Media Europa se encuentra afectada por las protestas del sector agrario, movilizado a gran escala para exigir cambios en las políticas nacionales y europeas.
Sus quejas, protestas y tractoradas se enmarcan en un contexto de gran crisis del sector, sobre todo en las producciones más pequeñas, que se encuentran ahogadas por los nuevos y costosos requisitos del marco europeo, los mayores costes del negocio y los menores ingresos por su producción.
Las protestas agrarias en Europa
Francia fue el foco inicial de las protestas donde, a partir de una cuestión de ámbito local, la situación se extendió a media Europa por la pésima situación del sector. Aunque posteriormente se llegara a un principio de acuerdo para solucionarlo, las protestas se desataron cuando el gobierno galo intentó eliminar la exención fiscal sobre el diésel agrícola como parte de su política de transición energética. Esta medida y la consideración del exceso de regulación gubernamental sobre su actividad, desataron las protestas masivas de los agricultores y la paralización de media Francia.
Esta mecha prendió en otros muchos países europeos que, partiendo de una mala situación general, adaptaron los motivos de la movilización a causas domésticas en un frente prácticamente común. Así, en Países Bajos el foco que capitalizó las movilizaciones fue el plan medioambiental del gobierno que pretendía reducir las explotaciones ganaderas para así disminuir las emisiones.
En el caso alemán, el centro de las exigencias era la vuelta de la subvención del diésel para profesionales ante las medidas del gobierno que se encaminaban a abandonar dicha financiación.
Más común era el sustrato de las quejas en otros países como Suiza o Grecia, encaminados hacia la mínima rentabilidad de su actividad. Los agricultores helvéticos exigían un pago justo por su trabajo, argumentando su escasa remuneración frente a los grandes márgenes que dejan sus productos en los supermercados. Parecida reclamación abanderaron los griegos, quejándose por la gran subida de los costes de producción que les obliga a vender sus productos con un margen casi inexistente.
El sur de Europa no se quedó al margen de las movilizaciones. Además de las protestas que amenazan con detonarse también en España, Portugal e Italia no se quedaron a la zaga. Los lusos se manifestaron contra el recorte de las ayudas de la PAC que llega a sus agricultores, así como por el final de la subvención al gasóleo. Mientras, los agricultores italianos centraron sus iras en el aumento de los costes de la producción y las nuevas políticas verdes que condicionan su actividad.
En el este de Europa la situación está condicionada por un contexto regional. Países como Polonia, Rumanía o Bulgaria piden un blindaje contra el cereal ucraniano, cuyas tasas fueron reducidas a raíz de la guerra para facilitar la situación de la economía ucraniana, y que ahora compite en ventaja con los productos de otros países comunitarios de la región. En este mismo sentido, también se pide el blindaje contra otros productos agrarios ucranianos como azúcar, carne o huevos.
La situación en España
En una situación europea de tal agitación, el campo español también tiene sus propias reclamaciones y, descontentos con las medidas y explicaciones del Ministro del sector, también están preparando movilizaciones, centrando sus iras contra Bruselas y lo que denominan como la primacía del medioambiente frente a la economía del sector agrícola.
En esta cuestión hay varios aspectos que centran las quejas del sector agrícola español. En primer lugar solicitan la simplificación de la PAC, apelando a la total asfixia normativa que sufren las explotaciones del sector para cumplir todos los requisitos que exige Bruselas. Dentro de esta legislación también se hace una llamada a la reforma de los ecorregímenes, una serie de pagos directos realizados para implantar prácticas medioambientales medidos por hectáreas. Esta aplicación hace que muchas explotaciones queden fuera de estas ayudas, una situación de exclusión que puede agravarse en un contexto de sequía y con la presencia de cultivos en zonas consideradas como áridas.
Las graves sequías de los últimos años afecta de manera muy especial al sector, incluso con restricciones de uso de agua y sin ningún tipo de compensaciones. Así, también solicitan la mejora de los seguros agrarios contra la sequía, por el endurecimiento de sus condiciones a tenor de la mayor recurrencia por el cambio climático.
Otro foco de debate es la Ley de Cadena Alimentaria, donde se solicita la inclusión de unos pagos mínimos por los productos agrícolas, ya que en la explotación los cultivos se pagan a un precio ridículo que apenas cubre los costes de producción, pero luego se encuentran a elevados precios en los lineales de los supermercados.
En el caso de los acuerdos con terceros países, el campo español tiene su propia batalla con las exportaciones con Marruecos, solicitando que a los productos marroquíes se les exijan los mismos requisitos y cumplimientos que a los productos locales.
Además, en una mirada hacia el futuro, se exige la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes que quieran trabajar en el campo. Aquellos que no pertenecen al sector por una tradición familiar tienen muy difícil su acceso a un mundo donde hay una gran tasa de envejecimiento en sus trabajadores y donde se vislumbra una próxima jubilación masiva de agricultores.
La traslación del problema a Bruselas
Este sustrato común de descontento en el sector agrícola europeo se enmarca en la negociación de una nueva PAC en Bruselas, por lo que varios temas comunes que afectan a los agricultores de todos los países centran el debate en la sede comunitaria.
El mayor centro de atención recae sobre la subida de los costes de producción frente al congelamiento o disminución de los precios de las cosechas, apuntando los agricultores hacia la implantación de precios mínimos o de intervención en origen.
Pero aparte de esa obvia cuestión económica, el sector sufre un complejo contexto de cambio cuyo germen puede retrotraerse hasta el Green Deal, o Pacto Verde Europeo, una serie de medidas para llegar a la neutralidad climática y la descarbonización de la economía europea, pero cuyo impacto en la agricultura no fue atendido. En ese contexto se entroncaban medidas como la reducción de pesticidas y fertilizantes, la transición hacia una agricultura ecológica, la imposición de objetivos medioambientales de restricción de emisiones de nitrógeno, impuestos al carbono y limitación del uso de agua o tierras…
Estas exigencias complican la situación de los agricultores europeos en varias facetas. En primer lugar todos los requisitos para cumplir la PAC suponen una gravosa carga administrativa y burocrática para los agricultores, que exigen mayor sencillez y mayor ayuda en dichos procesos, abogando por la eliminación de una gran carga burocrática que ahora es imprescindible para cumplir las normativas y optar a las ayudas europeas.
Dichas ayudas son otro caballo de batalla de los agricultores, que exigen un reparto más equitativo de dichas subvenciones, con un presupuesto insuficiente y, además, repartidas de manera injusta, obviando a las pequeñas explotaciones que, precisamente, son las que suelen realizar una explotación más sostenible desde el punto de vista social y medioambiental. De hecho, el 20% de los mayores agricultores de Europa son los que reciben el 80% del importe de las ayudas.
En la labor puramente agrícola se ha solicitado la eliminación de normativas como la que obliga al barbecho del 4% de las tierras, permitiendo la plantación de otro tipo de cultivos como lentejas, guisantes o habas, así como forraje o abonos verdes que además benefician el suelo. También apelan contra la obligación de la rotación de cultivos así como contra la limitación del uso de fertilizantes y plaguicidas.
Este tipo de medidas ambientales son otro punto polémico, ya que su alta exigencia en suelo comunitario no es correspondida con el cumplimiento de esas mismas condiciones en las importaciones de terceros países. Esta situación desata la indignación de agricultores europeos que ven cómo su producto debe cumplir una serie de requisitos que no se aplican en las exportaciones del mismo producto en otros países.
El comercio exterior es otro gran campo de batalla, apelando contra el acuerdo con Mercosur, una alianza económica de países sudamericanos con la que se llegó a un acuerdo de libre comercio en 2019, aunque no se llegara a ratificar, suponiendo una gran amenaza competitiva para los productos agrícolas europeos. Se han perfilado otros acuerdos similares con grandes productores agrícolas como Nueva Zelanda, Chile, México, India o Australia. Aunque con otros matices, la situación es similar con Ucrania donde, a raíz de la guerra, se suprimieron los aranceles a sus exportaciones, especialmente en el sector cerealístico, aunque se apunte a una posible vuelta del arancel si crecieran sobremanera sus exportaciones de aves, huevos o azúcar.
La compleja situación del sector agrícola amenaza con convertirse en una crisis de mayor alcance si no se ataja y sigue un efecto dominó. La paralización agrícola afectaría al suministro de comida en primer lugar, especialmente en las grandes ciudades, pero la falta de suministros no sólo influiría en ese sentido, sino que también podría paralizar el transporte de mercancías por el parón en la cadena de suministros. Además, para asegurar el suministro de alimentos, debería recurrirse a importaciones, causando un grave perjuicio económico que podría arrojar complejas consecuencias.
En este contexto de crisis también ha habido una importante movilización política capitalizada por la extrema derecha, que ha tratado de aglutinar las quejas de los agricultores para lograr un beneficio político. Su argumentario comenzó cargando contra las exigencias de la reforma de la UE, hablando de una propuesta ideológica que no pensaba en las verdaderas necesidades de los agricultores, sino que simplemente proponía una costosa transición pero sin pensar en su financiación.
Ante la movilización y las protestas de mundo rural y agrario, múltiples formaciones y partidos políticos europeos de ultraderecha también muestra públicamente la solidaridad con los agricultores, –aunque por otro lado apoyan todas las medidas ultraliberales que más perjudican a los pequeños y medianos productores–, asomando de esta postura múltiples posibles objetivos políticos: su habitual posición de descontento frente a la UE; la participación en manifestaciones contra los gobiernos que están tomando las medidas que causan las protestas; y, como telón de fondo, unas elecciones europeas en junio de cara a las cuales han visto un posible nicho de voto donde deslizar su mensaje político.