La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, ha acusado este lunes a la Comisión Europea de "mala gestión" por sus retrasos "persistentes" en las decisiones relativas al uso de sustancias químicas peligrosas, lo que supone una "amenaza para la salud humana y el medio ambiente".

De acuerdo a la directiva sobre la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, las empresas que deseen utilizar sustancias químicas consideradas "extremadamente preocupantes" e incluidas en la lista de sustancias sujetas a autorización previa deben solicitar una autorización a la Comisión, que a continuación presenta un proyecto de decisión a un comité de representantes de los Estados miembro que vota sobre la autorización.

Sin embargo, según señala la investigación en curso, "la Comisión tarda una media de 14,5 meses en elaborar proyectos de decisión, aunque el plazo para hacerlo es de tres meses y, en algunos casos, se demora incluso varios años".

"Estos retrasos suponen una amenaza para la salud humana y el medio ambiente, ya que las empresas pueden seguir utilizando durante el proceso de autorización sustancias químicas que pueden ser cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la reproducción o tener propiedades disruptoras endocrinas", agrega el informe de la Defensora del Pueblo, que pide al Ejecutivo comunitario que revise sus procedimientos internos.

En respuesta, la portavoz de la Comisión Johanna Bernsel ha señalado que los cauces que contempla la directiva pueden ser "complejos" y ha excusado que "algunos de los plazos no están bajo el control de la Comisión".

No obstante, ha agregado que Bruselas estudiará "detenidamente" las recomendaciones y ha recordado que dispone ahora de tres meses para preparar un dictamen detallado en respuesta a la Defensora del Pueblo.