La organización ecologista Greenpeace alerta de que las últimas lluvias no suponen el fin del problema de la desertificación y la sequía en España, que es el país europeo con mayor riesgo de desertificación, que afecta al 75% de su territorio y un 6% se ha degradado ya de forma irreversible, sobre todo en la vertiente mediterránea y en Canarias.
Con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía que se celebra el 17 de junio, Greenpeace señala que la reserva hidráulica se sitúa en el 72,84% (17% más que hace un año) pero hay cuencas como la del Júcar, que tiene menos agua (35,78%) que hace un año en las mismas fechas, cuando estaba al 37,3%.
Así, la ONG ve preciso modificar urgentemente la actual política hidráulica y dirigirla hacia una gestión más hidrológica y ambientalista. Además, aboga por adaptar la agricultura al clima y reconvertir el regadío intensivo y superintensivo a explotaciones sostenibles, diversificadas y de bajo consumo de agua.
En la misma línea, Greenpeace insta a adecuar las políticas forestales a las necesidades del país más árido de Europa y a abandonar todas las energías sucias y peligrosas dependientes de un gran consumo de agua y sustituirlas por energías renovables.
La desertificación degrada y provoca la pérdida de suelo fértil y la incapacidad de los ecosistemas de cumplir con su función reguladora y suministrar bienes y servicios ambientales.
Además, el cambio climático, que provoca un ascenso de temperatura, menor precipitación y mayor riesgo de incendios forestales acelera el proceso de pérdida irreparable de suelo.
Por ello, el responsable de la campaña de Agua de Greenpeace, Julio Barea, advierte de que no se puede bajar la guardia y pensar que el problema ha pasado porque los efectos de la escasez de agua son "recurrentes en la Península" y se deben prevenir cuando hay agua almacenada puesto que de no hacerlo se volverán a sufrir los mismos problemas de escasez que en 2017 y se podrían en riesgo de nuevo el abastecimiento humano, los caudales ecológicos y la actividad económica del país, además de contribuir a la desertificación del territorio.
"Sabemos que la desertificación es un proceso con múltiples factores desencadenantes, por lo que es necesario abordarla desde un punto de vista muy amplio. Se trata fundamentalmente de un problema de desvinculación entre los recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota, es decir, es ante todo un problema de desarrollo sostenible", ha concluido Barea.
Finalmente, la ONG ve "imprescindible" cambiar el modo en que se administran los recursos naturales para mitigar los efectos de la desertificación y las sequías.
Un programa de acción nacional
El Gobierno desarrolla un Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, en el que establecen las acciones y estrategias para hacer frente a este fenómeno en España.
Así lo ha puesto de manifiesto este sábado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con motivo del día mundial de lucha contra la desertificación, establecido por la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) el 17 de junio de 1994 y que en la actualidad incluye a 194 países.
El ministerio destaca que la desertificación es un problema económico, social y medioambiental que concierne a "numerosos países" de todas las regiones del mundo. En España, la lucha contra este fenómeno está integrada en las políticas nacionales de agricultura y medio ambiente.
En concreto, la política de desarrollo rural incorpora medidas para la protección del suelo, la agricultura sostenible y la gestión sostenible de los bosques. Como medidas de aplicación directa contra la desertificación destaca la restauración de las áreas afectadas por grandes incendios forestales.
En este sentido, en los dos últimos años el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha invertido alrededor de 10,5 millones de euros en obras de restauración en 25 grandes incendios forestales en diferentes comunidades autónomas.