El pasado 12 de agosto de 2024 Ecologistas en Acción registró recurso de alzada ante la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada a la empresa Minera Los Frailes (MLF) (participada mayoritariamente por la multinacional Grupo México) para la concesión de explotación minera de la denominada Zona de Aznalcóllar, que se realizará en la provincia de Sevilla, en el recinto minero de Aznalcóllar, llevando sus aguas residuales industriales mediante una tubería de 30 kilómetros pasando por Sanlúcar la Mayor, Olivares, Salteras, Valencina de la Concepción y Santiponce, provocando un vertido tóxico frente al Estadio de la Cartuja en la capital de Sevilla.
La explotación minera llevará sus aguas residuales industriales mediante una tubería de 30 kilómetros provocando un vertido tóxico frente al Estadio de la Cartuja en la capital de Sevilla
Esa Autorización Ambiental Unificada fue anunciada el 11 de julio de 2024 por el entonces Consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco, junto con el Consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ante la prensa en el Parlamento de Andalucía y firmada por la Delegada Territorial de Medio Ambiente en Sevilla, Concepción Gallardo, ese mismo día.
Graves irregularidades legales
En el recurso de alzada Ecologistas en Acción argumentó suficientemente las graves irregularidades legales en las que había incurrido la autoridad ambiental al otorgar esa Autorización Ambiental Unificada, Y esas irregularidades constituyen motivos de nulidad de pleno Derecho de la AAU, y en consecuencia, con objeto de evitar que se ejecutara esa autorización ilegal, se solicitó al Consejero la suspensión de la ejecución de la autorización.
Pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la consejería competente no ha dado ninguna respuesta y por tanto el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se produce la suspensión automática de la autorización, por imperativo legal.
La suspensión de la AAU incluye la suspensión de la autorización del vertido tóxico al Estuario del Guadalquivir que fue informada por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que ahora dirige Ramón Fernández-Pacheco desde el 29 de julio.
Ese vertido sería de 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses de la fase preoperativa, consistente en vaciar las aguas contaminadas que se acumulan en el recinto minero desde 2001, y 68.000 millones de litros de vertido tóxico durante los 17 años de la posterior fase operativa. A pesar de la depuración que anuncian, el vertido contendría metales pesados como arsénico, plomo, mercurio, cadmio, cobre y zinc.
Los motivos de impugnación incluidos en el recurso de alzada de Ecologistas en Acción son: incumplimiento de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la AAU, incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados, modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años.
También se ha incumplido la obligación de realizar una adecuada Evaluación de Impacto Ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, desde la presa de Alcalá del Rio hasta la desembocadura del río en Sanlúcar de Barrameda, llegando hasta el Parque Nacional de Doñana, e incluyendo los impactos en la agricultura y ganadería ribereña, en los arrozales y en la acuicultura, y en las actividades pesquera y de cría y captura de mariscos. Tampoco se han evaluado los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena, que igualmente verterá sus aguas residuales industriales, igualmente tóxicas, al Estuario del Guadalquivir, en La Algaba. También se ha omitido en la AAU el obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la Ley 91/1978 de Doñana.
Tampoco se han evaluado los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena, que igualmente verterá sus aguas residuales industriales, igualmente tóxicas, al Estuario del Guadalquivir, en La Algaba
También se ha omitido en la AAU el obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la Ley 91/1978 de Doñana.
Junto al recurso de alzada, Ecologistas en Acción ha trasladado a la Consejería los informes técnico-científicos presentados en la Jornadas – El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros, realizadas el 20 de junio de 2024 en la Universidad de Sevilla, con presencia de investigadores de varias universidades andaluzas y que concluyeron con una declaración que manifestaba que “guiados por el Principio de precaución, hacen un llamamiento a las instituciones implicadas en las autorizaciones de estos vertidos mineros para que las pospongan o, caso de haberlas otorgado, las suspendan o revoquen hasta que no se disponga de un análisis científico riguroso e independiente que garantice la viabilidad socio-ambiental de dichos vertidos.”
Es por ello que el recurso de alzada de Ecologistas en Acción culmina con la petición a la Consejería competente de actos de instrucción destinados a la realización de 10 informes científicos de diferentes institutos y organismos independientes en materia de ecología, seguridad ambiental, dinámica de fluidos en estuarios y seguridad alimentaria.
Se ha omitido la evaluación del impacto ambiental que la reapertura de la mina de Aznalcóllar va a producir en las aguas subterráneas del acuífero de Gerena, que deberían servir de reserva de agua de consumo humano para Sevilla y su área metropolitana para situaciones de sequía
También se ha omitido la evaluación del impacto ambiental que la reapertura de la mina de Aznalcóllar va a producir en las aguas subterráneas del acuífero de Gerena, que deberían servir de reserva de agua de consumo humano para Sevilla y su área metropolitana para situaciones de sequía, y que igualmente ha sido y será afectado por la mina de Cobre Las Cruces.
Tras la catástrofe anunciada de 1998
Tras la catástrofe anunciada de 1998, cuando se rompió la balsa de lodos mineros y se produjo el vertido tóxico a la cuenca del Guadiamar, se depositaron en la Corta de Aznalcóllar (CAZ) aquellos lodos que de manera urgente fueron recogidos con camiones. Ahora en la AAU, que ha quedado ahora suspendida, se contemplaba seguir utilizando esa CAZ para depositar la mitad de los nuevos lodos mineros que se producirán en la fase operativa de la nueva explotación subterránea, unos 35 millones de toneladas de nuevos lodos mineros. Y también se usaría esa CAZ para verter los lodos de la planta de tratamiento de aguas y como balsa de emergencia para situaciones de funcionamiento defectuoso del vertido al Guadalquivir. En definitiva, pretendían convertir la Corta de Aznalcóllar en una instalación de residuos mineros tóxicos y peligrosos, es decir, una balsa de lodos mineros, prohibida expresamente por las bases del concurso minero que adjudicó los derechos mineros en 2015. Sin embargo, para camuflar esa realidad, tanto la autoridad ambiental como la autoridad minera pretenden considerar que esa utilización de la CAZ se trata de “operaciones de restauración minera”, evitando con ello la aplicación de la legislación ambiental que obliga a realizar un estudio de vulnerabilidad ante el riesgo de accidentes graves y/o catástrofes a este tipo de instalaciones de residuos mineros.
En definitiva, Ecologistas en Acción considera que la suspensión obtenida resulta el paso previo imprescindible para que las Consejerías competentes en materia de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y en materia de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reconsideren y revisen la Autorización Ambiental Unificada otorgada.
Lo contrario supondría de hecho la complicidad y colaboración necesaria del actual Gobierno de la Junta de Andalucía con los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental que serán juzgados a partir de marzo de 2025 en la Audiencia Provincial de Sevilla por los actos que condujeron en 2015 a la adjudicación de los derechos mineros al consorcio Minorbis-Grupo México y posteriormente a la empresa Minera Los Frailes.