Más de 400 organizaciones de la sociedad civil de 12 países europeos han pedido por carta a los ministros comunitarios que defiendan un cambio radical en la PAC post-2020 para que contribuya al Pacto Verde Europeo, de modo que proteja a las personas que viven y trabajan en el medio rural y que cuide el clima, la biodiversidad y los recursos naturales de los que depende la propia agricultura y la seguridad alimentaria.

De lo contrario, las organizaciones advierten que está en riesgo la legitimidad social de una política que representa el 30% del próximo presupuesto comunitario. Los ministros de la UE se reunirán desde este domingo en Koblenz (Alemania) para una reunión informal del Consejo de Agricultura (AGRIFISH).

En una carta, 402 organizaciones de productores agroecológicos, consumidores, nutricionistas, o ecologistas, agrupadas en coaliciones nacionales como la española Por Otra PAC, señalan que la PAC no está contribuyendo a generar medios de vida justos para agricultores o ganaderas, a mejorar el acceso a la tierra o el relevo generacional, ni impulsando el cambio hacia dietas sanas y sostenibles.

Por ello, entre otras peticiones, reclaman que la PAC esté realmente en línea con el Pacto Verde Europeo, particularmente con los objetivos de las Estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa. "Proteger y restaurar los ecosistemas y recursos naturales de los que dependen la agricultura y la ganadería es el único modo de asegurar nuestra capacidad de producir alimentos a largo plazo", asegura el portavoz de Por Otra PAC, Fernando Viñegla.

Dinero público para bienes y servicios públicos

 

Piden también que se debe avanzar hacia el principio de "dinero público para bienes y servicios públicos", cambiando el foco para que las ayudas sirvan a los agricultores a adaptarse a la transición agroecológica, y mejorando al mismo tiempo la viabilidad económica de las fincas.

"Mientras los campos y los pueblos se vacían de vida, y cada día hay agricultoras y ganaderos en Europa que tienen que tirar la toalla, los responsables políticos no pueden conformarse con retoques cosméticos de una política que representa el 30% del presupuesto comunitario", añade Viñegla.

"No podemos permitirnos que la Política Agraria Común siga hipotecando el futuro de quienes viven y trabajan en el medio rural, y maltratando los recursos naturales y ecosistemas de los que depende nuestra seguridad alimentaria", concluye.