La Mesa Social del Agua de Andalucía, compuesta por UGT Andalucía, CCOO-A, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, FACUA, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA, ha transmitido este lunes su preocupación por "el mercadeo" de un bien público "tan necesario" como es el agua y ha instado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a que asuma la intermediación en la cesión de derechos con criterios sociales y ambientales y "no sólo económicos".

Las organizaciones han alertado de los efectos del cambio climático y la sequía sobre el sector agroganadero, los usuarios y los ecosistemas y han presentado una serie de medidas a corto, medio y largo plazo.

Asimismo, en rueda de prensa, las organizaciones han alertado de los efectos del cambio climático y la sequía sobre el sector agroganadero, los usuarios y los ecosistemas y han presentado una serie de medidas a corto, medio y largo plazo.

 

La cesión de derechos de riego

 

De esta manera, en concreto, la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) ha presentado su posicionamiento ante la cesión de derechos de riego que iban destinados al arroz y que van a ser gestionados por una empresa privada.

En este sentido, han detallado que, en la comisión de desembalse del Guadalquivir, celebrada el pasado 7 de abril, se consideró que no era posible desembalsar un volumen de agua suficiente y constante para garantizar el riego del arroz. Con vistas a la posible cesión de derechos, se propuso para todas las hectáreas de arroz una dotación de 1.283 metros cúbicos por hectárea.

Una entidad privada pretende asumir una función de intermediación ofertando los derechos que se ceden a sus asociados, con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes

No obstante, han destacado que, en la implementación de este proceso de cesión, una entidad privada pretende asumir una función de intermediación ofertando los derechos que se ceden a sus asociados a través de una circular, "con el precio que dicha entidad ha determinado y sin hacer públicos los criterios de selección de las solicitudes".

 

En situación tan grave de sequía, no se puede mercadear con un bien público como es el agua

 

Si bien es cierto que la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión de derechos al uso del agua entre concesionarios, las organizaciones de la Mesa consideran que, en una situación tan grave de sequía, "no se puede mercadear con un bien público como es el agua".

Asimismo, con la base legal que brinda el artículo 68.3 de la misma ley, apuntan que el organismo de cuenca debe "frenar" la operación en marcha y asumir la intermediación en la cesión de derechos, atendiendo en su reparto y asignación a criterios sociales y ambientales y no solo económicos.

Por otra parte, y dada la urgencia de actuar contra esta situación, las organizaciones de la Mesa consideran que el decreto de sequía que actualmente se encuentra en proceso de redacción debería incluir la creación de los centros de intercambio de derechos.

Estos centros de intercambio ya están previstos en el artículo 71 de la Ley de Aguas. De esta forma, la cesión de derechos estaría gestionada por una entidad pública. Además, estos centros de intercambio deberían establecer criterios de distribución del recurso, que contemplen un reparto social del agua destinada a regadío, garantizando la supervivencia de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que estas generan, además de respetar el régimen de caudales ecológicos.

 

La demanda de agua ha sobrepasado la disponibilidad del recurso

 

Por otro lado, las organizaciones de la MSA han querido hacerse eco de la sequía pluviométrica que, con una distribución desigual en Andalucía, acumula aportes por debajo de la media estadística desde el año hidrológico 2018-2019.

Esta situación está provocando graves impactos en la agricultura de secano y en la ganadería extensiva. Igualmente, está suponiendo una reducción de las aportaciones a las masas de aguas superficiales y subterráneas, con la consiguiente escasa recarga de acuíferos subterráneos y embalses superficiales, lo que agrava aún más la reducción de dotaciones que el regadío lleva soportando tres años.

No obstante, la Mesa advierte que en Andalucía existe un problema de escasez de agua, puesto que existe "un desequilibrio permanente entre las demandas de agua y los recursos disponibles". La demanda de agua del conjunto de Andalucía, con grandes diferencias espaciales, "ha sobrepasado la disponibilidad del recurso".

"El déficit es estructural, encubierto por la sobreexplotación generalizada de aguas superficiales y subterráneas. Esto se ve acentuado además por la actual sequía pluviométrica y se intensifica por las extraordinarias olas de calor, detrás de las cuales asoman los efectos del cambio climático", han detallado.

La Junta de Andalucía ignora y no aborda la problemática de la sobreexplotación de recurso, alienta el incremento de la demanda de agua y presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo

Así, la Mesa Social del Agua ha advertido que las infraestructuras hídricas demandadas por la Junta de Andalucía "ignoran y, por tanto, no abordan la problemática de la sobreexplotación de recursos, alienta el incremento de la demanda de agua y, además, presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo".

 

Medidas a corto plazo

 

Por ello, la MSA ha presentado una serie de medidas a corto plazo que instan sean tenidas en cuenta por la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Entre las medidas de urgencia a corto plazo, la MSA considera "imprescindible" dotar de ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre. Para ello, se debe suministrar agua a través de pequeñas infraestructuras como pantanetas, canales, abrevaderos o balsas con las que paliar la actual situación.

En referencia a la agricultura de regadío, la MSA exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional. Igualmente, la MSA considera urgente dotar de apoyos financieros y fiscales directos, tales como compensaciones de rentas, a las explotaciones agrícolas, siempre ajustados a las diferentes situaciones socio-económicas de cada una.

 

Medidas a medio y largo plazo

 

Como medidas a medio y largo plazo, la MSA exhorta a la Junta de Andalucía a que cumpla los objetivos marcados en el Pacto Andaluz por el Agua, aprobado en la anterior legislatura y que contemplan, entre otros: la definición de objetivos medioambientales prioritarios en materia de agua, la mejora en la participación y transparencia en órganos de gestión, la garantía de los servicios urbanos y la creación de un suministro mínimo vital, la atención a los déficits estructurales de agua y demandas sostenibles (incluyendo "limitación de la superficie de regadío"), la generación de planes de resiliencia frente a sequías y de adaptación al cambio climático.

Una relación de conceptos aprobados por el Parlamento de Andalucía que "han desaparecido de los mensajes de la Junta de Andalucía y otros agentes sociales en la actualidad". Por todo ello, la MSA ha vuelto a remitir el decálogo de medidas que ya presentó en la anterior legislatura y que podría servir de hoja de ruta para una transición hídrica justa para Andalucía.

 

Desembalse de agua para el paso de los rocieros

 

En cuanto al posible desembalse de agua para el paso de los rocieros por el Vado del Quema, que se encuentra seco en estos momentos. "Plantear estas cuestiones no se entiende", ha criticado el presidente de la Fundación Savia, Paco Casero. 

Preguntado en rueda de prensa sobre este asunto, Casero ha considerado que "No somos conscientes todavía de la situación que padece Andalucía" y ha augurado una situación "mucho más grave" si en otoño no empieza a llover.

"Este año no se va a hacer la trashumancia porque los ocho o diez días que dura no hay agua"

"¿Sabéis que hay muchas explotaciones ganaderas extensivas que no pueden beber ya nada? Pero estamos mirando para otro lado", ha insistido para señalar que, incluso, "este año no se va a hacer la trashumancia porque los ocho o diez días que dura no hay agua", pero --ha criticado-- "estamos pensando en el paso del Quema".

"Los pantanos están vacíos y están peor que el año pasado, pero es que el año que viene pueden estar todavía mucho peor", ha subrayado Casero para indicar que "se ha roto toda la filosofía del mundo rural" basada en "reservar el agua de los años menos malos para los años malos".

Por último, ha criticado al Gobierno andaluz por "no ser receptivo" a estas cuestiones y seguir "diciendo cosas bonitas para los medios de comunicación". "Esto ya es un tema bastante serio y preocupante", ha concluido.