Francia ha vivido esta pasada madrugada su noche más violenta desde el inicio de las protestas contra la reforma de las pensiones del Gobierno francés; una jornada que se ha saldado con más de 450 detenidos y más de 900 incendios solo en la capital, París, a los que hay que añadir la quema de la puerta del Ayuntamiento de Burdeos.
En medio de esta situación, Policía y sindicatos organizadores han reconocido cada uno a su manera el extremismo que está comenzando a dominar el desarrollo de las jornadas de paro laboral.
Por poner dos ejemplos, el ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha confirmado la apertura de once investigaciones por presunto exceso de fuerza entre los agentes antidisturbios mientras que el líder del sindicato de la Confederación Francesa de Gestión / General de Ejecutivos (CFE-CGC), François Hommeril, lamentaba la presencia de "parásitos sociales" a los que ha acusado de dinamitar las pacíficas concentraciones para forzar los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
"Uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias"
Dejando a un lado estas investigaciones, las autoridades francesas han aplaudido la respuesta general de las fuerzas de seguridad, pero organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional han vuelto a criticar a la Policía francesa por "uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias" mientras Reporteros sin Fronteras ha denunciado casos de agresión, por parte de los agentes, "contra periodistas claramente identificados como tales".
Amnistía Francia, por ejemplo, señala concretamente a la Policía por abusar del uso de porras --un manifestante acabó con un testículo amputado durante una carga policial el 19 de marzo--, así como gases lacrimógenos o granadas de conmoción, y pone en disputa el régimen de detenciones aplicado en marchas como las del 16 de marzo.
Ese día, 292 personas acabaron bajo disposición policial durante unas horas, después de las cuales 283 fueron liberadas sin cargos, cifra tan alta en comparación con las detenciones iniciales que Human Rights Watch llega a percibirla como consecuencia de una ola de "privaciones arbitrarias de libertad". La oficina del Defensor de los Derechos Humanos de Francia avisa, a este último respecto, que esta clase de detenciones al por mayor "alimenta la tensión y podría desembocar en el uso desproporcionado de medidas de custodia preventiva".
"Las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental"
"Sigo muy de cerca las manifestaciones en Francia", añade por su parte el relator de la ONU para la libertad de asociación, Clement Voule. "Las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental que las autoridades deben garantizar y proteger", añade, "y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben facilitar su desarrollo y evitar el uso excesivo de la fuerza".
El Gobierno francés, con el presidente Emmanuel Macron a la cabeza, ha salido en defensa de las fuerzas de seguridad. "He visto escenas en las que nuestros gendarmes han sido objeto de ataques completamente desproporcionados a manos de militantes extremadamente violentos y equipados para la lucha", ha asegurado el mandatario antes de recordar a los 441 policías heridos el jueves, de ellos 14 hospitalizados. El prefecto de Policía de París, Laurent Nuñez, ya ha presentado una denuncia ante la Fiscalía en nombre de su departamento.
Por su parte, Hommeril ha trasladado la repulsa en nombre de la intersindical contra la acción violenta de "grupos de nihilistas que no hacen sino dañar las marchas pacíficas contra la reforma de las pensiones", ha hecho saber en su cuenta de Twitter. "No son más que parásitos que se alimentan y debilitan el movimiento social, y sus actos son intolerables", ha añadido.