Unidas Podemos ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía, llevando un paso más allá su propuesta dentro del Gobierno de coalición del que forma parte junto al PSOE.
Con esta empresa, que bautizan como Producción Eléctrica Española (EPE), el grupo confederal propone asumir concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando pero también impulsar nuevas instalaciones de energía renovable.
Además de propiciar una rebaja en la factura de la luz, esta formación plantea que la nueva sociedad colabore con las empresas públicas municipales ya creadas o que puedan crearse para comercializar y gestionar su suministro energético.
"Más que la excepción, en Europa es la norma"
Argumentan que, si la media en la OCDE de participación pública en las empresas energéticas es del 40%, en España se queda en el 5%, siendo el segundo mercado eléctrico más privatizado, sólo por detrás de Portugal, y que otros países como Francia, Italia, Suiza, Países Bajos, Austria o Finlandia cuentan ya con una empresa pública de energía.
"La existencia de una empresa pública, más que la excepción, es la norma", ha esgrimido en rueda de prensa en el Congreso para presentar la iniciativa su portavoz, Pablo Echenique, que ha recordado que en España ya tuvo una empresa pública, Endesa, privatizada por los gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) y hoy propiedad de Enel, controlada por el Estado italiano.
Echenique ha recordado que la propia Constitución establece que toda la riqueza del país está subordinada, sea pública o privada, al interés general y ha señalado cómo en el primer semestre del año, antes de alcanzar los niveles máximos en el precio de la electricidad, las tres grandes empresas energéticas registraron 1.844 millones de euros de beneficio en el caso de Iberdrola, 832 millones Endesa, y Naturgy otros 484 millones.
Insisten en limitar los precios de nuclear e hidráulica
La creación de una empresa pública es una de las principales propuestas que Unidas Podemos ha venido trasladando a la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, competente en materia energética, para combatir la escalada del precio de la electricidad, que ha pulverizado en el último mes récord tras récord en el mercado mayorista.
Desde esta formación asumen que se trata de una medida "estructural" con efectos a medio plazo, pero como medida inmediata proponen establecer un precio fijo al megavatio nuclear y un precio máximo a la energía hidráulica, con menores costes variables y, por tanto, con mayores márgenes de beneficio en la escalada de precios.
Sin embargo, Ribera descartó una intervención en los precios, esgrimiendo la "prohibición expresa" del derecho comunitario a fijar precios máximos o mínimos. El propio presidente Pedro Sánchez este martes respaldó las palabras de su vicepresidenta asegurando que el Gobierno adoptaría medidas, pero "siempre dentro del marco regulatorio europeo".
Eólica y fotovoltaica están fuera del sistema marginalista
Echenique ha replicado en su intervención Unidas Podemos está "de acuerdo" con medidas "compatibles" con esta normativa, y que sus medidas lo son. Así, ha puesto el ejemplo del sistema ARENH de Francia, con un precio fijo a la energía nuclear, pero también al precio con el que se retribuye la generación fotovoltaica y eólica en España.
"Reciben un precio de referencia que se fija previamente en subasta. El mercado español ya está intervenido, no reciben precio del mercado marginalista", ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, que cree que "si eso es compatible con la normativa europea, fijar un precio máximo también lo es". "Resultaría muy difícil explicar que se puede fijar un precio de la fotovoltaica y la eólica y, sin embargo, con la hidroeléctrica no se pueda", ha dicho.
Preguntado por si había informado a su socio del registro de esta iniciativa, Echenique ha asegurado haber enviado la proposición de ley "una hora o dos" antes de presentarla ante los medios de comunicación pero que, en todo caso, su propuesta ya había sido trasladada en las últimas semanas.
"Más allá del texto concreto, el PSOE ya conoce nuestra propuesta. Incluso la ministra ha abierto la puerta a ello", ha dicho, recordando cómo Ribera ha aceptado como posibilidad que las concesiones vayan caducando se integren en una sociedad pública.
Gestionar el agua para el interés general y no maximizar beneficios
Junto a Echenique, su portavoz de Transición Ecológica, Juantxo López Uralde, ha defendido la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, tanto por su efecto en el mercado como en su gestión medioambiental, recordando que algunas de las concesiones, como la de Ricobayo (Zamora), protagonista este verano por su vaciamiento por parte de Iberdrdola, ya podía haber sido recuperada en 2011.
Según los datos del Observatorio de Sostenibilidad, alrededor del 7% de las concesiones, en términos de volumen embalsado, ya han expirado y, sin embargo, a muchas de las centrales se les ha extendido la concesión de forma automática. Hasta 2030 la previsión es que otro 8% puedan ser recuperadas. Sin embargo, ha lamentado la ausencia de un registro público para conocer estos vencimientos, para el cual prevén su creación en la nueva ley.
Según Red Eléctrica, en España hay instalada 17.098 megavatios de potencia hidroeléctrica, controlada fundamentalmente por Iberdrola (9.715 MW), Endesa (4.793 MW) y Naturgy (1.951 MW). Por sus características, esta tecnología permite almacenar y planificar cómo y cuándo generar electricidad con sus bombeos y turbinados, para maximizar la generación de energía.
"Es la tecnología de generación descarbonizada más adecuada para gestionar la intermitencia de otras energías como la solar o la eólica", ha incidido el coordinador de Alianza Verde, defendiendo que la gestión de un recurso como el agua pueda regirse por criterios de sostenibilidad y de interés general, y no por la búsqueda de maximizar beneficios.
La hidráulica bajo sospecha
Precisamente la energía hidroeléctrica ha sido especialmente señalada durante esta crisis, no solo por Unidas Podemos, que exige recuperar todas las concesiones según vayan caducando, sino por la propia Teresa Ribera, que en el Congreso lamentó la falta de "empatía social" de las compañías y cuestionó maniobras como el vaciado de embalses para maximizar beneficios en este contexto.
Ribera realizó estas declaraciones durante su comparecencia en el Congreso este lunes, en la cual señaló que la hidroeléctrica había marcado el precio máximo en más de la mitad de las horas de los últimos meses (entre un 59% y un 65% desde junio, en plena escalada récord del precio de la electricidad).
Una tecnología que, además, no incorpora en su generación ni gas natural ni derechos de emisión de CO2, dos de los factores a los que se han aludido para explicar el encarecimiento del precio de la electricidad en toda Europa.