El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se aprueba la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, con la que el Gobierno se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias y cinco de ellas en los primeros cien días de Gobierno, para luchar contra el cambio climático.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha afirmado que la aprobación va en línea con lo aprobado en la Unión Europea en este sentido. De esta manera, Montero ha asegurado que el Gobierno sitúa al cambio climático y la transición justa como eje transversal impulsando políticas.

El objetivo de esta declaración es lograr un proyecto de futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas públicas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro.

La declaración supone una "respuesta" al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama "acción urgente" para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.

En el marco de la declaración, el Ejecutivo se compromete a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días del Gobierno. De este modo, se remitirá al Parlamento el proyecto de ley de cambio climático, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y se creará una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.

El texto del acuerdo señala que el "único camino posible" para cumplir el compromiso con el Acuerdo de París para reducir las emisiones y limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales es un obligado "cambio acelerado del modelo de desarrollo en las próximas décadas".

"Esta transformación representa un gran desafío pero también ofrece importantes beneficios en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos", refleja el acuerdo del Gobierno expuesto por la Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Ribera ha afirmado en la rueda de prensa que el acuerdo aprobado muestra el "compromiso firme" del Gobierno con la agenda y la prioridad de estas políticas por razones de "justicia climática"; "por el futuro" del país y por "responsabilidad".

Así, ha apelado a la justicia climática entre países y territorios; entre generaciones y entre personas de una misma generación que conviven con desiguales medios para afrontar los impactos del cambio climático o las oportunidades que proporciona. En segundo lugar, respecto al futuro, Ribera considera que "este país necesita actualizar sus prioridades" e introducir medidas transversales con el clima e invertir en un "proyecto de país" con un futuro viable, para las generaciones que están por venir y para tener la posibilidad de "aprovechar" el conjunto de oportunidades que una economía con el clima representa.

En tercer lugar, ha justificado la declaración de emergencia climática en la "responsabilidad" ya que es "enormemente costoso" desde el punto de vista económico y social y, en ese sentido, ha destacado el papel de las instituciones a la hora de incidir y acompañar.

Además, ha dicho que la declaración se produce en un contexto de "grandes cambios" asociados a los riesgos económicos que ya son considerados en la economía global, como pone de manifiesto el reciente informe anual de riesgos económicos del Foro de Davos.

"Es fundamental que el Gobierno oriente toda su actuación para generar confianza pero con el esfuerzo de no dejar a nadie atrás", ha insistido Ribera, que asegura que las 30 medidas abordan las necesidades de los colectivos vulnerables, de los trabajadores que requerirán "nuevas cualificaciones" y de los consumidores más vulnerables.

Ribera defiende que así, España está "alineada" con la UE, con los bancos de desarrollo, las instituciones internacionales y la sociedad y, de manera "muy particular" con la ciencia y los jóvenes, que se ven "particularmente" afectados y por tanto, que el Gobierno tiene "la responsabilidad de facilitar soluciones" para "actuar con urgencia".

Acciones prioritarias

En cuanto a los cinco primeros compromisos transversales que el Gobierno pondrá en marcha en los próximos cien días, Ribera ha anunciado que se remitirá la Ley de Cambio Climático al Parlamento que plantea un sistema 100% renovable en 2050, con vehículos cero emisiones de CO2 en esa fecha y un sistema agrario neutro de CO2 también a mitad de siglo.

En segundo lugar, se aprobará un Plan Nacional de Adaptación que permita lograr un país "más seguro y menos vulnerable" a los efectos del cambio climático. En tercer lugar, se definirá la senda de la descarbonización a largo plazo de forma ordenada hasta 2050 para no generar "problemas al sistema climático" por la acción del hombre.

En cuarto lugar, ha anunciado que se creará en España, a inspiración de la "experiencia exitosa de Francia" una 'Asamblea Ciudadana del Cambio Climático', que aporte ideas de respuesta al cambio climático, con carácter "inclusivo, paritario y con representación de los jóvenes". La quinta acción prioritaria más urgente será la introducción de la perspectiva de clima en la transición justa para el empleo y la actividad de la economía productiva en el proceso de transformar el modelo industrial y agrario, y del sector servicios.

"Estas cinco son las que nos parecen más sintomáticas para los próximos cien días", ha resumido Ribera que ha añadido que se introducirán medidas en "todos" los sectores de actividad y líneas de actuación.

"Es una oportunidad para la innovación, la generación de empleo, la mejora de la competitividad y la reducción de las brechas territoriales y de colectivos de personas. Debemos contar con una economía preparada, viable, resiliente, viable y con los referentes de la innovación para garantizar empleos de calidad, mejorar la calidad de vida en el medio rural, urbano y en el litoral", ha apostillado.

Por ello, entre otras áreas ha adelantado que se actuará en cuestiones sobre fiscalidad, finanzas sostenibles, deuda y bonos verdes y se procurará la anticipación de los colectivos vulnerables para asegurarles la capacidad de acompañamiento.

Del mismo modo, ha anunciado un plan de acción de educación ambiental; un plan de salud y medio ambiente, un plan de acción y desarrollo; una estrategia para la protección de la costa porque "no es descartable" que efectos como los de las últimas DANAS puedan ocurrir en el futuro "con mayor frecuencia".

"No partimos de cero, pero a partir de ahora tenemos que profundizar, de forma generalizada y sumar los esfuerzos de todo para ser más rápidos y ambiciosos", ha sentenciado.

En la declaración, el Gobierno se compromete a contribuir "activamente" a impulsar el pacto verde europeo; a integrar la emergencia climática en "todas las políticas públicas de forma transversal"; así como los recursos naturales y la biodiversidad en la contabilidad nacional y se actualizarán de forma periódica los escenarios climáticos e hídricos.

Igualmente, se identificarán colectivos vulnerables y, salvo "casos justificados" no se darán nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se revisarán las vigentes, al tiempo que no se autorizarán nuevos permisos de explotación de hidrocarburos y fractura hidráulica y se alcanzará un 30 por ciento de protección de la superficie marina.

Entre otras novedades, se incorpora la "obligación" de que los municipios de más de 50.000 habitantes de establecer áreas de bajas emisiones y se introducirá un nuevo sistema de movilidad entre otras cuestiones.