El Gobierno aprobó el viernes un real decreto ley por el que establece la nueva retribución a las renovables para el próximo periodo regulatorio (2020-2025) en el 7,09%, frente al 7,39% actual, ofreciendo además mantener a las instalaciones anteriores al recorte a las renovables de 2013 la tasa de rentabilidad actual hasta 2031, incluido, con el fin de poner fin a la litigiosidad, especialmente por parte de los inversores en los tribunales internacionales, por aquel 'hachazo'.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta normativa es "dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013 cuando cambiaron las premisas".

En concreto, en lo que respecta a las instalaciones de renovable, cogeneración y residuos se fija, tal como propuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), esa rentabilidad razonable para el periodo 2020-2025 en el 7,09%, mientras que en la actualidad es del 7,398% o del 7,503% en función del tipo de instalaciones.

En un comunicado, el Ministerio consideró que esta retribución plantea además un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz.

Además, la normativa también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58%. Los últimos cinco años ha sido del 6,503%. De nuevo, la medida acarreará menores costes en la factura de la luz, para todos los consumidores y para los Presupuestos Generales del Estado, destacó el Ministerio.

Asimismo, el real decreto ley fija un marco retributivo estable para esas instalaciones renovables afectadas por el recorte aplicado en el Real Decreto 9/2013 para gozar de la actual rentabilidad del 7,39% durante los próximos periodos regulatorios -un total de 12 años-, hasta 2031.

No obstante, para acogerse a ello los inversores deberán renunciar a los procesos judiciales o arbitrales en marcha, así como a las indemnizaciones que se les pudiera haber reconocido, tanto a nivel nacional, los menos, como internacional.

Con esta normativa, que recoge la misma propuesta cuyo trámite ya inició el Gobierno a finales del año pasado pero que finalmente no pudo ser aprobado ante la convocatoria de elecciones generales y que deberá ser convalidada en el Congreso, Ribera consideró que se busca ofrecer una solución a los inversores que permita "mitigar el impacto" de los recortes de 2013 y "mantener la estabilidad y la predictibilidad de su inversión".

821 millones en condenas en los tribunales internacionales

Ribera cifró en un total de 45 laudos los frentes abiertos por inversores contra el Gobierno de España por ese recorte retroactivo que se aplicó en su retribución, ascendiendo a un importe total las peticiones de indemnizaciones de más de 10.000 millones de euros.

Hasta ahora, el Estado ya ha recibido un total de 10 reveses en los distintos tribunales internacionales de arbitraje, con unas condenas por un importe total de 821 millones -aunque las reclamaciones en esos casos ascendían a unos 1.700 millones de euros-. "No obstante, no se ha ejecutado el pago de ninguno de estos laudos condenatorios, ya que España sigue ejerciendo su defensa", indicó Ribera.

Así, la ministra para la Transición Ecológica consideró que esta oferta lanzada por el Gobierno a ese tipo de inversores damnificados "pueda ser considerada como una medida que mitiga el impacto de la decisión regulatoria y reduzca la litigiosidad pendiente e incluso invite a la renuncia del cobro para poder garantizar la estabilidad en la retribución durante 12 años", dijo.

La ministra cifró en más de 64.000 las plantas que se vieron afectadas por el recorte a las renovables de 2013, especialmente las situadas en zonas con más incidencial del sol, como el Levante, Castilla-La Mancha y Andalucía.

También con la aprobación de este real decreto el Ejecutivo en funciones da respuesta a la demanda del sector de las renovables, que en los últimos meses había pedido que se fijara la retribución para el siguiente periodo regulatorio antes de que expirara el año ante la incertidumbre existente.

A este respecto, Ribera precisó que existían "enormes dudas sobre si se aplicaba una revisión a la baja dramática para muchos inversores" si terminaba 2019 sin su aprobación, que debe ser ahora ratificada por el Congreso de los Diputados. "Existía una situación de incertidumbre nada deseada por nadie", dijo.

Además, la normativa aprobada este viernes por el Gobierno también incorpora otra medida para reforzar la transición justa, habilitando la posibilidad de que los permisos de acceso a las redes y las concesiones de agua en los territorios afectados por cierres de centrales térmicas se otorguen incorporando criterios sociales, económicos y medioambientales.

Así, el objetivo es que estos permisos, en vista del cierre en 2020 de plantas de carbón, no sean otorgados "con arreglo a la regla general (que el primero que llegue se lo queda), sino a aquellos proyectos que destinen su inversión a generar empleo atractivo en la zona", indicó Ribera.