La sentencia se ha dictado en respuesta a la reclamación de grupos conservacionistas indios de que se declare inválida la Ley de derechos forestales, que otorga a los habitantes de los bosques el derecho sobre sus tierras ancestrales, inclusive en zonas protegidas. Los grupos también habían demandado la expulsión de los indígenas que hayan intentado infructuosamente consolidar sus derechos con arreglo a la citada ley.
Entre dichos grupos figuran Wildlife First, Wildlife Trust of India, the Nature Conservation Society, the Tiger Research and Conservation Trust y the Bombay Natural History Society.
En un hecho insólito, el Gobierno nacional no compareció ante el Tribunal para defender los derechos de los indígenas, por lo que los jueces se pronunciaron a favor de las expulsiones, que de acuerdo con la sentencia deberán haber concluido para el 27 de julio.
La orden de traslado afecta a más de 1,1 millones de hogares, lo que según los expertos podría implicar que serán expulsadas más de 8 millones de personas, cifra que probablemente aumentará, ya que algunos estados de la Unión India aún no han dado detalles sobre el número de personas afectadas.
El director de Survival International, Stephen Corry, ha declarado hoy: "Esta sentencia es una condena a muerte para millones de indígenas de India, un robo de tierras de proporciones colosales y una injusticia monumental. Comportará la desolación generalizada, empobrecimiento, enfermedades y muertes, una crisis humanitaria apremiante, y no contribuirá en nada a salvar esos bosques, que los indígenas vienen protegiendo desde hace generaciones".
Corry agregó: “¿Condenarán las grandes organizaciones conservacionistas como WWF y WCS esta sentencia y llamarán a combatirla, o se harán cómplices de la mayor expulsión masiva jamás vista en nombre de la conservación?”.