecta aplicación de la legislación en materia de Medio Ambiente", tres de los cuales se deben a "la falta de trasposición del derecho comunitario" según los datos enviados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el portavoz de Unidos Podemos en esta materia, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde.

En la contestación, recogida por Europa Press, el Ejecutivo explica que los temas sobre los que versan la mayoría de los procedimientos de infracción son biodiversidad/naturaleza e impacto ambiental, además de algunos asuntos horizontales referidos a aguas y residuos (en especial vertederos).

Entre los principales casos abiertos está el proyecto de regadío canal Segarra-Garrigues (Lleida); el proyecto de explotación en varias minas a cielo abierto, en el valle de Laciana (León); la no adopción, en determinados vertederos, de las medidas necesarias, como un plan de acondicionamiento o, en el caso de no autorizados, su cierre; la línea de Ave Sevilla-Almería o la carretera M-501, por obligaciones resultantes de la directiva de hábitats; o sobre la designación de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en la región macaronésica (en la que se encuentra Canarias).

En el texto del Gobierno se destaca que esta situación implica a las tres administraciones en las que se divide la organización territorial del Estado, que son la estatal, la autonómica y la local. Entre las tres, recuerda la respuesta, se reparten las competencias en esta materia.

Una posible "multa en materia de aguas residuales"

Por ello, dice el Gobierno, que está trabajando "con la mayor diligencia posible" en coordinación con los gobiernos autonómicos y, sobre todo, en aquellos informes "antiguos" –como el caso de los que se refieren a depuración de aguas residuales y vertederos ilegales– de los que las comunidades autónomas son responsables.

En este sentido, apunta que, aunque el país "aún no ha sido multado por incumplimiento de sentencia", si es posible que se "pudiera imponer una multa en materia de aguas residuales".

Preguntado por las acciones del Ejecutivo ante esta situación, el texto señala que los informes que debe presentar España ante estos procedimiento "no tienen un plazo concreto", sino que la Comisión Europea la que fija los plazos de respuesta en cada caso. Aun así, precisa el Ejecutivo que "España siempre ha cumplido los plazos establecidos por la Comisión para la remisión de informes".