“¿Qué quieren, convertir nuestras aguas en una especie de Golfo de Maracaibo?”, dijo recientemente la consejera de Medio Ambiente del Consejo Insular de Ibiza, Josepa Costa. La consejera no milita en ninguna formación verde o progresista: lo hace en el Partido Popular, que gobierna con una cómoda mayoría absoluta en prácticamente todas las instituciones autonómicas y municipales de Baleares, a excepción del Consejo Insular de la pequeña Formentera.

Esto no ha impedido al consejo ibicenco ponerse a la cabeza de las protestas políticas y sociales contra las prospecciones petrolíferas que las multinacionales Cairn Energy y Spectrum Geo Limited tienen previsto iniciar en una inmensa zona marítima de más de 100.000 kilómetros cuadrados que prácticamente rodea todo el archipiélago. Prospecciones autorizadas por el ministerio de Industria de un Gobierno español bajo control –también con mayoría absoluta– del mismo Partido Popular. Una situación que recuerda a la que se está viviendo paralelamente en Canarias.

El plan afecta a una gran zona marítima de más de 100.000 kilómetros cuadrados

“Nosotros ya tenemos nuestro petróleo, que son el turismo y la protección del medio ambiente, y este petróleo nuestro lo defenderemos donde sea”, declaró el propio presidente balear, José Ramón Bauzá, en un acto que reunió a las principales autoridades autonómicas para firmar simbólicamente y ante las cámaras de televisión las alegaciones contra los sondeos.

Los colectivos ecologistas y de izquierdas, todas las formaciones políticas y también patronales y sindicatos se han agrupado en una plataforma denominada Aliança Mar Blava (Alianza Mar Azul) para defender el actual modelo económico y ambiental balear. De momento ya han organizado varias manifestaciones masivas y han recogido más de 20.000 firmas. La imagen del venezolano golfo de Maracaibo, repleto de pozos petrolíferos, con sus humos y aguas teñidas de negro, espolea las movilizaciones.

El principal motor económico de las Baleares es el turismo, un sector que representa por sí solo prácticamente el 20% del PIB del archipiélago y que es la principal fuente de creación de empleo. Y es en este sentido que hay que entender el rechazo absoluto que han generado las prospecciones petrolíferas, poniendo en el mismo bando a sectores, como hoteleros y ecologistas, tradicionalmente enfrentados.

Un proyecto enorme

Los primeros permisos para buscar gas y petróleo submarinos se remontan a 2010, en el estrecho que separa Ibiza de la costa valenciana. Entonces el proyecto pasó mucho más desapercibido y las movilizaciones se circunscribieron a las Pitiusas. De hecho, mostró mucho más interés en el tema el gobierno valenciano que argumentaba que se ponían en peligro la Albufera y el turismo en la zona del golfo de Valencia.

La proximidad de las posibles extracciones al parque natural de las islas Columbretes –bajo administración valenciana– promovió la creación en Castellón de la plataforma Petroli no, Columbretes netes (Petróleo no, Columbretes limpias), aunque con una incidencia menor que su entidad hermana balear.

Pero la multiplicación de peticiones de sondeos en el oeste de Mallorca y norte de Menorca, algunas a tan sólo 40 kilómetros de la costa, en una extensa área que prácticamente rodea el archipiélago, ha obligado a dar un giro brusco a la relativa despreocupación inicial. Y, con las nuevas ubicaciones, ha surgido una plataforma similar en Cataluña bajo el nombre de Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana (Detengamos las prospecciones en la costa catalana).

Los pozos baleares aportarían hasta un 10% del petróleo consumido en España

Si al principio el mensaje oficial era de que no cabía alarmarse ante unos simples sondeos, ahora ha calado la idea de que, si no se quiere el petróleo, no es necesario ni tan siquiera saber si existe. Además, las cofradías de pescadores alegan que las propias pruebas sísmicas preceptivas ya suponen un peligro para la fauna marina. Naturalistas y biólogos recuerdan que, además, puede verse afectado el hábitat de la posidonia, el ser vivo más viejo del planeta, endémico de las aguas mediterráneas.

El argumento mayoritario contra las prospecciones es la defensa del actual modelo económico balear y una apuesta por el medio ambiente muy centrada en la preservación paisajística, ya que el desarrollo turístico choca a menudo con las reivindicaciones ecologistas. Un argumento débil ante la posición oficial del ministerio de Industria, que alega que de hacerse realidad las previsiones de las empresas extractivas, los pozos baleares aportarían hasta un 10% del petróleo que se consume en España, un país que cubre el 99,82% de la demanda de este hidrocarburo mediante importaciones.

Pero esto no ha impedido a otros colectivos aprovechar la ocasión para reivindicar un cambio de modelo energético que haga compatible un desarrollo económico con la idea casi romántica de dejar el petróleo en el subsuelo.

Por ejemplo, Greenpeace ha elaborado un detallado estudio en el que ofrece alternativas de ahorro energético que permitirían reducir la dependencia de los hidrocarburos importados. Sólo con una medida tan limitada como la aplicación de los estándares europeos de eficiencia energética en automóviles, limitando sus emisiones a los 80 gramos de dióxido de carbono por kilómetro, se lograría una reducción de hasta un 8% del crudo consumido para 2030.