El Gobierno de Cantabria ha elevado a nivel 2 el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATERCANT) para poder solicitar la intervención del Gobierno central en alta mar, que "es la administración competente", y evitar así la llegada masiva de pellets a la costa cántabra.
La Consejería de Presidencia y Seguridad, a propuesta de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha adoptado esta decisión como medida de prevención y para garantizar una actuación "más coordinada y eficaz" con todos los organismos e instituciones implicadas, ha indicado el Ejecutivo regional en un comunicado.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, ha trasladado a Buruaga que el Ministerio para la Transición Ecológica está a "total disposición" del Gobierno de Cantabria para aportar medios del Estado y colaborar en el dispositivo de recogida y gestión de pellets que coordina la Administración autonómica.
En su comunicado, el Gobierno cántabro ha lamentado la "falta de reacción" por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, transcurrido más de un mes desde que se produjo el vertido en aguas portuguesas, y ha advertido que los esfuerzos de limpieza en tierra "serán estériles" si no se actúa antes en el medio acuático.
"Si los pellets llegan a la costa es porque nadie los ha interceptado en el mar, donde la intervención es competencia exclusiva de la administración central", ha señalado el Ejecutivo, que ayer activó la fase de preemergencia del PLATERCANT ante el avance por Galicia y Asturias del vertido de pellets.
Un plan de acción para realizar las labores de examen y limpieza
Se creó, además, un grupo técnico formado por la Direcciones Generales de Seguridad Ciudadana, de Medio Ambiente, de Biodiversidad y de Pesca del Gobierno de Cantabria, Capitanía Marítima, Salvamento Marítimo, Puerto de Santander, Guardia Civil, Cruz Roja y Demarcación de Costas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por otro lado, personal del Servicio de Vigilancia Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente inspecciona desde ayer los arenales para comprobar sobre el terreno la evolución de la situación. En estos momentos, se confirma la llegada de microplásticos, "muy diseminados", a algunos puntos de la costa cántabra y se trabaja para constatar los avisos recibidos en el 112 en el día de hoy.
Del mismo modo, el Ejecutivo ha trazado un plan de acción para realizar las labores de examen y limpieza de los arenales, que se llevarán a cabo con personal de la empresa pública Tragsa.
Tras la llegada de las primeras partículas del vertido a la costa cántabra, el Gobierno de Cantabria mantiene en alerta a los Servicios de Vigilancia Ambiental y de Control Pesquero.
Además, ha dado aviso a todos los ayuntamientos costeros y ha trasladado instrucciones al Servicio de Industria de Calidad Agroalimentaria para la adopción de medidas de control en la cadena alimentaria.
Disposición del Ministerio
Por su parte, desde la Delegación del Gobierno en Cantabria se ha trasladado la disposición del Ministerio para la Transición Ecológica para aportar medios y colaborar en el dispositivo de recogida y gestión de pellets que coordina la Administración autonómica.
Según ha informado en un comunicado, Gómez de Diego, que previamente ya ha estado en contacto con responsables del Ministerio y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, ha trasladado a Buruaga que "el Gobierno de España está a disposición de Cantabria para integrarse y colaborar con recursos humanos y técnicos si así lo requiere el Gobierno regional, al igual que ha hecho con la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias".
De este modo, si el Gobierno de Cantabria lo requiere, se podrían incorporar medios del Ministerio para la Transición Ecológica al dispositivo de retirada y gestión de residuos que coordina la Comunidad Autónoma con el fin de evitar su dispersión en el medio natural.
La actuación ante vertidos que llegan a las costas está regulada por el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina, que recoge cuatro niveles de alerta. Son los gobiernos autonómicos quienes deciden, en base a sus competencias, si se pasa de una fase a otra.