"El 1 de enero, papel cero", es la consigna que llevaba meses repitiéndose en las dependencias judiciales españolas. Pues el día ha llegado. Esta semana se pone en marcha un programa de digitalización que debería poner fin paulatinamente al penoso espectáculo de miles de carpetas polvorientas amontonadas en estantes, en mesas, en el suelo y transportadas en carros de supermercado que es habitual en los juzgados de todo el país.

La supresión de las comunicaciones sobre papel, que permitirá ahorrar cientos, tal vez miles de millones, de folios al año, es consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada en junio pasado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, tras haberlo sido por el Gobierno en febrero. La ley establece que todos los asuntos entre profesionales, las notificaciones y trámites entre los colectivos jurídicos y las sedes judiciales de la jurisdicción civil se hagan de ahora en adelante por vía electrónica.

La puesta en marcha de esta nueva manera de trabajar debería suponer un ahorro de 70 millones de euros al año para el Ministerio de Justicia, y de 421 millones para el conjunto de personas físicas y jurídicas y organismos afectados en el conjunto del país, según afirmó en noviembre el entonces ministro del ramo, Rafael Catalá.

El programa LexNet ahorró en la anterior legislatura 14 millones de euros en papel 

Se trata de una medida de profundo impacto, no sólo administrativo, pues debe permitir agilizar los siempre farragosos trámites de la burocracia judicial, que acumula cientos de miles de casos, y económico, porque ha de reducir los costes del consumo de papel y muchas horas de trabajo, sino también ambiental. Además del ahorro en papel, contribuirá a evitar decenas de miles de desplazamientos anuales para trámites y de envíos de documentación, con las consiguientes emisiones de los medios de transporte empleados, aunque el Ministerio de Justicia, consultado por EcoAvant.com, no dispone de ninguna estimación al respecto. 

Sirva al menos de ejemplo la disminución en número de viajes que permitirá la aplicación de la Ley de reforma del Registro Civil, aprobada en junio, por la que, desde el 15 de octubre, se lleva a cabo la tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los mismos centros sanitarios. En este caso es más fácil prever su impacto: evitará más de 450.000 desplazamientos al año al Registro Civil de padres y familiares.

El ahorro en recursos por el empleo de los medios electrónicos será muy grande porque el número de personas afectadas por la medida es también muy grande. En septiembre de 2014 había en España 5.171 jueces, 2.407 fiscales y 7.685 jueces de paz, además de procuradores y abogados. Todas las comunicaciones entre los mismos y con los cientos de miles de ciudadanos implicados en procesos judiciales se han venido haciendo hasta ahora mayoritariamente en papel. Desde ahora, por ejemplo, se podrán usar los datos de correo electrónico y de número de teléfono para la localización de los demandados y se podrá informar mediante mensaje SMS al teléfono móvil del interesado de que se le ha de practicar una notificación.

Intercambio seguro

El ministerio destinó durante 2015 un total de 47,6 millones de euros con cargo a su presupuesto para la implantación de los medios que deberían hacer posible la sustitución de las comunicaciones en papel por las electrónicas, entre los que el principal es el programa LexNet, definido por la administración de Justicia como "una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos judiciales (notificaciones, escritos y demandas)".

Este sistema se comenzó a usar en 2004, y, según Justicia, contaba hasta ahora con más de 52.000 usuarios, era empleado en más de 3.500 órganos judiciales y había permitido intercambiar más de 160.000.000 de comunicaciones –lo que supondría un ahorro por lo menos equivalente en número de hojas de papel empleadas para plasmarlas–.

Órganos judiciales y Oficinas de Registro y Reparto (Secretarios Judiciales), procuradores y colegios de procuradores, Abogacía del Estado, abogacías dependientes de la misma (FOGASA, SEPES, AEAT y Consorcio Compensación de Seguros), la abogacía de las comunidades autónomas, la de la Seguridad Social, las fiscalías, abogados y colegios de abogados, graduados sociales y comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son los potenciales usuarios del sistema.

En 2010, según el ministerio, se realizaron más de 11 millones de notificaciones por Lexnet, cuya utilización supuso un ahorro diario de 4 millones de folios. La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés Martín, aseguró a finales de septiembre pasado que la tramitación telemática logró, durante la pasada legislatura, un ahorro de 14,5 millones de euros en papel y de 18,3 millones de horas de trabajo.

El trámite digital de nacimientos y defunciones evitará 450.000 viajes al año

Según el ministerio, se esperaba que Lexnet funcionara ya el 1 de enero en los juzgados y tribunales de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias de justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla), aunque para la tramitación completa de expedientes judiciales electrónicos habrá que esperar unos cuantos meses más.

Los partidos en la oposición hasta las elecciones generales de diciembre, los sindicatos y los colectivos de funcionarios manifestaron sus dudas de que la eliminación del papel en las sedes judiciales sea posible antes de un periodo de tiempo bastante prolongado, y temen un posible colapso en los juzgados, aunque el plan ya prevé un periodo gradual de implantación hasta el mes de julio.

En Cataluña, una de las comunidades autónomas que tienen transferida la competencia de la justicia, y donde trabajan, según datos de 2010 de la Generalitat, la administración catalana, 700 jueces y magistrados, 350 fiscales, 600 secretarios judiciales y unos 8.000 funcionarios, además de 900 procuradores, 18.300 abogados y cerca de 18.000 miembros de los cuerpos policiales, funciona desde el año citado la plataforma e-justicia.cat, presentada como "un sistema de información global en el cual se incorporan diferentes aplicaciones informáticas que prestan servicio a las diferentes unidades del ámbito judicial". De momento sólo está operando en la jurisdicción civil.

Según fuentes de la Generalitat consultadas por EcoAvant.com, es el medio "más avanzado" de los que funcionan en el conjunto del Estado y a través del mismo pueden llevarse a cabo muchas más tareas que con el programa del ministerio. El Gobierno catalán tampoco dispone de datos ni estimaciones sobre el posible impacto ambiental de su uso, un aspecto que no aparece ni tan siquiera citado en las informaciones sobre los respectivos programas de "justicia sin papel" emitidas por una y otra administración. Y seguramente es el más importante.