Entender una cosa tan cotidiana como la factura de la luz no es una tarea sencilla. Lo han intentado algunos medios de comunicación sin poder llegar a desentrañar buena parte de los detalles impuestos por un régimen oligopolístico en el que las grandes compañías eléctricas controlan la producción, distribución y venta de la energía en un proceso opaco en el que se venden a ellas mismas su propio producto –fijando arbitrariamente el precio– para después revendérselo al consumidor final.
Y revendérselo a un precio que, aunque aseguran que está por debajo del coste de producción, en los último años no deja de incrementarse –desde 2002 se ha doblado– y ya está casi un 30% por encima de la media europea, según ha puesto de manifiesto un estudio realizado por la asociación FACUA-Consumidores en Acción en colaboración con otras homólogas de todo el continente.
Según FACUA, las tarifas españolas ya superan en un 30% la media europea
A finales de año, coincidiendo con el escándalo de las subastas amañadas de la producción eléctrica y el creciente cuestionamiento del supuesto déficit tarifario, las grandes empresas eléctricas, a través de la patronal UNESA, publicaron en los medios mayoritarios un anuncio en el que aseguraban que, del total del recibo de la luz, sólo un 38% se destinaba a abonar el consumo eléctrico realizado por cada hogar o empresa.
Según esta interpretación, el resto, hasta un 62%, es recaudado por el Estado a través de diferentes impuestos, subvenciones a las energías renovables y otras tasas. Así pues, sería el Gobierno y no ellas el responsable final de las continuas subidas del precio de la energía que consumimos.
Pero esta versión ha sido desmentida desde diferentes frentes, al considerarla interesada y confusa, cuando no directamente falsa. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la asociación que agrupa a los pequeños productores de energía solar, publicó su propio gráfico en el que desmenuzaba los diferentes conceptos del recibo de la luz. El resultado fue muy diferente al que publicitaron los grandes medios de forma acrítica y publicitaria.
Según sus cálculos, hasta un 55% del recibo va directamente a los bolsillos de las compañías eléctricas. ¿Cómo se explica está diferencia? Pues porque una buena parte de lo que UNESA consideraba “tasas y subvenciones” acaba en la cuenta de resultados de sus asociadas, principales beneficiarias de la mayoría de ayudas públicas pagadas con lo recaudado en la factura final al consumidor.
Desde los 46 céntimos por las restricciones de garantía de suministro de carbón hasta los 2,31 euros de la moratoria nuclear, las grandes compañías eléctricas cobran también por el llamado “déficit tarifario”, las pérdidas en transporte, el coste extra del servicio insular e incluso el “sobrecoste de los servicios de ajuste”, sea lo que sea lo que tan críptico concepto signifique. Así, hasta sumar casi 20 euros de la factura media, estimada en unos 55,15 euros al mes.
Falta de competencia
A ello habría que sumar, además, las ayudas a las inversiones en energías renovables de estas grandes empresas –un 8,18% frente al 9% destinado a las que reciben los productores independientes–, el apoyo a la cogeneración y al tratamiento de residuos o las subvenciones a la industria.
A la paradoja de que un sector industrial critique las subvenciones de las que se beneficia hay que sumar otra “trampa” en el cálculo que ofreció UNESA. Y es que en el campo de las cargas fiscales incluyeron el IVA que les toca pagar como empresa. “Ya de paso, podrían descontar la Seguridad Social y el IRPF de sus empleados, o los sueldos de sus Consejos de Administración” señalan irónicamente desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), otra de las asociaciones que se ha molestado en analizar y desmontar la publicidad engañosa de la patronal eléctrica.
Desde OCU ponen también el acento en los márgenes de comercialización –el sobreprecio que cada compañía puede incluir una vez abonada la tarifa oficial–, que consideran inflados por la falta de competencia, especialmente por Iberdrola, que llega a vender el KW/h hasta un 28% por encima de la media.
Al calor del conflicto abierto estos días entre Gobierno y grandes eléctricas, el primero acaba de anunciar una nueva reforma que debería permitir ahorrar hasta un 3% en la factura anual a los consumidores particulares.
Los contadores horarios no estarán en todas las casas hasta finales de 2018
Sin embargo, no se trata de una rebaja real del recibo, sino de un nuevo sistema de contabilización al minuto que permitiría consultar a cada momento el precio de la electricidad para así aprovechar los momentos en que ésta se encuentra más barata para conectar entonces los electrodomésticos que más consumen.
Al margen de la enorme dificultad práctica que supone consultar la evolución del mercado eléctrico por internet u otros medios antes de poner una lavadora o encender el microondas, hay otra traba aún más insalvable para la mayoría de los consumidores, y es que para que este esfuerzo sirva de algo será necesario disponer de un contador horario, del que por el momento sólo disponen menos del 10% de los 16 millones de abonados al régimen común.
Así, para el 90% de hogares y pequeñas empresas españolas, la reforma anunciada a bombo y platillo por el Ministerio de Industria no pasará de ser un espejismo que no permitirá ahorro ninguno, ya que el plan para su instalación no está previsto que se complete hasta el 31 de diciembre de 2018.
A finales de 2015 sólo serán un 30% los domicilios dotados del dispositivo. Y, aun así, como la parte del recibo sujeta a los cambios variables del precio de la energía supone únicamente el 41,2% del mismo, la parte relacionada con la producción y distribución de energía seguirá imponiendo su peso mayoritario sobre la factura final: las subvenciones, tasas y otras ayudas que tan bien denunciaban las grandes compañías continuaran fijas en la factura mientras no se inicie una auténtica transición hacia un nuevo modelo energético.