Relatores especiales de Naciones Unidas han pedido este martes al Gobierno japonés que posponga el vertido al océano del agua contaminada de la central nuclear de Fukushima hasta que pase la pandemia de coronavirus para que se puedan realizar las consultas internacionales pertinentes.

"Estamos profundamente preocupados por las informaciones de que el Gobierno de Japón ha acelerado el calendario para liberar al océano el agua radioactiva sin tiempo o sin que haya oportunidad de hacer consultas significativas", han dicho los expertos de la ONU.

La consulta pública sobre este vertido tóxico estaba prevista para después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero "fuentes creíbles" indican que el Ejecutivo de Shinzo Abe pretende adelantarla tras el aplazamiento del evento deportivo al próximo año.

Espacio disponible para nuevos tanques de almacenamiento

 

Los firmantes -Baskut Tuncak relator para el medio ambiente y la gestión de residuos peligrosos; Clément Nyaletsossi Voule, para los derechos de asociación y asamblea pacífica; Michael Fakhri, para la alimentación; y José Francisco Calí Tzay, para pueblos indígenas- han argumentado que "no hay necesidad de tomar decisiones apresuradas porque hay espacio disponible para nuevos tanques de almacenamiento" del agua contaminada.

Los cuatro expertos han considerado que las limitaciones derivadas de la pandemia impiden realizar la consulta pública en las condiciones adecuadas, dificultando que "todas las comunidades afectadas en Japón, así como en los países vecinos, incluidos los pueblos indígenas", puedan participar.

Profundas implicaciones durante generaciones

 

"La COVID-19 no puede ser utilizada como un juego de manos para distraer la atención de decisiones que tendrán profundas implicaciones para las personas y para el planeta durante generaciones", han defendido.

Así, han advertido de que dicho vertido tendrá "un gran impacto en el medio de vida de los pescadores locales de Japón, pero también en los Derechos Humanos de la gente y las comunidades que viven fuera de Japón".

"Instamos al Gobierno japonés a dar el espacio adecuado y una oportunidad a las consultas sobre la eliminación de residuos nucleares que afectarán a las personas y las comunidades de fuera y dentro de Japón", han reclamado.

Además, han hecho un llamamiento específico a "respetar el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada para dar su consentimiento y el derecho a la asociación y a la asamblea pacífica para tal consentimiento".

Los expertos de la ONU han trasladado sus preocupaciones al Gabinete japonés, a quien ya han comunicado anteriormente su preocupación por "la creciente exposición a los niveles de radiación considerados inaceptables" y por "la contratación de trabajadores vulnerables para la limpieza de los escombros y residuos del desastre nuclear".

La central de Fukushima sufrió un accidente el 11 de marzo de 2011 por el terremoto y el posterior tsunami que azotaron la prefectura ese día. Está considerado el mayor desastre nuclear de la historia junto con el de Chernóbil.