El Gobierno español no gestiona bien las cuotas para los pescadores, de modo que las pesquerías no benefician al interés público, según un informe de la fundación New Economics Foundation (NEF), que concluye que el Ejectuvo puede hacer más por la industria pesquera para beneficiar al interés general.
El estudio señala que a pesar del carácter público de las cuotas pesqueras, el sistema español de asignación de cuotas se basa en mantener el statu quo y no en incentivar mejores prácticas pesqueras, ya que asigna gran parte de sus cuotas pesqueras con criterios múltiples como el tamaño del buque o las capturas históricas, e incluso, algunas de estas cuotas se pueden comprar y vender para transferir la titularidad.
Por ello, la NEF recomienda al Ejecutivo que a la hora de asignar las cuotas tenga más en cuenta consideraciones sociales, medioambientales y del público en general.
También subraya que un sistema de intercambio entre pares permitiría que los pescadores en España se beneficiasen de las nuevas tecnologías y sacasen máximo partido de sus especialidades y modelos de pesca.
La investigación de la fundación británica refleja la disparidad entre 12 Estados miembro analizados y concluye que como punto común hay un "fracaso universal" a la hora de conseguir los mejores resultados para la industria y el público general.
En este contexto, recuerda que las capturas totales admisibles en aguas europeas se acuerdan a través de negociaciones con los ministerios de la UE y cada gobierno decide de manera individual la distribución de esos derechos de pesca.
Un problema generalizado en Europa
De este modo, reclama a estos 12 estados miembro –Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido– que hagan "mucho más" para ofrecer acceso de forma justa a las poblaciones de peces.
El economista de NEF, Griffin Carpenter, ha manifestado que la pesca ha de ser "sostenible pero también ha de ser justa" y respecto a España, apunta que si gestiona mejor sus oportunidades de pesca, podría apoyar a los pescadores y a las comunidades costeras.
"En teoría, el sistema español de oportunidades de pesca utiliza múltiples criterios para decidir la asignación de cuotas. En la práctica, dichos criterios no garantizan incentivos para prácticas sostenibles o la continuación de pesquerías vulnerables, como la pesquería de caña de pequeña escala del atún rojo", ha valorado.
El informe refleja que los sistemas de unos y otros países son muy dispares. Por ejemplo, apunta que los pescadores belgas y de Países Bajos pescan muchas especies en las mismas aguas, pero en realidad, el enfoque de gestión entre los dos países es totalmente diferente.
Bélgica tiene un sistema de cuotas racionadas por el gobierno y Países Bajos un mercado de derechos de titularidad.
Sin embargo, la fundación apuesta por un sistema satisfactorio que permita que los pescadores prosperen y que los ciudadanos resulten beneficiados mediante un proceso de toma de decisiones justo y responsable.
En general, el estudio añade que a pesar de que algunos estados miembro obtienen mejores resultados, en todos los casos la gestión de las pesquerías resulta costosa de gestionar y genera pocos ingresos públicos.
Por ejemplo, una de las carencias que destaca es que conseguir acceso a la industria pesquera para los nuevos candidatos es difícil y la transparencia de muchos sistemas de oportunidades de pesca es baja. Por ello, concluye que los Gobiernos deben esforzarse más para mejorar los sistemas y la pesca para obtener los mejores resultados posibles para sus ciudadanos.
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