El Consejo de Minsitros ha aprobado la declaración de utilidad pública de parte de El Algarrobico, como paso previo a su expropiación para la demolición del hotel ilegal que se ubica en esta playa, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Proteger los ecosistemas, el dominio público marítimo-terrestre es clave para la protección de las personas frente al riesgo de inundaciones

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que hay "dos lecciones" a aprender: que es "fundamental" proteger los ecosistemas y que el dominio público marítimo-terrestre es clave para la protección de las personas frente al riesgo de inundaciones.

Aagesen entiende que la Junta de Andalucía emprenderá "de forma responsable" las actuaciones necesarias sobre la parte del hotel que se encuentra fuera de la franja de 100 metros del dominio público martímo-terrestre (competencia estatal) para que ambas administraciones puedan acometer conjuntamente su derribo total.

 

Presupuesto estimado de siete millones de euros

 

A su vez, ha recordado el protocolo firmado en 2011, por el que se acordó qué administración se iba a encargar de los gastos de demolición y gestión de residuos y cuál iba a hacer frente a la partida para restaurar la playa. En este marco, el Gobierno se ha comprometido a asumir los primeros con un presupuesto estimado de siete millones de euros.

Por último, Aagesen ha compartido un mensaje de "reconocimiento y agradecimiento" a los movimientos ambientales y sociales que "les han ayudado" a llevar el asunto al Consejo de Ministros.

El hotel, construido en 2003, acumula sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), así como una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En 2018, el TS declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.

 

El hotel no podía ser demolido por tener licencia de obras

 

Sin embargo, el TS dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

La "triplicación" de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria

Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.

En líneas generales, denuncia las "tácticas dilatorias" que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la "triplicación" de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria.