En poco tiempo, proliferaron las tiendas que los ofrecían y hasta siete millones de europeos llegaron a utilizarlos (entre 600.000 y 800.000 usuarios en España). El sector llegó a generar un volumen de negocio de 2.275 millones de euros a nivel mundial en 2013. Su expansión en nuestro país fue fulgurante: en 2009 había sólo dos tiendas y a finales de 2012 eran ya 3.600 los establecimientos que los comercializaban y 6.000 personas las que vivían de ellos. Pero su caída también lo ha sido: a finales del año pasado quedaban apenas 400 locales. Y actualmente, sobreviven apenas 200, asegura la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE).
El 75% de los usuarios siguen fumando, y el 60% los carga con altas dosis de nicotina
Después de que numerosos estudios señalaran que, aunque es indudablemente menos dañino que el cigarrillo, este dispositivo vaporizador no es totalmente inocuo, la Unión Europea se dio cuenta de que el producto se encontraba inmerso en un vacío legal y tomó hace algo más de un año cartas en el asunto. Ahora, el Gobierno español se plantea aplicarle la misma legislación restrictiva que al tabaco convencional.
La directiva sobre el tabaco aprobada en febrero de 2014 por el Parlamento Europeo no entró a fondo en el asunto y transfirió la papeleta de la decisión definitiva a los estados miembros. La Eurocámara planteó a fabricantes y gobiernos nacionales la disyuntiva entre considerar los cigarrillos electrónicos productos medicinales —una ayuda para dejar de fumar, como los parches de nicotina o los chicles— y con ello someterse a la estricta legislación que rige sobre los productos farmacéuticos —que obligaría a los productores a demostrar científicamente que son realmente útiles para abandonar el tabaquismo— o pasar directamente a tratarlos como al resto de productos del tabaco, aplicándoles las leyes que limitan la venta, publicidad y consumo el espacios públicos y regulan su etiquetado para que el mismo informe de sus peligros para la salud.
La literatura científica sobre la materia es todavía escasa pero no avala en absoluto las tesis de los fabricantes. Ya en 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que no existía ningún estudio que probara su utilidad terapéutica. El estudio Electronic cigarette use among adult population: a cross-sectional study in Barcelona, Spain 2013–2014 (Uso del cigarrillo electrónico entre la población adulta. Un estudio transversal en Barcelona, España 2013-2014) concluyó que un 75% de los usuarios de estos dispositivos seguían fumando tabaco convencional, que un 60% de ellos los usaba con nicotina (aunque se puede no emplear esta sustancia) y que, en general, la mayoría mostraban un bajo nivel de satisfacción con el dispositivo.
Muertes evitables
“No solo no ayudan a dejar de fumar, sino que pueden iniciar a los jóvenes”, advierte Rodrigo Córdoba, delegado del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), organismo que agrupa al movimiento que lucha contra esta adicción en España, donde calcula que el tabaco ha causado la muerte totalmente evitable de unas 600.000 personas en quince años.
En agosto pasado, la OMS se pronunció de forma oficial sobre el cigarrillo electrónico con un informe en el que reclamaba que fuera tratado legalmente como el tabaco convencional. Tras señalar que las conclusiones científicas sobre su eficacia como terapia para abandonar el tabaquismo son “limitadas” y “no permiten extraer conclusiones”, propuso su limitación en espacios públicos “hasta que los fabricantes aporten pruebas científicas fundadas y convincentes” de que el vapor emitido al ambiente no es nocivo también para los fumadores pasivos.
Y, tras recordar que estos dispositivos permiten suministrar al usuario niveles de nicotina muy similares a los de los cigarrillos de papel, los expertos de la OMS denunciaban que, en determinadas marcas, se habían detectado compuestos carcinógenos como el formaldehído. Una alerta que ya había sido lanzada unos años antes por la Food and Drug Administration (FDA, Administración para los Alimentos y Medicinas), el organismo oficial que analiza y legaliza los productos alimenticios y los medicamentos en Estados Unidos, que en 2009 encontró dos sustancias cancerígenas en la composición del líquido de algunos cigarrillos vaporizadores, el propilenglicol y las nitrosaminas.
La OMS insta a restringir su consumo tras hallar sustancias cancerígenas
En Europa, Francia y Bélgica ya han prohibido el uso de estos aparatos en bares, restaurantes y centros de ocio. En España, no se los puede encender ya en edificios públicos, hospitales, centros educativos y transportes públicos, pero sí en los establecimientos de hostelería.
La ANCE, desde la que se admite que “los líquidos que contienen nicotina líquida nunca pueden ser saludables, pero los que no la tienen son inocuos para el organismo” y se mantiene que los dispositivos electrónicos “ni son tabaco ni son medicamentos”, ha reaccionado a todas estas iniciativas considerando que el sector es objeto de una “campaña de desprestigio y desinformación” desde el colectivo médico y las industrias farmacéuticas, en este segundo caso porque han visto amenazados sus intereses en productos sustitutivos del tabaco que son competencia.
Los cigarrillos electrónicos utilizan habitualmente una resistencia alimentada por una batería de pequeño tamaño para calentar y vaporizar una solución líquida que puede contener nicotina u otras sustancias disueltas. Nadie cuestiona que resultan mucho menos perjudiciales para la salud humana que los cigarrillos de papel, pero tampoco nadie ha logrado demostrar que sean tan inofensivos como se intentó vender al consumidor tras su salida al mercado. Lo más sensato parece tomar todas las precauciones posibles. Y desde luego, ante la duda, no exponer a sus efectos a quienes no los quieren utilizar de forma premeditada.