El 11 de septiembre de 1973, Chile vio cómo caía derrocado el Gobierno de Salvador Allende de la mano de un general, Augusto Pinochet, que a la postre terminaría instaurando una dictadura de la que el país sudamericano no pudo librarse hasta 1990. Medio siglo después, Chile vuelve a tener un presidente de izquierdas, Gabriel Boric, pero a pie de calle la ciudadanía parece cada vez más ajena a unos tiempos dictatoriales de los que aún quedan herencias, como la Constitución.

Pinochet llegó al poder bajo el pretexto de "restaurar la institucionalidad nacional quebrantada", lo que 'de facto' le permitió arrogarse todos los poderes al frente de la junta militar. Hace 50 años comenzó una de las dictaduras más duraderas del Cono Sur, responsable de miles de víctimas y con un legado político que aún subyace en ciertos sectores.

Los sondeos coinciden en dibujar una mezcla de desconocimiento y desinterés por algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de Chile, especialmente cuando se pregunta a los ciudadanos por lo ocurrido en el golpe. Apenas un 58 por ciento dice saber mucho o algo sobre los hechos que derrocaron a Allende, pese a que el dato es del 78 por ciento si sólo se tiene en cuenta a los mayores de 53 años, según un reciente sondeo de Cerc-Mori.

También se ha roto cierto tabú en cuanto al examen público de lo ocurrido aquel 11 de septiembre y, de hecho, una de las principales figuras políticas actualmente en Chile, con opciones incluso de llegar a la Presidencia, es José Antonio Kast, que ha llegado a referirse de esta forma al golpe: "El 11 de septiembre de 1973, Chile escogió la libertad y el país que tenemos hoy es gracias a los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra".

De hecho, dos de cada tres chilenos siguen respaldando a día de hoy el golpe, según un sondeo de Pulso Ciudadano previo a los actos de conmemoración que sitúa a Allende como principal responsable de la asonada a ojos de la ciudadanía. Así lo piensan cerca del 40 por ciento de los chilenos, mientras que menos del 31 por ciento apuntan a la cúpula militar, una proporción similar de quienes señalan a Estados Unidos y, en particular, a la CIA.

 

Campaña del Gobierno

 

El Gobierno de Boric ha aprovechado el aniversario para lanzar una batería de propuestas legislativas en materia de Derechos Humanos, con iniciativas que, por ejemplo, buscan desclasificar los testimonios de la comisión creada en 2003 para documentar los abusos de la dictadura. Según las últimas actualizaciones de este informe, oficialmente el Estado reconoce cerca de 40.000 víctimas entre ejecuciones, detenciones, torturados y desaparecidos.

Boric, que también aspira a relanzar la búsqueda de desaparecidos, ha cargado en varias ocasiones contra quienes intentan suavizar la figura de Pinochet, "cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto". "Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia", sentenció en mayo ante las declaraciones de un dirigente de derechas que describía a Pinochet como un "estadista".

El dictador falleció en el año 2006 en un hospital de Santiago, sin luto oficial en su memoria ni tampoco condenas a sus espaldas. La Justicia chilena sí ha juzgado a antiguos oficiales --el Supremo condenó en agosto a siete militares jubilados por el secuestro y homicidio del cantautor Víctor Jara--, pero en el caso de Pinochet no prosperó ninguna tentativa, pese a que sí llegó a ser detenido en Londres en 2018 por petición del juez español Baltasar Garzón.

Boric también mantiene su objetivo de reformar la Constitución que Chile aún conserva desde la época de Pinochet, después de que los ciudadanos dijesen 'no' a un primer borrador. Una nueva Convención Constitucional tiene ahora en su mano redactar un segundo texto y, en esta ocasión, es la derecha -- impulsada entre otros líderes por Kast-- quien lleva la voz cantante, en virtud de las elecciones celebradas en mayo.

 

Polarización política

 

La polarización en Chile se hace por tanto evidente, en la política y también a pie de calle. Tal es así, que siete de cada diez personas entrevistadas por Pulso Ciudadano creen que conmemorar el golpe de Estado sólo sirve para dividir a los chilenos y menos de un 15 por ciento creen que puede ser una oportunidad para avanzar hacia la unidad.

Tampoco ayuda que el 56,5 por ciento de los ciudadanos directamente se muestren poco o nada interesados en el acontecimiento, que reunirá en Chile a líderes internacionales como el argentino Alberto Fernández, el colombiano Gustavo Petro o el mexicano Andrés Manuel López Obrador. Entre los invitados confirmados por el Ministerio de Exteriores chileno figura, además, el expresidente del Gobierno español Felipe González.

Boric ha recalcado que el golpe de Estado de 1973 "no era inevitable", que "en política siempre hay alternativas", y ha abogado por la no repetición. Más del 36 por ciento de la población creen que Chile puede vivir de nuevo un golpe de Estado contra un gobierno democrático.