Las multinacionales de la electrónica de consumo Samsung (surcoreana) y Apple (estadounidense) son las dos primeras marcas sancionadas por las autoridades de un país por aplicar en sus productos la denominada obsolescencia programada, el diseño de un artículo para acortar deliberadamente su vida útil, una estrategia comercial que está disparando el consumo de recursos naturales y el volumen de residuos en el planeta desde hace décadas. 

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM, por sus siglas en italiano) ha impuesto una multa a Samsung y dos a Apple por haber obligado a los consumidores a realizar actualizaciones de sus teléfonos móviles que causaron "fallos de funcionamiento graves" y que "redujeron significativamente el rendimiento", según informó el organismo regulador este miércoles en un comunicado.

En concreto, la AGCM ha multado a Apple con 10 millones de euros y a Samsung con cinco millones. Los reguladores italianos han asegurado que esos dos fabricantes habían "inducido a los consumidores" a instalar varias actualizaciones sin proporcionar la "información adecuada" y sin que existiera la posibilidad de "restaurar la funcionalidad original" de los productos.

Hay lavadoras e impresoras que se 'mueren' tras X operaciones

Apple hizo lo mismo en relación a la actualización a iOS 10 por parte de los usuarios de los terminales de la familia iPhone 6 sin detallar que demandaba un mayor gasto energético y podría provocar "paradas repentinas". Asimismo, la AGCM ha dictaminado que Apple también actuó en contra de las normas italianas al no informar sobre la vida útil de las baterías de sus teléfonos, motivo por el cual la multa impuesta a la empresa con sede en Cupertino (Estados Unidos) ha sido mayor.

Se trata de una decisión pionera que puede sentar un precedente en la lucha contra la generación de residuos y la cultura del usar y tirar. En noviembre del año pasado, las autoridades francesas abrieron una investigación contra la compañía Epson por "obsolescencia programada" y "engaño": se sospecha que el fabricante japonés de impresoras indica en los aparatos que los cartuchos están vacíos pese a que aún haya tinta. Dos meses antes, la asociación Hop (siglas en francés de Alto a la obsolescencia programada) había denunciado por esta razón a las marcas Epson, Brother, Canon, y HP, pero sólo la primera ha sido objeto de un expediente hasta ahora.

Francia se convirtió en 2014 en el primer país del mundo en atacar desde la legislación la obsolescencia programada: En el marco de la Ley de Transición Energética aprobada por la Asamblea Nacional instauró multas de hasta 300.000 euros y penas de prisión de hasta dos años a los fabricantes que empleen esta nefasta estrategia comercial.

Despilfarro de recursos naturales

Se trataba de la primera vez que una legislación nacional admitía la existencia de “técnicas que pueden incluir la introducción deliberada de un defecto, una debilidad, una parada programada, una limitación técnica, incompatibilidad u obstáculos para la reparación” de un producto. En el preámbulo de la ley se denunciaba esta forma de producir como "una estratagema por la cual un bien verá su duración deliberadamente reducida desde su concepción, limitando así su vida útil por razones de modelo económico".

El texto, una propuesta del grupo parlamentario ecologista que fue apoyada por la izquierda en el Gobierno y rechazada en bloque por la derecha, aludía a la “urgencia ecológica” de poner fin al despilfarro de recursos naturales, “un 50% más que hace 30 años”, y la generación masiva de residuos: “más de 500 kilos por persona y año”, sin contar los que genera indirectamente debido a los procesos de producción de lo que consume.

La Unión Europea tiene la lucha contra estas prácticas como uno de los ejes de su estrategia a largo plazo para instaurar una economía circular. El verano del año pasado, el Parlamento Europeo instó a la Comisión Europea a tomar medidas para incentivar la comercialización de productos de alta durabilidad. Entre las posibles herramientas para ello estaría el uso de una etiqueta voluntaria que se sumaría al sistema de garantías sobre la fecha de caducidad de cualquier producto, para que el consumidor pueda elegir si quiere un producto más caro pero más duradero. En 2013, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la Unión Europea, aprobó un dictamen que exigía la prohibición total de la obsolescencia programada y proponía este tipo de etiquetado. 

Se introducen a posta defectos, limitaciones técnicas u obstáculos para la reparación

Un estudio de hace cuatro años del Centro Europeo del Consumidor, titulado La obsolescencia programada… las derivas de la sociedad del consumo, señalaba que los antiguos televisores de tubos catódicos podían durar hasta 15 años, mientras que los actuales no pasan de 10. Y que ocho de cada 10 lavadoras tienen las cubetas de plástico, en vez de acero inoxidable, mucho más resistentes a los golpes.

El estudio revelaba también la existencia de impresoras que dejan de funcionar al llegar a un número determinado de impresiones; lavadoras que se estropean a los 2.500 lavados exactos y no se pueden reparar; baterías de móviles programadas para que duren menos de dos años; televisores que se mueren a las 20.000 horas de encendido. Los artículos de última generación tienen una vida útil mucho más corta que la de sus antecesores tecnológicamente menos avanzados.

El diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens, uno de los primeros en teorizar sobre el tema, hablaba ya en 1954 de la táctica de “inculcar al comprador el deseo de poseer cualquier cosa un poco más reciente, un poco mejor y un poco más de todo lo que es necesario”.

Porque estas prácticas vienen ya de antiguo. El gran ejemplo es la bombilla eléctrica. En 1924, un grupo de grandes fabricantes que incluía a Philips, Osram y General Electrics acordaron limitar la vida de las bombillas a 1.000 horas, pese a que ya se había logrado que aguantaran 2.500. De hecho, hay una bombilla que lleva encendida de manera ininterrumpida desde 1901 en el parque de bomberos de Livermore, en Estados Unidos. Así que el problema no será técnico.

Es uno de los muchos ejemplos que aporta el documental Comprar, tirar, comprar, dirigido por Cosima Dannoritzer, una coproducción franco-española que se ha exhibido en televisiones de todo el mundo. La lista es larga: en los años 20 del siglo pasado, las medias de nailon que fabricaba Dupont eran casi irrompibles. No era negocio: las de ahora, a veces se rompen a las pocas semanas. La mayoría de las impresoras actuales llevan un chip que las hace dejar de funcionar cuando alcanzan un número determinado de impresiones (pero hay programas de software libre, como el del hacker Vitaly Kiselev, que resetean el chip y las dejan seguir funcionando).

El documental recuerda también que la batería de los primeros iPods duraba entre 9 y 12 meses y no había recambios. Una demanda colectiva contra Apple ante los tribunales forzó su alargamiento a un mínimo de dos años. Y que los coches de hace medio siglo duraban el doble que los actuales, para los que tampoco hay recambios para muchas de sus piezas.

Los fabricantes alegan que la causa es la exigencia por parte del mercado de que los productos sean cada vez más eficientes pero también más baratos. Los opositores a la ley francesa argumentan que su aplicación, que obligará a las empresas a vender piezas de recambio y reparar los productos que no alcancen una determinada duración, supondrá un freno comercial que reducirá el consumo interno y las exportaciones y por tanto alargaría la crisis económica.

En su libro Bon pour la casse (editado en España como Hecho para tirar), el economista francés y defensor de las teorías del decrecimiento Serge Latouche distingue tres tipos diferentes de obsolescencia planificada. En primer lugar estaría la técnica, que, aunque siga funcionando, deja al producto anticuado ante las nuevas posibilidades del entorno. En segundo lugar, la que genera en el consumidor la necesidad de renovar un determinado producto o comprar el último modelo a través de la publicidad y el marketing. Por último, el tercer tipo de obsolescencia sería la directamente programada. En su opinión, los tres modelos “funcionan en simbiosis”.

Para combatir la obsolescencia programada, la organización Amigos de la Tierra puso en marcha la campaña Alargascencia, que editó un directorio de establecimientos que sirven para alargar la vida útil de los objetos arreglándolos, compartiéndolos, reparándolos, alquilándolos, intercambiándolos o comprando y vendiendo de segunda mano.