El pleno del Parlament aprobó ayer martes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la Comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlament no se aprobó ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados.

En su defensa de la norma, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, advirtió de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son "asumibles y ambiciosos".

Entre las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050.

Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 -coches, motos, furgones y furgonetas-. Los ya existentes en Baleares antes de esa fecha podrán seguir circulando. También introduce cambios para las empresas de alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El conseller de Energía intervino en primer lugar para defender el Proyecto de Ley, resaltando la "necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas", una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, destacó.

En esta línea, el conseller insistió en que la norma "es la hoja de ruta" para "hacer efectivo el cambio de modelo" y que es una Ley "de hechos y no intenciones".

Marc Pons también criticó a quienes se oponen a la Ley "con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético, que tantos beneficios genera".

Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons confió en que tiene "toda la cobertura jurídica" y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal "donde haga falta" y "con todos los argumentos".

La carta remitida este lunes al Parlament por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, centró buena parte del debate. En este escrito, el presidente del organismo avisaba de los "efectos negativos" de la norma que finalmente se ha aprobado este martes, y proponía "medidas menos gravosas".

El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras. Además, Borràs dijo que las enmiendas de PP y Cs convertirían la Ley en un mero "manual de buenas prácticas" y se preguntó "a quién quieren proteger".

Similarmente, el diputado de Podemos Carlos Saura acusó a los diputados del PP de ser "mayordomos de los lobbys" y que "parece que están esperando que los ricos se puedan salvar". El diputado alertó de los riesgos del calentamiento global y lamentó que las enmiendas de la oposición "cuestionan y relativizan su peligro". "Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, por muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley", remachó.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar opinó que la carta de la CNMC "muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias" y supone "una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales". "No podemos y no queremos ir pasito a pasito", zanjó.

Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca Patricia Font defendió la necesidad de "tomar medidas drásticas desde hoy" y "poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos".

"Política de laboratorio"

Desde el PP, la diputada Tania Marí acusó al 'Pacte' de practicar "política de laboratorio" al "hacer experimentos" con la movilidad, y le hizo notar de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure.

Además, dijo que la Ley, que ha describió como "prohibitiva e impositiva", será "pionera en lapidar el mercado europeo común" y por ello el Govern es "más independentista que Puigdemont, porque no sólo reniegan de España sino de Europa".

También pidió a los grupos de izquierda que aprobaran su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así "los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista". "No por correr más llegaremos antes, pero a más velocidad el impacto puede ser mortal", avisó Marí, que cree que la norma es "una ley de gestos para reconciliarse con la izquierda ecologista y tapar la carretera Llucmajor-Campos".

Por parte de Cs, la diputada Olga Ballester defendió un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían "que se dé cumplimiento a los acuerdos de París" respetando "dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa". En concreto, que se permita "la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo" y "que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro".

Desde el PI, Josep Melià lamentó que Baleares sea, a su juicio, "pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos", y destacó que el mismo Govern "reconoce que no son asumibles los objetivos" con el acuerdo sobre Es Murterar. "El horizonte temporal de cierre no es realista", apuntó el diputado, que defendió un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto Montserrat Seijas subrayó que, si bien la ley "es necesaria" y "nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra", "todo está proyectado a un tiempo futuro" sin "afrontar con los recursos actuales el tiempo presente". "Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios", ha razonado.

Entre el público asistente al pleno en el que se aprobó la Ley figuraban el director de energías renovables del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), Joan Groizard -exdirector general de Energía del Govern e impulsor de la Ley-; empresas como Endesa y Red Eléctrica de España; el Laboratorio de Cambio Climático de la Universitat de les Illes Balears y entidades como el Grup Ornitològic Balear, Amics de la Terra, UNEF y Greenpeace, entre otras.