En Cataluña, el exceso de nitratos generado por la concentración de granjas porcinas industriales ─más de 6.000 que albergan a seis millones de cerdos─ provoca la contaminación del 41% de las aguas subterráneas. Para hacer frente a la problemática, que se lleva arrastrando desde hace años, el Síndic de Greuges (cargo catalán equivalente al de Defensor del Pueblo), Rafael Ribó, ha presentado el Informe monográfico sobre la contaminación provocada por purines en Cataluña, que ha entregado al Parlament.
Ribó reclama más "control y rigor" sobre la gestión de los purines en Cataluña y propone estudiar una reducción del número de cerdos por cabaña ─como han hecho países como Alemania─, así como una moratoria de autorizaciones para nuevas granjas del sector porcino y un tributo para que la industria colabore en depurar los residuos que genera su actividad.
Ha pedido que se creen subvenciones con el objetivo de que en dos años se utilicen en más de la mitad de las explotaciones sistemas de depuración y plantas de compostaje ─propios, alquilados o cooperativos─, ante el hecho de que estos mecanismos no superan el 30% de presencia en las granjas, ha añadido el director de Consumo y Territorio de la institución, Francesc Vendrell.
El informe concluye con la necesidad de priorizar en las políticas una problemática que, 10 años después de la investigación que ya realizó sobre esta temática en 2006, "todavía no está resuelta", por lo que ha pedido que se recuperen inmediatamente los acuíferos contaminados y que se redacte un Plan director urbanístico de ordenación de las explotaciones ganaderas.
Doblaje de hectáreas
Ribó ha recomendado que, ante la importancia del sector porcino en el PIB catalán ─que representa el 3,6%─, se impulse una mesa sectorial integrada por las consellerias de Economía, Agricultura y Territorio, con el objetivo de analizar anualmente los datos del sector respecto a la necesidad de reducir la cabaña porcina en las granjas, como medida para reducir los purines. Asimismo, ha alertado de que hay una falta de control, por ejemplo con la práctica "generalizada" conocida como el doblaje de hectáreas, que consiste en repetir un vertido de purines en un mismo terreno, ya sea por falta de abordaje o por consentimiento de la Administración.
En Cataluña hay un territorio de dimensiones importantes "en el que las fuentes no son potables", ha lamentado, y ha señalado que el Estatut establece el derecho de los ciudadanos a la protección ante la contaminación, así como que las políticas medioambientales tienen que reducir la contaminación.
Ha propuesto que la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) investigue cuánto costaría la depuración de los residuos, y que fije uno o más tributos para que sea la industria ganadera la que se haga cargo del gasto de la depuración de los residuos que se generan con esta actividad. Se ha basado en un informe elaborado por el ACA el pasado mes de marzo, que revelaba que el 69,3% de los municipios presentan excedentes de nitrógeno de origen agrario y, de estos, el 47,9% tenían excedentes de más de 10 toneladas anuales.