Teitiota, de 37 años, cuyo visado para permanecer en el país ha caducado y que hace frente a una posible deportación, es habitante de Kiribati, un archipiélago del Pacífico de unos 100.000 habitantes cuya elevación media sobre el mar no supera los dos metros y que se está convirtiendo en uno de los lugares más amenazados del mundo por el aumento del nivel de las aguas que está provocando el calentamiento global.
Teitiota ha reiterado sus argumentos al apelar ante el Tribunal Supremo neozelandés la decisión de este año de las autoridades de inmigración de denegar su solicitud de asilo porque su demanda no cumplía con los requisitos establecidos internacionalmente para definir el estatuto de refugiado, que sólo lo conceden a quien demuestre que puede ser perseguido en su país por razones políticas, religiosas, sexuales o de otra índole o que sufre fundadas amenazas para su vida.
El demandante es de Kiribati, un país que está siendo inundado por el mar
"La Convención sobre los Refugiados, que entró en vigor a finales de la Segunda Guerra Mundial, se debe cambiar para extenderla a las personas que huyen de la catástrofe climática, y lo que le pasará a Kiribati en los próximos 30 años será una catástrofe", aseguró el experto en derechos humanos Michael Kitt, abogado de Teitiota, a Radio Nueva Zelanda.
"Si bien las condiciones de Kiribati son difíciles, hay pocas posibilidades de que los argumentos de sus habitantes puedan contemplarse en el ámbito de la convención de refugiados o la convención de los derechos humanos de la ONU", opina Jane McAdam, experta en derecho de los refugiados de la universidad australiana de Nueva Gales del Sur. Las autoridades de Nueva Zelanda arguyen que Teitiota no sufrirá ningún peligro en su país de origen distinto al resto de los habitantes del mismo.
Australia y Nueva Zelanda son los países a los que tratarán de emigrar en masa la mayor parte de los habitantes de las islas y atolones del Pacífico que anegarán en los próximos decenios las aguas. El presidente del Consejo para los Refugiados australiano, Phil Glendenning, ya ha advertido a su Gobierno de que debe prepararse para crear una nueva categoría en sus leyes de inmigración para acoger a estas víctimas del efecto invernadero.
Además de cubrir cada vez más extensiones del territorio de Kiribati, el agua del mar se filtra progresivamente en el escaso terreno fértil del archipiélago y está destruyendo los cultivos y salinizando los contados acuíferos. “El agua potable es un derecho humano básico, y las autoridades de Kiribati no son capaces de garantizarlo porque el problema ya está fuera de su control”, advierte Kitt.
Emigración en masa
El demandante de asilo llegó a Nueva Zelanda en 2007 y tiene tres hijos nacidos allí, y asegura que si él y su familia se ven obligados a regresar a Kiribati sufrirán graves riesgos debido a que su lugar de residencia puede ser cubierto por las aguas en pocos años. “No hay futuro para nosotros si volvemos”, afirma. El Tribunal Supremo debería decidir esta semana si admite el recurso, y se espera que se pronuncie sobre su contenido antes de final de mes.
Kiribati, que formaba parte de la antigua colonia británica de las islas Gilbert y Ellice (éstas últimas integran hoy el estado de Tuvalu), alcanzó la independencia en 1979, consta de 33 atolones coralinos y una isla volcánica que se extienden sobre 3,5 millones de kilómetros cuadrados del Pacífico central y donde viven 103.000 personas. Ocupa el puesto 121 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU pero el 179 por su PIB.
Su presidente, Anote Tong, ha proclamado que su pueblo debe irse preparando para marcharse en el marco de una política que define como de “emigración con dignidad”. Recientemente, anunció que su Gobierno había adquirido 3.000 hectáreas de tierras de cultivo en Fiji para proveer de comida a su país y como inversión, aunque niega que tenga intención por el momento de trasladar a ciudadanos kiribatianos a vivir allí.
En el mundo hay 50 millones de desplazados por motivos ambientales
Tong lleva años clamando en los foros internacionales para solicitar el reconocimiento de la situación y ayuda para Kiribati. A pesar de los esfuerzos de sus habitantes para frenar el avance del mar, construyendo muros de contención y protegiendo las reservas de agua dulce, advierte de que “para sobrevivir, nuestra gente tendrá que emigrar. Podemos esperar demasiado tiempo y tener que hacerlo en masa, o podemos empezar a prepararnos desde ahora”.
Unos cincuenta 50 de personas han tenido que abandonar sus lugares de origen para huir de catástrofes ambientales, provocadas en muy buena medida por la actividad humana, sea de forma directa o indirecta. Según datos del Consejo Noruego para los Refugiados, estas causas forzaron el desplazamiento de unos 32,4 millones de personas durante el año pasado, casi el doble que en 2011. El 98% procedían de países en vías de desarrollo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, los “emigrantes medioambientales son personas o grupos de personas que, por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a su vida o sus condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanentemente, y migran dentro de su país o hacia el extranjero.
Pero estas personas no son consideradas refugiados, figura legal definida por la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 y por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, y por ello el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no los cataloga como tales ni les reconoce los derechos inherentes. Cada vez más voces claman para que la legislación internacional abra los ojos ante su dramática situación. Ioane Teitiota ha abierto un nuevo frente en esta lucha.
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