Las organizaciones Transport & Environment, Ecodes y Fundación Renovables han enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un documento en el que le exponen los criterios mínimos y homogéneos que deberían tener las zonas de bajas emisiones con que deberán contar los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023.

Las tres organizaciones señalan que para asegurar que se cumple este objetivo de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica que entró en vigor a finales de mayo, las zonas de bajas emisiones sirven "eficazmente" como herramienta clave para reducir las emisiones -incluidas las de CO2- y de la contaminación atmosférica provocada por el transporte y la movilidad en las ciudades.

En concreto, el documento remitido al Gobierno y a la FEMP plantea un conjunto de medidas sobre transporte de mercancías de última milla; servicios públicos de transporte, incluidas las empresas de movilidad compartida; la infraestructura de recarga eléctrica; la regulación con criterios ambientales del aparcamiento en superficie de los vehículos privados que puedan acceder a las ZBE; otras medidas de regeneración urbana relativas al fomento de la movilidad activa (peatonalización, red de infraestructura ciclista, zonas verdes, etc.), y sobre mecanismos de control del cumplimiento de los criterios de acceso establecidos.

En este contexto, señalan que "resulta necesario definir criterios homogéneos, al menos unos mínimos, para su correcta implementación". "No podemos tener un mosaico de estas zonas ni unas que no sirvan para nada, sólo como simples parches para cumplir con la Ley", añaden en un comunicado.

 

Impedir el efecto frontera

 

Además, insisten al Gobierno en que debe aprobar una regulación para estas zonas que garantice un "alto nivel de ambición" y en ese sentido ven "imprescindible" que su implantación de asegure con criterios homogéneos que contribuyan a la reducción de emisiones incluidas las de CO2 y que sean "lo suficientemente grandes como para impedir el efecto frontera".

En su Propuesta de mínimos para la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones recuerdan que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), fija el objetivo de reducir 27 millones de toneladas de CO2 en el sector del transporte-movilidad de aquí al 2030 y que el artículo 14 de la Ley de cambio Climático establece la obligatoriedad de su implementación en los municipios de más de 50.000 habitantes antes de 2023 (un total de 149, según datos de 2020 del INE, que suman el 53,1% de la población total de España).

En este ámbito, piden que las zonas de bajas emisiones tengan un "tamaño suficiente" para que haya un trasvase desde la movilidad más contaminante hacia otros modos más sostenibles (ya sean vehículos cero emisiones, transporte público u otras formas de movilidad), no un efecto rebote que simplemente relocalice y traslade las emisiones a otra zona de la ciudad.

 

Unificar criterios sobre la tipología de vehículos

 

Por ello, insisten en que deberán estar definidas con el objetivo de disminuir emisiones en toda la ciudad, y no solamente en la zona afectada, abriendo el camino hacia unas áreas de cero emisiones.

Asimismo, aconsejan unificar criterios sobre la tipología de vehículos que pueden acceder a estas zonas y apuestan por que solo se permita el acceso a vehículos particulares, públicos y comerciales que sean cero emisiones o de bajas emisiones -que no superen los 95 g CO2/Km (WLTP). Para ello, resulta necesario incorporar un umbral de emisiones de CO2 en el sistema de distintivos ambientales de los vehículos (las conocidas como "etiquetas de la DGT").