Una nueva investigación internacional que examina las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el mundo reclama una urgente y profunda reorganización de la economía mundial pospandémica para evitar más daños planetarios.

El informe señala que las normas comerciales, las políticas económicas, la carga de la deuda, las subvenciones y las lagunas fiscales existentes, así como el prolongado incumplimiento de los compromisos de gasto por parte de los países ricos, no sólo están socavando los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, sino que son motores fundamentales del daño ecológico.

El estudio, realizado por  investigadores e investigadoras  de la Universidad de Lancaster, en Reino Unido; la Universidad de Columbia Británica, en Canadá, y la Universidad de Duke, en Estados Unidos, se centra en explicar el incumplimiento de los compromisos contraídos con el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un importante tratado multilateral cuyo objetivo es conservar y utilizar de forma sostenible la biodiversidad, y compartir sus beneficios de forma equitativa.

Las  investigadoras e investigadores  han descubierto que el enfoque global para establecer la política de biodiversidad está sesgado: los debates giran en torno a cómo incorporar la naturaleza a las reglas del juego económico existentes, en lugar de examinar cómo las reglas están creando el problema en primer lugar.

El informe también pone de manifiesto que las inversiones en proyectos de mejora de la naturaleza no contribuyen a frenar el agravamiento de la crisis de la biodiversidad, porque se ignoran los factores económicos subyacentes. Los autores y autoras advierten de que, aunque sería positivo aumentar la financiación de las medidas de biodiversidad, es necesario abordar diversos factores económicos para que los planes sean eficaces.

 

La degradación de la biodiversidad

 

A su juicio, esos factores serían las normas de comercio e inversión que potencian la degradación de la biodiversidad; un crecimiento exponencial de la financiación pública y privada de las industrias que degradan la biodiversidad, o políticas generalizadas de austeridad y liberalización del comercio que se imponen como condición para acceder a la ayuda financiera.

Asimismo, se refieren a la carga de la deuda de los países en desarrollo, que agota las finanzas públicas y hace imposible la inversión en conservación y uso sostenible para muchas naciones; las desigualdades internacionales y nacionales arraigadas para las que el desarrollo económico perjudicial para la biodiversidad se plantea como la única cura; el gasto público en subvenciones que perjudican la biodiversidad eclipsa el gasto internacional en iniciativas de biodiversidad, Y la evasión de impuestos por parte de las élites y empresas ricas, que drena aún más las arcas públicas.

Los  investigadores e investigadoras  demuestran que los países más ricos no están cumpliendo con sus obligaciones de financiación derivadas del tratado (CDB). En cambio, en los casi 30 años transcurridos desde el nacimiento del CDB en 1992, los signatarios del mundo rico sólo han pagado alrededor de la mitad (58%) de lo que prometieron, mientras persiguen agendas económicas que contribuyen a las causas de la pérdida de biodiversidad, o incluso las profundizan.  

 

La sexta extinción

 

La doctora Jessica Dempsey, del Departamento de Geografía de la Universidad de la Columbia Británica, es la investigadora principal del informe. Según ella, "la investigación demuestra que no sólo son necesarios más recursos financieros para frenar la crisis de la biodiversidad, sino que necesitamos un replanteamiento más amplio sobre cómo las reglas de la economía están impulsando la sexta extinción".

"Tenemos que revisar a fondo aspectos como la política fiscal y de propiedad intelectual, e incluso ideas enteras que guían el funcionamiento de la economía mundial, como lo que significa que los gobiernos sean 'financieramente responsables' cuando la austeridad tiene un historial tan pobre de obtener buenos resultados ambientales", añade.

"Para establecer una analogía con la actual pandemia, el FMI ha propuesto recientemente pagos solidarios al Sur Global -dice Lim Li Ching, de la Third World Network-. Esto también sería un buen paso para la biodiversidad, pero debe ir acompañado de profundos cambios estructurales, empezando por que el FMI deje de imponer la austeridad en esos mismos países".

Los autores y autoras destacan cómo las desigualdades sociales de raza, género, clase y casta no sólo influyen en cómo se sienten los efectos de la pérdida de biodiversidad, sino que ellas mismas impulsan la extinción y la degradación ecológica al empujar injustamente a los países en desarrollo y a las comunidades financieramente pobres a seguir estrategias de supervivencia y desarrollo ecológicamente perjudiciales. Por ello, la justicia social y medioambiental debe ser un elemento central en los esfuerzos por abordar la crisis de la biodiversidad.

 

Justicia social y medioambiental

 

El informe también se centra en las deudas, tanto monetarias como ecológicas, acumuladas por el mundo rico a costa de los pobres. Los autores y autoras afirman que el reembolso de estas deudas es crucial, pero no puede llevarse a cabo únicamente mediante la aportación de más fondos a través de los canales existentes: también es necesaria una nueva normativa mundial para crear una economía más equitativa.

Las autoras y autores del estudio, publicado por Third World Network y la Universidad de Columbia Británica, afirman que ahora es el momento de actuar con Covid-19 acelerando un replanteamiento de la estructura y la regulación de la economía mundial que lleva mucho tiempo gestándose.

En un documento informativo que acompaña al informe completo, investigadores e investigadoras  presentan cinco recomendaciones para alejar los procesos económicos mundiales del agotamiento de la biodiversidad.

Así, hacen un llamamiento a los 196 gobiernos que son Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) para: acabar con el nexo entre deuda y austeridad que alimenta el "extractivismo" e impide la aplicación del CDB; regular la financiación y penalizar a las industrias que se sabe que dañan la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales; garantizar que la financiación de la biodiversidad no impida el cambio transformador ni socave los objetivos del CDB; reducir las desigualdades nacionales e internacionales de riqueza y poder que impiden el cambio transformador; y actuar para desmantelar las desigualdades de clase, casta, raza y género que sustentan la pérdida de biodiversidad e impiden la conservación y el uso sostenible.