El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves que la Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 no conceda ayudas asociadas para la cría de toros cuyo destino final sea su venta para actividades relacionadas con la tauromaquia.

En concreto, la enmienda adoptada establece que "la ayuda a la renta asociada excluirá proporcionalmente el número de cabezas de ganado vacuno cuyo destino final sea la venta para actividades relacionadas con las corridas de toros, tanto por venta directa como a través de intermediarios".

La enmienda ha salido adelante con 335 votos a favor, 297 en contra y 60 abstenciones gracias al apoyo cosechado en el grupo de Los Verdes (impulsores de la misma), la izquierda y gran parte del grupo socialista. De hecho, casi todos los eurodiputados del PSOE han votado a favor y sólo dos lo han hecho en contra: la andaluza Clara Aguilera y el extremeño Nacho Sánchez Amor.

Por su parte, los eurodiputados del PP, Ciudadanos, Vox y PNV han votado en contra, mientras que Unidas Podemos, JxCat, Catalunya En Comú, Bildu y ERC han apoyado la iniciativa.

La referencia a la tauromaquia podría decaer

 

El respaldo a esta enmienda ha tenido lugar en el marco de la votación en la que el Parlamento Europeo ha fijado su posición para negociar la PAC con los Estados miembros. La referencia a la tauromaquia podría decaer, por tanto, en esas negociaciones, como ya ocurrió en otras ocasiones.

En cualquier caso, lo que solicita la enmienda es que se nieguen a los ganaderos que crían toros de lidia el pago de ayudas asociadas, que representan sólo una pequeña parte de todas la ayudas que se conceden a los agricultores europeos a través de la política agraria comunitaria.

Así, la ayuda a la renta de agricultores y ganaderos aglutina la mayor parte de los pagos directos de la PAC y se concede independientemente del tipo de actividad que desarrolle el productor, por lo que los ganaderos de lidia seguirían teniendo acceso si la reciben por otro tipo de actividades.

Por su parte, los países tienen limitaciones para conceder ayuda a la renta asociada, que a su vez está acotada a una serie de sectores (entre los que se encuentra la carne de vacuno). En concreto, los Estados miembros pueden utilizar hasta el 8% de su presupuesto total a la renta. Con unos requisitos previos pueden elevar este porcentaje al 13%.