Así, tras un decenio de debates en la ONU, la Conferencia Intergubernamental (CIG, por sus siglas en inglés), de dos semanas de duración, será la primera de una serie de cuatro sesiones de negociación que se desarrollarán hasta 2020 con vistas a lograr un nuevo tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional (AFJN, por sus siglas en inglés), lo que se conoce popularmente como 'el alta mar'.
A través de la ONU, los estados debatirán cómo proteger y conservar estas zonas mediante el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP) y de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), pues, aunque ciertas actividades se encuentran parcialmente reguladas en algunas áreas de alta mar, la High Seas Alliance demanda un marco jurídico para la realización de EIA que contemple la prevención de daños ambientales.
Esta asociación explica que las aguas situadas más allá de las 200 millas marinas (370 kilómetros) de las costas de un país se consideran internacionales (alta mar) y se comparten globalmente, y denuncia la ausencia de una legislación potente que salvaguarde su biodiversidad, al tiempo que reclama su papel vital en la prestación de servicios, como la generación de oxígeno y la regulación del clima.
"El alta mar cubre la mitad de nuestro planeta y es vital para el funcionamiento del océano entero y de toda la vida en la Tierra. El sistema actual de gobernanza de la alta mar es débil, fragmentario e inadecuado para abordar las amenazas a las que nos enfrentamos ahora en el siglo XXI, derivadas del cambio climático, la pesca ilegal y la sobrepesca, la contaminación por plásticos y la pérdida de hábitats", ha indicado la coordinadora de la High Seas Alliance, Peggy Kalas.
Las primeras negociaciones para el acuerdo para proteger el alta mar empezaron el 24 de diciembre de 2017, según ha recordado Kalas a Europa Press. "Todo el mundo usa estas áreas. De hecho, gracias a los océanos se forman los ecosistemas para sobrevivir. Por ello tenemos que protegerlas", asevera. Además, asegura que llevan intentando proteger los océanos desde hace más de una década y que, dado que se trata de aguas internacionales, las medidas de conservación necesarias solo pueden desarrollarse a través de un tratado global.
Exceso de CO2
Además, la High Seas Alliance destaca el papel clave del océano en la mitigación del cambio climático, que facilita la absorción de un 90 por ciento del calor adicional y de un 26 por ciento del exceso de dióxido de carbono creado por fuentes humanas, aunque lamenta que ha tenido un efecto "devastador" sobre el propio océano. Por ello, aboga por gestionar los "múltiples" factores de estrés añadidos que se ejercen sobre este ecosistema, lo que permitirá aumentar su resiliencia ante el cambio climático y la acidificación, y protegerá ecosistemas marinos únicos en su especie, muchos de los cuales quedan aún por explorar y descubrir.
De la misma manera, el profesor Alex Rogers, de la Universidad de Oxford (Inglaterra, Reino Unido), que ha proporcionado las evidencias para fundamentar el proceso de la ONU de cara a un tratado, afirma que la mitad del océano protege la vida terrestre frente a los "peores" impactos del cambio climático.
"A pesar de ello, estamos haciendo muy poco para proteger la vida dentro del océano, intrínseca a nuestra supervivencia colectiva. Proteger la biodiversidad de la alta mar, implantando la buena gobernanza y la ley en el océano entero, es sin duda lo más importante que podemos hacer para cambiar el rumbo del corazón azul de nuestro planeta", ha indicado Rogers.
Por su parte, el presidente del Marine Conservation Institute, el doctor Lance Morgan, ha indicado que el océano está "bajo asedio" y que "nuevas amenazas" están llegando, por lo que insiste que "cualquier esfuerzo para proteger un hábitat vulnerable tiene que partir de muchas y diferentes entidades internacionales, como las distintas organizaciones oficiales de pesca, trafico marítimo y explotación mineras". Además, concluye que la CIG en la ONU "es la única oportunidad de llegar a un tratado que permitirá a los estados de dirigir de manera sostenible actividades en el alta mar y proteger su biodiversidad".
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