En dos semanas, la Comisión Europea llevará ante la justicia comunitaria al Gobierno español si los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, entre otros, no empiezan a tomar medidas suficientes para combatir sus elevados niveles de contaminación atmosférica. Bruselas abrió un expediente a España en junio de 2015 por el exceso de dióxido de nitrógeno en el aire en ambas ciudades y algunas otras zonas metropolitanas del país.

En febrero de 2017 el ejecutivo comunitario ya envió un ultimátum a los dos municipios antes de llevar el caso a la justicia por su "incumplimiento constante". Madrid incumplía por octavo año consecutivo los niveles máximos que permiten tanto la Unión Europea (UE) como la Organización Mundial de la Salud. La gota que ha parecido colmar el vaso de la paciencia de la UE ha sido la moratoria en la aplicación de las medidas coercitivas de Madrid Central adoptada hace unos días por el nuevo equipo de gobierno municipal madrileño del PP y Ciudadanos, suspendida días después por una juez.

La capital catalana anunció ayer un paquete de medidas urgentes para paliar el problema

Precisamente la puesta en marcha de Madrid Central, entre otras medidas presentadas por el Ejecutivo esapñol, había llevado hace siete meses a la Comisión a darle un margen de tiempo, por entender que las actuaciones "en fase de preparación, podrían abordar adecuadamente las carencias" si se aplicaban "correctamente y en los plazos anunciados". Mientras, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia ya han sido llevados por la Comisión antre el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, por la contaminación atmosférica de sus ciudades.

Pero el nuevo Ayuntamiento de Madrid se ha aprestado a aprobar una moratoria a la aplicación de multas a los coches que entraran en la zona de bajas emisiones. Esta semana, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, remitió una carta a la titular en funciones del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le hacía saber que "continúa el exceso en los niveles de dióxido de nitrógeno que vulnera los valores de la directiva sobre Calidad del Aire" en Madrid y Barcelona y que "las medidas tomadas y anunciadas no han sido suficientes para solventar esas vulneraciones".

Menos carriles y limitación de velocidad

Mientras en Madrid se aborda el desmontaje de la exitosa medida de pacificación del tráfico rodado y reducción de las emisiones en el centro de la urbe puesta en marcha por la anterior administración de Manuela Carmena, en la capital catalana, donde también se aplica un plan de limitación de acceso cuando hay niveles elevados de polución, el recién formado equipo de Gobierno de coalición entre Barcelona en Comú y el PSC-PSOE anunciaba ayer mismo una batería de medidas de urgencia para reducir el tránsito y la contaminación. Lo hizo durante el acto de constitución de una Mesa de Emergencia Climática ante más de 200 entidades ecologistas.

Barcelona, que el 1 de enero de 2020 proclamará la emergencia climática, apuesta por ponérselo cada día más complicado al coche privado. Entre las actuaciones más destacadas presentadas ayer, la eliminación de uno de los carriles de circulación en la calle de Aragó, que atraviesa el centro de un extremo a otro y por el que pasan unos 85.000 vehículos diarios (más que la mayoría de tramos de la autopista AP7). Ahora se convertirá en un carril bus. También se suprimirá un carril en la céntrica calle de Mallorca.

Además, se limitará la velocidad a 30 kilómetros por hora en una lista de transitadas calles del distrito central, como Rocafort, Ausiàs March, Sicília, Comte Borrell, Gran de Gràcia, passeig Joan de Borbó y passeig de Sant Joan. Y se ampliarán las 'super-islas' (grupos de manzanas en cuyo interior se restringe el tráfico) en Sant Antoni i Horta, así como se empezará a trabajar en la creación de otras más en Sant Gervasi - Bonanova y Esquerra y Dreta de l'Eixample.

El aire contaminado causa 800.000 muertes en Europa y acorta 2,2 años la vida

Durante la etapa de Gobierno del PP con Mariano Rajoy al frente, España se convirtió en líder absoluto de la UE en materia de infracciones de las directivas medioambientales comunitarias. Solamente en 2017, se le abrieron 30 procedimientos sancionadores, cuatro más que en 2016 y casi la décima parte (concretamente, el 9,2%) de todos los abiertos al conjunto de los 28 miembros, que fueron 325.

Entre los motivos, saltarse evaluaciones de impacto de proyectos urbanísticos o de infraestructuras, incumplir las normativas de depuración de aguas (en nada menos que 426 ciudades o comarcas) o de vertederos (con 61 identificados que operan ilegalmente), mantener elevados niveles de contaminación del aire en las ciudades, descuidar o relajar la protección de espacios naturales (con una especial amonestación por la “degradación” de Doñana) o permitir la caza indiscriminada de aves cantoras. El breve Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura empezó a revertir esta situación de absoluta dejadez medioambiental.

Según un reciente estudio realizado por investigadores alemanes, la contaminación ambiental causa cada año 800.000 muertes prematuras en Europa, el doble de lo hasta ahora calculaba la Agencia Europa del Medio Ambiente, y acorta la esperanza de vida de los europeos en 2,2 años. Si Bruselas acaba sancionando a Madrid por no tomar medidas, la contaminación nos costará, además de vidas humanas, dinero de nuestros impuestos. Tendremos que pagar por políticas públicas que nos enferman y matan.