Pero la escombrera salina de Sallent tiene otras consecuencias más graves. En realidad es una verdadera bomba de relojería que amenaza el agua potable de buena parte del área metropolitana de Barcelona, en la que viven más de tres millones de personas. Las filtraciones de sal en el subsuelo están contaminando el Llobregat, uno de los mayores ríos catalanes y principal suministrador de la red de agua urbana.
La empresa Iberpotash, concesionaria de la mina, no ha cumplido ningún fallo judicial
El caso se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado, que investiga por qué no se están cumpliendo las diferentes sentencias judiciales que obligan a la empresa Iberpotash –la concesionaria de la mina, subsidiaria de Dead Sea Works, de capital israelí– a gestionar sus residuos de la misma forma que lo hacen el resto de industrias sean del sector que sean.
Y también investiga por qué la Generalitat de Catalunya redujo a la mitad la fianza de 6,9 millones de euros que le impuso a la empresa tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le obligaba a tratar de forma correcta los residuos que genera.
Pero las alarmas se han encendido también en Bruselas. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción desde la Dirección General de Medio Ambiente por “los reiterados incumplimientos de la normativa ambiental comunitaria en relación con la actividad extractiva de Iberpotash en Sallent”. Unos incumplimientos que habrían sido imposibles sin la “connivencia” de la Generalitat, según asegura el escrito de denuncia enviado a Europa.
Y aún existe un tercer frente abierto ya que, desde hace dos años, el Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa mantiene abierto un proceso contra tres altos directivos de Iberpotash por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, abierto a raíz de una querella de la Fiscalía de Barcelona.
Cinco sentencias condenatorias
Detrás de esta actividad judicial se encuentra la incansable actividad de asociaciones vecinales, entidades ecologistas y, también, un ilustre vecino de Sallent: Sebastià Estradé; que a sus 91 años pero la mente más lúcida que nunca, es doctor en Derecho, diplomado en Ingeniería Industrial, ex profesor de Física Nuclear, ex secretario de la Cátedra Especial de Tecnologías del Espacio de la Universidad de Barcelona y presidente de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Colegio de Abogados de Barcelona, además de autor de una treintena de obras de divulgación científica, narrativa breve, ciencia ficción y divulgación ambiental.
Estradé es el responsable de las dos condenas de Iberpotash y la Generalitat por el TSJC en 2011 y 2013 –existe, además, un tercer fallo del mismo tribunal de octubre de 2013, a raíz de una demanda interpuesta por la asociación de vecinos Sant Antoni del barrio de La Rampinya de Sallent–. En total ya son cinco las sentencias condenatorias contra Iberpotash, consecuencia de denuncias de distintos demandantes, sin que hasta el momento hayan servido para remover ni un ápice de la enorme montaña de sal.
La escombrera salina se incrementa cada año en 1,3 millones de toneladas
Por su parte, la plataforma Aigua és Vida ha pedido a todos los ayuntamientos de la cuenca del Llobregat que lleven a cabo y publiquen análisis de la calidad de sus aguas y han denunciado la “desidia” de las administraciones encargadas de velar por la calidad del agua de boca del área metropolitana.
La impune dejadez de Iberpotash no solo amenaza la posibilidad de que los barceloneses puedan seguir bebiendo agua del grifo. Se calcula que la colosal montaña de residuos salinos pesa 55 millones de toneladas y ocupa casi medio millón de metros cuadrados. Y cada año se incrementa en 1,3 millones de toneladas más.
Según un informe del gabinete del prestigioso ambientólogo Ramon Folch, su limpieza podría llegar a costar hasta 72 millones de euros; 10 veces más que la fianza impuesta por la administración catalana a la corporación minera, y 20 veces si se considera la cifra que finalmente pagó esta.
Pero el no tratamiento de estos residuos aún saldrá más caro. La Agència Catalana de l'Aigua calculó que el gasto público en depuradoras, desaladoras y otro tipo de instalaciones específicas para mejorar la calidad del agua sufragadas por ayuntamientos y otras instituciones ya supera los 300 millones.
Para la empresa, la escombrera no acumula un “residuo”. Desde su punto de vista se trata de “un depósito salino a la expectativa futura de explotación para el aprovechamiento de la sal sódica”. Una definición que no ha aceptado ninguna de las sentencias judiciales emitidas sobre el caso y que, en todo caso, mientras no llega ese futuro aprovechamiento, sigue contaminando peligrosamente los acuíferos del Llobregat.