El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado este miércoles las nuevas reducciones obligatorias de emisiones gases de efecto invernadero de los sectores de la agricultura, el transporte, la construcción y la gestión de residuos para todos los países del bloque comunitario, que exigen a España un recorte del 26% en 2030.

El informe ha sido aprobado con 534 votos a favor, 88 en contra y 56 abstenciones. Los negociadores de la Eurocámara y los Estados miembros podrán iniciar las negociaciones sobre esta legislación una vez que éstos hayan fijado su posición. Los ministros de Medio Ambiente debatirán el asunto en su reunión del próximo lunes pero no se espera que alcancen un acuerdo que permita iniciar las negociaciones.

En concreto, el texto incluye el objetivo de reducción de emisiones para los sectores que no están cubiertos por el sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS por sus siglas en inglés), que representan el 60% de las emisiones de la Unión Europea. El objetivo de esta medida es cumplir el compromiso del bloque comunitario en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático.

Estos sectores fueron los responsables de cerca del 60% de las emisiones totales en la UE en 2014 y el objetivo del bloque comunitario es reducirlas en un 30% para 2030. La meta global de la UE es recortar sus emisiones totales en un 40% para ese año.

Si la normativa es aprobada finalmente, España tendrá que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 26% con respecto a los datos de 2005. Los países a los que se les exige unos mayores recortes de sus emisiones son Luxemburgo y Suecia (un 40%), seguidos de Dinamarca y Finlandia (un 39%), Alemania (38%), Francia y Reino Unido (37%), Países Bajos y Austria (36%), Bélgica (35%), Italia (33%) e Irlanda (30%).

Cada país tendrá que seguir una estrategia propia para reducir sus emisiones, calculada desde la situación de 2018, en lugar de 2020 como propuso Bruselas. Además, los eurodiputados han fijado un objetivo de reducción de emisiones del 80% para 2050.

Por otro lado, la Eurocámara ha propuesto un mecanismo para premiar a los países por un PIB per cápita por debajo de la media comunitaria que hayan tomado ya medidas o que lo hagan antes de 2020, dándoles más flexibilidad durante la última parte del proceso. Así, se permitirá a estos Estados utilizar hasta el 10% de la asignación del año siguiente descontándolo del total correspondiente.