La piscina humeante de gas metano en el mar Báltico, fruto de un supuesto sabotaje en los gasoductos Nord Stream, amenaza con desencadenar un desastre medioambiental, como han comenzado a advertir ya expertos científicos y organizaciones ecologistas.
El metano está considerado como un emisor clave de gases de efecto invernadero, por lo que la comunidad científica se esfuerza por hacer algún tipo de previsión sobre los efectos de la triple fuga en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Ambas tuberías contienen gas a presión, pese a no estar actualmente en funcionamiento.
El científico David McCabe, experto de la organización Clean Air Task, advierte de que, a 20 años vista, "una tonelada de metano tiene un impacto climático que es más de 80 veces superior que el dióxido de carbono", lo que hace que la fuga actual sea "muy preocupante", según la agencia Bloomberg.
Infraestructura del gas en Europa / Imagen: EP
Las emisiones de dos millones de coches
El director de estrategia energética en el Environmental Defense Fund, Andrew Baxter, ha estimado que ya se han emitido a la atmósfera unas 115.000 toneladas de metano, lo que equivale a 9,6 millones de toneladas de CO2 o a las emisiones de dos millones de coches de gasolina durante todo un año.
La ONG Greenpeace ha elevado esta estimación y la equipara ya a 30 millones de toneladas de dióxido de carbono, si bien el hecho de que las fugas sean submarinas y no al aire libre complica la elaboración de este tipo de estimaciones. En lo que sí coinciden todos los expertos es en su gravedad.
La mayor fuga de metano conocida hasta la fecha se produjo en el cañón de Aliso, en Los Angeles (Estados Unidos), y supuso en 2015 el escape a la atmósfera de unas 97.100 toneladas de metano, repartidas durante varios meses. En el caso del Nord Stream, habría sido en sólo unas horas.
El Ministerio de Medio Ambiente alemán, no obstante, ha afirmado que el escape no supone una amenaza significativa para la vida marina de la zona, ya que el mayor riesgo climático está en la atmósfera. Aun así, autoridades de Alemania, Dinamarca y Suecia intercambian información para determinar los posibles efectos.
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