La Unión Europea ha dado este martes el último paso para aprobar la reforma del sistema europeo de comercio emisiones de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés), que se aplicará a partir de 2021 y que tienen el objetivo de reducir las emisiones de centrales eléctricas y plantas industriales del bloque comunitario.
Los gobiernos de los Veintiocho han dado su visto bueno a la normativa, que entrará en vigor 20 días después de que sea publicada en el Diario Oficial de la UE. El Parlamento Europeo aprobó la nueva directiva a principios de este mes.
El sistema ETS funciona desde 2005 y limita las emisiones de más de 11.000 centrales eléctricas y plantas industriales a través de un nivel máximo que se reduce cada año y abarca aproximadamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
Uno de los elementos principales de la reforma es el incremento del recorte que se aplica todos los años a la cuota anual de derechos de emisión colocados en el mercado, hasta el 2,2% a partir de 2021 frente al 1,74% que se aplica en la actualidad. Este porcentaje, además, será revisado con la intención de aumentarlo en 2024.
Incentivar recorte de las emisiones
Además, se duplicará la capacidad de la reserva de estabilidad del sistema ETS para absorber el exceso de derechos de emisión en el mercado. Una vez activada, esta reserva absorbería hasta un 24% de los derechos de emisión en exceso en cada ejercicio durante los cuatro primeros años, con lo que aumentaría el precio de los derechos y se incentivaría el recorte de las emisiones.
Por otro lado, el texto prevé la creación de un fondo de modernización para ayudar a actualizar los sistemas energéticos en aquellos países del bloque con mejor renga, así como un fondo de innovación para apoyar las energías renovables, la captura y el almacenamiento de carbono y los proyectos de innovación de baja emisión de carbono.
Asimismo, para evitar que las empresas trasladen su producción fuera de la UE por las exigencias en materia de reducción de emisiones –llamada fuga de carbono–, los sectores con mayor riesgo recibirán sus derechos de forma gratuita, mientras que otros menos afectados recibirán gratis el 30% de los créditos.