Expertos han loado este miércoles la Directiva Europea 2024/825 para proteger a los consumidores de prácticas desleales en la transición ecológica, pero han reclamado más medidas para acabar con el fenómeno.

Una Directiva que, como señaló Carlos Berbell, director de Confilegal en su introducción -fue el moderador- “promete sanciones severas y una regulación más clara para las afirmaciones ambientales de las empresas”

«Por primera vez, tenemos un instrumento legal que no solo castiga el engaño, sino que también promueve la transparencia y la verificación independiente”

El objetivo de la Directiva (UE) 2024/825, que entró en vigor el pasado 26 de marzo, es acabar con la ecoimpostura y también la obsolescencia temprana, reforzando las obligaciones de información a los consumidores.

 

Greenwashing o blanqueamiento verde

 

Así lo han hecho la abogada asociada sénior de ESG de Herbert Smith Freehills Leonie Timmers; el miembro de Creatives for the Future Nico Ordozgoiti; la periodista Marta Montojo; y el director de Consumidor Global, Alejandro Tercero, en el Foro de Expertos Confilegal, celebrado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

En la actualidad, el greenwashing o blanqueamiento verde está considerado una práctica desleal que acarrea sanciones económicas muy gravosas para las compañías que incurren en este tipo de prácticas. Además de dañino para los consumidores, también perjudica a aquellas empresas que realmente han implementado prácticas sostenibles a su modelo productivo.

 

Sanciones específicas y prohibiciones a empresas

 

En Europa, varios países y ciudades ya han atajado con normativa propia este fenómeno y han impuesto sanciones específicas y prohibiciones a empresas, algo que otros países del mundo tienen aún más desarrollado. En España, también hay causas abiertas pendientes de resolución.

No tiene sentido que las compañías vayan rezagadas con respecto a la legislación, sino que deberían adelantarse a la misma

Timmers ha recordado que en Europa que ya existe una abundante legislación sobre la materia. Sin embargo, ha asegurado que la norma incluye la prohibición de omitir información material o de publicar aquella que no sea verdadera, la obligación de respaldar las informaciones sobre sostenibilidad basándose en datos o el añadido de un listado con prácticas desleales, que a su juicio son "fundamentales". Así, confía en la legislación porque al aumentar los requisitos "cada vez es más difícil hacer greenwashing.

De su lado, Ordozgoiti ha apuntado que "no es tan difícil vender la moto al consumidor" y engañar a la sociedad "podría perjudicar a la empresa responsable". Por lo tanto, según ha dicho, no tiene sentido que las compañías vayan rezagadas con respecto a la legislación, sino que deberían adelantarse a la misma.

La nueva Directiva greenwashing es “un cambio de paradigma en la regulación de esas prácticas”

Los cambios que introduce la directiva europea son "imprescindibles", ya que los consumidores no están especialmente concienciados con este fenómeno.

 

"El consumidor incluso asume que los mensajes que oye son falsos"

En la misma línea se ha expresado Tercero, que no cree los consumidores "estén especialmente concienciados" con este fenómeno. "El consumidor incluso asume que los mensajes que oye son falsos", ha lamentado. Pero todos ellos coinciden en que los cambios que introduce la directiva europea son "imprescindibles".

“Una parte crucial de esta directiva es su enfoque en la verificación independiente de las afirmaciones medioambientales. Las empresas ya no pueden simplemente afirmar ser ‘verdes’ sin un respaldo sólido. Deben proporcionar evidencia verificable y, en muchos casos, esta información debe ser validada por terceros independientes antes de que pueda ser comunicada al público