Así, la patronal de la industria nuclear destaca que esta fuente energética que no emite CO2 lideró la producción con "seguridad de suministro" ya que los reactores operaron el 85,80 por ciento del tiempo del año 2017 (más de 7.500 horas).
En concreto, añade que con el 7,06 por ciento del total de la potencia instalada en España, fue la primera fuente de generación eléctrica, ya que los reactores produjeron un total de 55.612 gigawatios por hora netos.
Según la patronal nuclear, esta supone casi el 40 por ciento de la electricidad sin emisiones contaminantes a la atmósfera.
"La energía nuclear es una fuente esencial en la transición energética. Desde un punto de vista técnico, las centrales nucleares son imprescindibles en nuestro país si queremos disponer de electricidad de forma segura y constante y si pretendemos cumplir con los acuerdos ambientales internacionales ratificados", opina su presidente, Ignacio Araluce.
Alargar la vida útil
Precisamente en 2017 se anunció el cierre de la primera central nuclear española, por haberse quedado obsoleta y no ser económicamente rentable. La planta de Santa María de Garoña (Burgos) era la más antigua de España –después de la clausura en 2006 de José Cabrera (Guadalajara)–, fue inaugurada en 1970 y terminó su actividad el 16 de diciembre de 2012, después de haber operado 42 años y medio.
En un contexto internacional desfavorable a la energía nuclear tras el desastre de Fukushima, cuando países como Alemania, Bélgica, Suecia o Suiza han emprendido el proceso para dejar de utilizarla, el anuncio del cierre de Garoña trató de atenuar las críticas internas –hay una mayoría parlamentaria y la mayor parte de la opinión pública en contra– en un momento en que el Gobierno quiere prolongar la vida útil del resto de centrales –hay otras cinco, con siete reactores en el país, y el de Vandellós I, en la costa sur de Tarragona, se clausuró tras un grave incendio en 1989– más allá de los cuarenta años para los que fueron diseñadas.
En un primer paso en esta dirección, el Gobierno está concediendo a las empresas toda clase de facilidades administrativas para que puedan solicitar la prórroga hasta los 60 años de actividad o más.
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